FUNDAMENTOS DE FILOSOFÍA POLÍTICA, POLÍTICA ECONÓMICA Y TEORÍA ECONÓMICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO

ESCUELA DE POSGRADO

MAESTRÍA EN DERECHO

MENCIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y GERENCIA PÚBLICA

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CURSO:

FUNDAMENTOS DE FILOSOFÍA POLÍTICA, POLÍTICA ECONÓMICA Y TEORÍA ECONÓMICA

DOCENTE:

Dr. CRISTOBAL RUFINO YAPUCHURA SAICO

TEMA:

ESTADO PERUANO Y EL MERCADO

PRESENTADO POR:

1. Aguilar Quispe, Hildebrandt Robert
2. Amachi Canqui, Rosa Sonia
3. Apaza García, Daniela Marily
4. Apaza Surco, Karina Inés
5. Atencio Serruto, Caterin Lys
6. Bautista Condori, Luis Rudolf
7. Belon Jara, Efraín Sandro
8. Cáceres Chalco, Miguel Ángel
9. Cahuana Canaza, Ruth Mery
10. Cairo Méndez, Yanira Martha

PUNO – PERÚ

2021

INTRODUCCIÓN

A lo largo de su historia económica, nuestro país ha destacado durante continuos periodos en la realización de diversas actividades económicas que, independientemente de su objeto principal, han conseguido generar una situación de bienestar general entre sus pobladores, ya sea como consumidores finales del resultado de la actividad económica o a partir de beneficios indirectos a causa de la bonanza económica que dichas actividades generaban.

Como todos sabemos, la economía tiene una enorme influencia en la vida social, y en tal medida resulta lógico que las constituciones recojan los principios jurídicos más importantes a los que debe someterse la ordenación de esa realidad. Hay que interpretar la Constitución como la norma jurídica suprema que es, más que como declaración política, teniendo presente el sentido propio de las palabras en relación con el contexto, los antecedentes históricos pertinentes y la realidad social en que ha de aplicarse, para poder así descubrir su espíritu y finalidad.

Al hacerlo, no podemos olvidar que la Constitución debe entenderse, principalmente, como un medio para limitar el poder de los gobernantes y asegurar una esfera de derecho y de libertad a los ciudadanos.

El rol del Estado en la economía cambia en forma sustantiva en lo que va de la Constitución de 1979 a la de 1993. Se trata de una variación importante que pone de manifiesto, más allá de declaraciones principistas, una distinta concepción del Estado. En la Constitución de 1979 el Estado estaba encargado de promover el desarrollo económico y social, formular y planificar la política económica pública y concertar con la actividad privada; mientras que en la Constitución vigente actualmente se ha optado por un modelo liberal, que si bien continúa manteniendo la cláusula que afirma que la iniciativa privada se ejerce en una economía social de mercado, ahora el Estado ya no formula la política económica o planifica, no se obliga a prestar directamente los servicios públicos y su actuación empresarial se encuentra fuertemente limitada. Con apoyo de los medios de comunicación, los gremios empresariales y la anuencia tácita de la opinión pública, el texto constitucional de 1993 significó una respuesta política a la Constitución de 1979, a la que atribuyó falsamente un rol obstruccionista a las medidas de modernización que requería el país en función del modelo de economía de libre mercado. Esta respuesta se vio favorecida por los pésimos resultados económicos de la primera gestión de Alan García entre 1985 y 1990. Como veremos más adelante, con la Constitución vigente se ha buscado privatizar la vida económica y se ha instaurado abiertamente el principio de subsidiaridad.

Antes, creemos pertinente detenernos en las cláusulas económicas de la Constitución de 1979, y apreciar cómo fueron interpretadas o entendidas.

Al encontrarnos frente a una actividad que en una determinada época llegó a poseer una importancia considerable para el sostenimiento de nuestro país, tanto a nivel económico, como a nivel social, cabe preguntarnos si el Estado, en aras de su papel de orientador del desarrollo del país, cuenta con la legitimidad necesaria para intervenir en este mercado. Si bien el Estado cumple un rol orientador en el desarrollo nacional, dicha función debe desarrollarse dentro de los límites que establece la Constitución y el Derecho en general, puesto que no estamos ante un poder irrestricto de intervención del Estado; sino, ante uno delimitado, el cual busca (entre otros fines) tutelar los intereses de los privados que podrían verse afectados ante la idea de un Estado omnicomprensivo.

ESTADO PERUANO Y EL MERCADO

1. EL ESTADO Y EL MERCADO

1.  El Estado

El estado es “un sistema de subordinación que organiza todos los individuos de un área geográfica dada, dentro de la cual se posee un monopolio efectivo de la fuerza física”. Dentro del área geográfica dada existen interacciones de carácter económico y político. La interacción económica se da básicamente a través del mercado, en tanto que la interacción en el plano político se da a través del gobierno. La interacción en el mercado es generalmente voluntaria en tanto que en lo político es de subordinación. Entonces, en el terreno político se tiene a gobernantes y gobernados y existe un sistema de gobierno.

La presencia del gobierno implica costos y beneficios y si los individuos lo aceptan es porque el beneficio es mayor que el costo.

La interacción humana tanto en el terreno político y económico tiene un carácter social, el ser humano por su naturaleza y el desarrollo alcanzado por nuestra sociedad es esencialmente un ser social, es decir, está dentro de un proceso de convivencia social. Sin embargo, como sostuvo Carlos Marx, la relación económica es el núcleo de la sociedad, el aspecto social y político es condicionado por el mundo económico.

Detrás de la relación política y social subyace el interés económico de los individuos, es decir, el “homus económicus” es el que orienta el accionar de los individuos, su racionalidad económica está por encima de su racionalidad política y social. Los individuos cuando interactúan con los otros - dada su racionalidad económica - tratan de alcanzar el máximo nivel de bienestar individual a través de mayores niveles de bienestar económico. En la medida en que el accionar del individuo está determinado por su objetivo económico existe la posibilidad de que el mismo entre en conflicto con lo de otros individuos; tal hecho requiere un sistema de ordenación no sólo económico sino también político, tiene que haber necesariamente un ente (gobierno) con la suficiente autoridad para fijar las reglas institucionales bajo las cuales deben interactuar los individuos.

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