Exclusion Social

El análisis de la exclusión social y los grupos vulnerables, se aplica con la finalidad de formar los nuevos republicanos y republicanas, profesionales del derecho con sensibilidad social, éticamente responsable y con compromiso en la consolidación del Estado Democrático, Social de Derecho y de Justicia. Para ello, es necesario el estudio de las causas y consecuencias que subyacen en el fenómeno de la exclusión social en el que históricamente ha estado sumida la mayoría del pueblo Venezolano; identificar este fenómeno implicará asumir una posición político- ideológica consciente, para lograr afrontarla y combatirla de una manera consecuente con la realización de los fines del Estado, entendiendo que la vía de solución es la integración social, y que ésta existirá en la medida en que seamos capaces de construirla, partiendo del sistema de relaciones de poder en el que estamos, de su análisis y de su crítica, sin olvidar que existen otras vías en torno a las cuales es posible crear y recrear nuevos márgenes de acción.

Este modelo deberá partir de nuevas relaciones humanas que superen el simple mercadeo, para generar ámbitos superiores en los que se exprese una nueva ciudadanía.

La construcción de este nuevo modelo supone movimiento, transformación, ensanchamiento de los cauces de participación ciudadana en búsqueda de mecanismos de inserción social de los sectores excluidos, la transformación de estos sectores en actores, exige un gigantesco esfuerzo del que nadie puede estar ausente y el cual debe propiciarse desde la universidad en su relación con las comunidades, así podremos conocer de primera mano la visión del soberano acerca de la exclusión, desigualdad social, y los fenómenos sociológicos que surgen como producto de la misma, sus consecuencias y particularmente de qué forma han sido afectados individualmente (cada cual por formar parte de algún grupo vulnerable) y en general por las causas que han ocasionado la exclusión del colectivo.

El objetivo de este análisis es Valorar el fenómeno de la exclusión social, asociada a los grupos vulnerables para reforzar valores acordes con el nuevo proyecto de país basado en un sistema en el cual no exista exclusión ni discriminación sino ciudadanos y ciudadanas en condición de igualdad real.

Para este fin es necesario identificar en la realidad el fenómeno de la exclusión social como consecuencia del modelo económico capitalista y neoliberal. Conocer las causas de la desigualdad social y sus instrumentos de tutela. Estudiar la situación actual de los grupos vulnerables en el mundo y especialmente en Latinoamérica. Estudiar las razones sociales, políticas y económicas de la exclusión social. Fortalecer en los estudiantes y las comunidades los valores que promueven la construcción de una sociedad de iguales.

Siendo así, comenzaremos por definir algunos conceptos que resultan importantes aclarar para el entendimiento del tema a desarrollar. Por tanto cada uno de estos aportara herramientas fundamentales para la comprensión y aplicación de los métodos hermenéuticos necesarios para ser implementados en cada aspecto de la vida social y comunitaria. Entre estos conceptos encontramos los siguientes:

Exclusión social

El concepto de exclusión social se refiere a los procesos y situaciones que impiden la satisfacción de las necesidades básicas de las personas (trabajo, vivienda, educación, acceso a la sanidad) y su participación en la sociedad.

En esta situación se encuentran todas aquellas personas sin hogar; los inmigrantes que sufren el racismo y la xenofobia; los ancianos que perciben unas pensiones insuficientes o no tienen derecho a ellas, carecen de la asistencia médica necesaria y viven en la más completa soledad; los ex reclusos y los ex toxicómanos que ven obstaculizada su reinserción en la sociedad; las personas que, a causa del paro o de la enfermedad, pierden sus trabajos y se ven sumidas en una situación precaria, etc.

Si hacemos una radiografía de la Constitución de 1961 y la de 1999 podemos observar dos modelos de Estado totalmente diferentes, siendo la primera el soporte normativo de una Democracia Representativa orientada a satisfacer los intereses de las élites económicas y políticas del país; mientras que la segunda es el fundamento y guía de una Democracia Participativa y Protagónica que atiende las necesidades y aspiraciones del pueblo, sin exclusiones.

El Estado emergente de la Constitución de 1961 fungió como un agente de las élites económicas, fundamentalmente representadas en Fedecámaras; administrado políticamente por las organizaciones AD y COPEI, con el apoyo vigilante de la Fuerza Armada Nacional y bajo la bendición de la jerarquía de la Iglesia Católica. Bajo este esquema político representativo se desconoce la voluntad popular y, de manera flagrante, se excluye al pueblo de la toma de decisiones, incluso en los aspectos fundamentales de la vida nacional.

El Pacto de Punto Fijo, suscrito originalmente por AD, COPEI y URD (este último se retiraría más tarde del mismo), vino a reforzar esa función del Estado, el cual instrumentó una política asistencialista hacia los sectores medios y populares de la sociedad, que creaba la ilusión de vivir en un país que perseguía el bienestar de todos sus ciudadanas; no evidenciándose la construcción de un nuevo país, ni muchos menos ofreció horizonte alguno para concretar una duradera transformación social; ni siquiera en los años 70, época de la llamada “Venezuela Saudita”, cuando el país recibe ingentes recursos por la exportación de petróleo.

¿Cómo explicar esta desidia estatal? Es sencillo, el Estado estaba abocado a consentir las apetencias de los reducidos grupos económicos del país a través de las bondades del oro negro, mientras mantenía instituciones públicas deficitarias que estuvieron de espaldas al pueblo.

Mientras existieron recursos para costear las políticas asistencialistas sin afectar los privilegios de la oligarquía, el Estado tuvo capacidad de maniobra para desmovilizar cualquier presión popular; pero, en los años 80 el país se ve enfrentado a una crisis económica caracterizada por los altibajos de los precios del petróleo, que hizo insostenible el papel del Estado no sólo en la economía sino en la social, y esa capacidad de manejar la nación manteniendo la llamada “Paz Social”, se hace más limitada.

Para paliar esta crisis, el Estado, administrado por el presidente Carlos Andrés Pérez iniciando su segundo mandato en 1989, hizo marcado énfasis en la capitalización de la economía nacional, cuya recesión era creciente, y generó las condiciones para la aplicación de medidas de ajuste de corte neoliberal bajo los “nobles” auspicios del Fondo Monetario

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