El estudio del impacto económico

El estudio del impacto económico de las leyes solo se circunscribía a la legislación económica explícita (como por ejemplo la legislación anti monopolios) pero no se había reparado en que las instituciones de Derecho Común, como por ejemplo los contratos, la propiedad o las sociedades, también tenían definitiva importancia en la asignación de los recursos y la eficiencia económica, ya que la ley de cualquier naturaleza, realmente afecta el comportamiento de los individuos y la eficiencia económica en la asignación de los recursos.

El AED positivo es fundamental y esencialmente un estudio consecuencialista de la ley, esto es que su afán analítico se concentra en el impacto que provoca la ley en los comportamientos efectivos de los individuos.

En este sentido, el AED se diferencia sustancialmente del enfoque jurídico tradicional. En efecto, tradicionalmente el jurista se avoca a estudiar los efectos que producen las conductas de las personas cuando estas conductas tienen relevancia jurídica, es decir, el jurista estudia los efectos de los hechos jurídicos una vez que estos hechos se han producido. En cambio, el analista económico del Derecho trata de descubrir, y en su caso predecir, porqué los individuos realizan o no actos jurídicos.

En el caso de los hechos jurídicos voluntarios y específicamente, en el caso de los contratos, el jurista tradicional observará los efectos de los contratos una vez que estos se han realizado y en cambio, el analista económico del Derecho, observará como la ley influye en la decisión de contratar o no contratar que un individuo pueda decidir. Para el jurista carece de todo interés una situación en la que no hay contrato (no hay efecto jurídico alguno), pero al analista económico le será relevante estudiar, si la decisión de no contratar, es efecto o consecuencia de la ley. Por ejemplo escapa al objeto de estudio del jurista el que un empresario no contrate a un trabajador, lo que si será de interés del analista económico, en cuanto a que esa decisión de no contratar, pueda atribuirlo a la ley laboral.

Desde el punto de vista del AED, el ordenamiento jurídico es un parámetro relevante que los individuos consideran al momento de tomar sus decisiones, en la medida que la ley supone un incentivo o desincentivo para la realización de ciertos actos.

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