¿Es válida la intervención del Estado en la regulación de la vida interna de los partidos políticos?

¿Es válida la intervención del Estado en la regulación de la vida interna de los partidos políticos?

¿Hasta qué punto el Estado debe regular a los partidos políticos?

¿Puede existir una democracia con partidos políticos que internamente no sean democráticos?

Se tiene que comprender que las leyes actuales, más allá de ser el reflejo de acuerdos políticos previos, son el resultado de la búsqueda y el impulso de un cambio, teniendo como precedente un pasado repleto de abusos, tanto de los partidos como de las autoridades sancionadoras y administrativas. Se pretende instaurar la democracia al interior de los partidos en contraposición al autoritarismo que dentro de ellos se mantuvo durante gran parte del siglo pasado.

Basta con recordar la tan famosa disciplina partidaria del Partido de la Revolución Institucional para darse una idea de cómo los militantes se adherían a los arreglos cupulares, prácticamente renunciando a la voz y al voto, que existían al menos de iure. También que el presidente se convirtiera en el líder del partido da muestras de la falta de institucionalización. Pero por encima de todo, el tema del “dedazo”, o la designación del presidente de quién sería el candidato para presidente que lo sustituiría, es el ejemplo más claro del atropello a las reglas internas de los partidos, claro, ya sin mencionar el daño que representaba para el sistema político en general.

En México la democratización de los partidos se pretende hacer basada en leyes, pues ahora se cuenta ya con una Ley General de Partidos Políticos, está es impuesta desde el exterior de estos, inmiscuyéndose en su vida interna, no como un acto interno de congruencia de los ideales que la mayoría pregona. Esto les resta en cierto sentido merito, pero quizá de no ser así, pocos o quizá ninguno hubiera tomado la iniciativa propia para materializarlo.

El Estado a través de sus instancias, tanto la administrativa (INE) como la jurisdiccional (Tribunal Electoral) establece requisitos mínimos con los que cada partido  debe contar, no sólo para obtener su registro inicial o perderlo con el paso del tiempo, sino en el ejercicio de sus funciones. Debe tener ciertas estructuras en su interior

De la democracia interna de los partidos depende la democracia constitucional que edifican la sociedad y el Estado.

Es una realidad que hay un control legal de los partidos en materia administrativa y jurisdiccional, este se da por medio de la Ley de partidos. Impide la arbitrariedad.

El Tribunal Electoral, perteneciente al Poder Judicial de la Federación, se encuentra por encima de las decisiones que puedan a llegar a tomar los órganos jurisdiccionales internos de cada partido, esto si se considera que la justicia intrapartidaria no fuera eficaz en la protección y garantía de los derechos político-electorales de los militantes y afiliados al partido. En este sentido, más que presuponer la existencia de dichas figuras al interior de los partidos, se les está obligando a tenerlas

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