El informe del Instituto Internacional de la Prensa (IPI) de la misión de la libertad de prensa

IPI/IFEX) - VIENA, 23 de octubre de 2012 - El Instituto Internacional de la Prensa (IPI, por sus siglas en inglés) publicó hoy el informe final sobre la misión de libertad de prensa llevada a cabo del 7 al 11 de mayo de 2012 en Ecuador, en el cual se asevera que los medios de comunicación privados de la nación están siendo blanco de ataques por parte del gobierno del presidente Rafael Correa.

El informe, de aproximadamente 30 páginas, enumera diversas tácticas usadas por el gobierno de Correa contra los medios de comunicación privados, entre las que se encuentran la elaboración de proyectos legales diseñados para debilitar a los medios de comunicación independientes y el uso sistemático de un discurso

ofensivo —difundido públicamente a través de los medios de comunicación del Gobierno— para empañar la reputación de periodistas críticos, editores y grupos que trabajan por la libertad de prensa.

“Ecuador está en medio de una crisis de libertad de prensa”, informó el subdirector del IPI, Anthony Mills, quien encabezó la misión de una semana. “El Gobierno de Correa ha promovido un ataque público desde varios frentes contra los medios privados. Sin embargo, es el pueblo ecuatoriano quien está pagando el precio, ya que su derecho a recibir información independiente está siendo amenazado”.

Las tensiones entre unos medios de comunicación fuertemente polarizados y el gobierno de Correa, quien se autodenomina revolucionario, nunca antes habían sido mayores. Llegando a Ecuador dos meses y medio después de que Correa consiguiera —y posteriormente no aplicara— una multa multimillonaria contra los

editores del periódico El Universo y los autores del libro El Gran Hermano los delegados del IPI encontraron que la batalla del Gobierno contra los medios de comunicación se ha radicalizado y hecho cada vez más visible. El conflicto incluso estaba presente en las calles de Quito, donde había grafitis que catalogaban a tres medios de comunicación privados como “armas de destrucción masiva”, entre otros calificativos negativos.

Más específicamente, el reporte critica dos leyes aprobadas recientemente: la llamada “Ley Antimonopolio” y las reformas a ley electoral. La primera parece restringir la capacidad de los medios independientes de incrementar su capital, mientras las reformas limitan de informar debidamente a los votantes. Asimismo, hay otros dos proyectos de ley actualmente bajo consideración que podrían restringir el periodismo crítico de investigación: una nueva ley de comunicaciones y las reformas al Código Penal.

Otros aspectos preocupantes que se destacan en el informe incluyen el frecuente abuso de las “cadenas” — discursos presidenciales que las estaciones de radio y televisión deben transmitir y que son frecuentemente utilizadas por el Gobierno para silenciar o distorsionar la crítica-; el hecho de que el Gobierno controle los

medios de comunicación incautados que había prometido vender; la falta de voluntad de diálogo por parte de los medios —privados y públicos— y el Gobierno; y la palpable sensación de miedo y resignación entre los periodistas y en las salas de redacción, situación que ya está generando autocensura.

“Un rol esencial del periodismo es cuestionar el poder

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