Estado Social De Derecho Y De Justicia

EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO Y DE JUSTICIA Y LA EXTINCIÓN DEL LATIFUNDIO, PENSAMIENTOS DE BOLÍVAR, ZAMORA Y ROBINSON, EL DESARROLLO ENDÓGENO, EL DESARROLLO EXÓGENO Y LA EDUCACIÓN ADAPTADA AL MEDIO CAMPESINO.

Cuando se habla del estado, derecho, justicia, es importante conocer el desarrollo endógeno el cual se plantea como eje fundamental la redistribución de la población y el regreso al campo, que asegure soberanía alimentaria, y convierta a los trabajadores en propietarios.

Por supuesto valorar los instrumentos jurídicos con los que cuenta el país y por los cuales se defienden los Derechos Humanos de los Venezolanos y Las Venezolanas, esos instrumentos en este caso son la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, Ley Especial de Regularización Integral de Tenencia de Tierra de los Asentamientos Urbanos o Periurbanos, con los cuales se ha emprendido una lucha contra el latifundio el cual es contrario al interés social.

La extinción del latifundio, además de un acto de justicia con el explotado de siempre, permitirá quebrar la base económica de la extrema derecha y construir fronteras vivas que impidan la penetración del enemigo.

Estas luchas y resistencias cruzan toda la historia, hasta el día de hoy. Por un lado, las clases explotadoras defienden modelos de desarrollo y de democracia que excluyen a las mayorías de sus beneficios. Por otro lado, las mayorías populares luchan por construir alternativas verdaderamente democráticas, que permitan alcanzar una verdadera democracia al servicio de los intereses del pueblo.

Nuestro maestro Simón Rodríguez, se cree en la necesidad de desarrollar ideas y organizaciones originales, a partir de la realidad del pueblo. Sólo así se puede resistir las embestidas del poder y del capitalismo salvaje y el secuestro de las identidades culturales.

República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria Aldea Universitaria 12 de Febrero PFG- Estudio Jurídico El Vigía, Estado Mérida Estado de Derecho Social del Derecho y Justicia y la Extención del Latifundio Participante: María Obdulia Quintero C.I. 3.995.591 El Vigía, Mayo de 2012 INTRODUCCIÓN En este trabajo nos enfocaremos en lo que es el estado social de derecho y de justicia y como se extiende al latifundio, para comenzar y como concepto del Estado de Derecho, que originalmente se centraba en el control jurídico del Poder Ejecutivo, con fin de evitar sus intervenciones arbitrarias, sobre todo en la esfera de la Libertad y propiedades individuales. Se ha podido notar que este concepto fue evolucionando, y en la actualidad el Estado de Derecho consiste en el Poder de ejerce únicamente a través de normas jurídicas, por lo que la Ley regula toda la actividad Estatal y particularmente de la administración; y parte de la esencia del concepto consiste en “el control Judicial de la legalidad donde se va a considerar la norma suprema: La constitución” (“El Estado Social de Derecho en la Constitución” . También se destaca que la Constitución el Estado de 1999, puso en práctica una ley especial como lo es la Ley de Tierras: donde están los Fundamento de la justicia campesina El Decreto de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el cual sustenta el nuevo marco legal, en el que se busca profundizar y dar operatividad concreta a los valores constitucionales de desarrollo social a través del sector agrario. EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO Y DE JUSTICIA Y LA EXTENCIÓN DEL LATIFUNDIO. Este concepto está reflejado en el artículo 2 Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, cuando establece que: “Venezuela se constituye en un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, a vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”. Este concepto surge ante la desigualdad real existente entre las clases y grupos sociales, que atenta contra la igualdad jurídica reconocida a los individuos por la propia Carta Fundamental en su artículo 21.La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, en el articulo 2 consagra que ”Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”. Esta constitución democrática compromete su existencia axiológica en el privilegio que le asigna a los derechos humanos como derechos fundamentales caracterizados por la universalidad de sus titulares. Las funciones esenciales del Estado Social coinciden el Estado de Derecho, los pactos, tratados y convenios suscritos por Venezuela. Su finalidad radica en crear, conservar y comprometerse a materializar esos derechos para satisfacer las demandas y necesidades de sus habitantes para lograr el bienestar general. Por ello, la justicia, la educación, la salud, la seguridad social, el propender a un desarrollo integral de la sociedad y del individuo, el establecimiento y la protección de los derechos humanos, siendo funciones indelegables del Estado. Aquellas que pueden acometer con mayor eficacia y eficiencia en la medida en que podríamos decir que son inherentes a la persona humana, es decir funciones que cuadran al estado en virtud de los fines y medios que estén a su alcance, así como la mejor preparación de sus actores gubernamentales para ejecutar las tareas que la Constitución y las leyes de la República le emanan. Por lo tanto, el Estado venezolano en tiempos de la modernidad, estimula a sus conciudadanos a fomentar el espíritu de solidaridad, responsabilidad y ponderación en sus acciones ante otros organismos que no se inscriben en la función social. En este sentido, el cumplimiento de su función debe avocarse a orientar y apuntalar a la sociedad hacia la protección de los derechos humanos. No basta establecer bases teóricas y leyes para el entendimiento de estos derechos, sino que debe ir más allá, hasta llegar a la función de educar, proteger, asistir y colaborar con aquellos ciudadanos y ciudadanas a quienes les han sido conculcados sus derechos humanos. La justicia social comprende el conjunto de decisiones, normas y principios considerados razonables de acuerdo al tipo de organización de la sociedad en general, o en su caso, de acuerdo a un colectivo social determinado. Comprende por tanto el tipo de objetivos colectivos que deben ser perseguidos, defendidos y sostenidos y el tipo de relaciones

...