El Pliego

Usufructo genera aversión

Fuertes críticas y señalamientos han surgido de diversos sectores que exigen que sea declarado lesivo el contrato de usufructo que firmó la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) con Transporte de Contenedores de Barcelona (TCB), debido al secretismo y porque consideran que se violaron varias leyes.

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POR SERGIO MORALES, JESSICA GRAMAJO Y MANUEL HERNÁNDEZ

Durante una citación de la bancada Libertad Democrática Renovada (Líder), a la que asistieron miembros del sindicato de la EPQ, de la Cámara de Comercio y de la Contraloría General de Cuentas, el diputado Édgar Ajcip afirmó que el usufructo es un negocio oscuro para privatizar el puerto, y que existe un plan estructurado.

El contrato de usufructo por 25 años entre la EPQ y TCB se firmó el 11 de julio, mientras la empresa Transporte de Contenedores Quetzal, subsidiaria de la firma española, se constituyó el 14 mayo, y dos días después asumió como representante el español Francisco Javier Soucheron Marcet. Todo, con la notaria Yaravi Morales de León Regil.

El presidente de la Comisión de Transparencia del Congreso, Amílcar Pop, dijo que en la portuaria se evade la transparencia, y que el proceso debió hacerse mediante licitación pública.

“Con el usufructo se evadieron los pasos establecidos en la ley. Eso es grave porque se prioriza el clientelismo y la corrupción”, enfatizó Pop.

Alejandro Balsells, presidente del Centro para la Defensa de la Constitución, señaló que un interventor tiene facultades, pero solo para administrar una entidad a fin de garantizar su funcionamiento.

“Alguien que tenga una administración limitada no puede dar arrendamientos por más de tres años; son criterios del Código Civil. Cualquier abogado sabe que un interventor no tiene ese tipo de facultad”, explicó Balsells.

Además exigió que “se declare lesivo el contrato y que se deduzcan responsabilidades legales”.

temen algo oculto

Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, afirmó que, debido a las implicaciones que tiene Puerto Quetzal, el proceso debió haberse ventilado más.

“El presidente dice que es una buena decisión, pero la verdad es que al hacerlo de esa manera genera molestias y dudas. El Gobierno debería poner toda la información al público. No hay que hacer cosas buenas que parezcan malas”, sentenció.

Carlos Vega, analista de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales, considera que el proceso debió haberse subido al portal Guatecompras. “De que tenían obligación, la tenían. ¿Por qué no lo hicieron?, ahora que lo expliquen”, afirmó.

Vega también reprochó el secretismo. “Causa suspicacia la forma en que se manejó esto. Es criticable, sobre todo porque el Gobierno ha manifestado que tiene interés por la transparencia”, expuso Vega.

Aníbal Martínez, del área económica

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