Fronteras invisibles

Nombre: Angie Cristina Zuñiga Lara.

Grado: 11-1

MASACRE Y DESPLAZAMIENTO FORZADO EN MAPIRIPÁN, META

La historia de Colombia está marcada por una serie de sucesos violentos, entre ellas masacres y desplazamiento forzado, un ejemplo de estas sería el caso de Mapiripán (1997) en el departamento del Meta, cuando un grupo armado denominado Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) junto con el apoyo de las fuerzas militares colombianas, ocasiono un número de muertes aún no determinado. Se ha declarado culpable al estado colombiano por la masacre de Mapiripan ya que en esta colaboraron miembros del ejército nacional.

La pregunta sería ¿Cuál es el grado de responsabilidad del estado respecto a la masacre de Mapiripán?

En la década de los 90, el frente 44 de las FARC llego a Mapiripan para la comercialización de coca y el cultivo de esta.  Los Castaño, fundadores de las AUC, querían dominar el negocio, y con el pretexto de combatir la subversión, atacaron a Mapiripán en julio de 1997. Ese mes enviaron un grupo de paramilitares desde el Urabá antioqueño y con el apoyo de las fuerzas militares, cometió una masacre en la que fueron torturadas, asesinadas y descuartizadas decenas de personas.

Entre 1997 y 1998, la violencia desplazó a unas 1.300 personas de Mapiripán. Durante los años siguientes, guerrilleros y paramilitares siguieron la disputa por el territorio. En el Meta, el grupo de las AUC de los hermanos Castaño se hizo llamar Bloque Centauros de las AUC. Vicente Castaño encargó a los narcotraficantes Miguel Arroyave alias ‘El Arcángel’ y Daniel Rendón alias ‘Don Mario’ al grupo paramilitar.

Para los Castaño, Mapiripán, era un punto clave para el manejo del negocio del narcotráfico y por esta razón los Centauros permanecieron en la zona hasta 2006, cuando ocurrió la desmovilización.

Esta masacre dejo como consecuencias para las víctimas desplazamiento forzado, y con ello perdida de sus tierras y un bienestar, la vulneración de sus derechos, pobreza etc. La mayoría de las víctimas no volvió a Mapiripán, aunque hubieron casos de campesinos a los que les restituyeron sus tierras pero debieron volver a irse debido a los conflictos y a la violencia, veían un mejor futuro en las ciudades aunque no tuvieran un bienestar estable.

“Funcionarios del Instituto de Tierras, creado en 1961 para distribuir la propiedad rural entre campesinos pobres, se aliaron con ganaderos y empresarios para titularles tierras a estos últimos, que no eran sujetos de reforma agraria. El Instituto respondió a intereses de grupos de poder, expidiendo resoluciones de adjudicación e incumpliendo los requisitos para la titulación”. (Gonzales, 2014)

En 2007, el Comité Municipal de Protección a la Población Desplazada decidió proteger todas las veredas de Mapiripán para evitar el riesgo de que las tierras fueran comercializadas.

Los mecanismos desarrollados por el gobierno para desarrollar una reforma agraria, una redistribución de la tierra, no garantizaron  seguridad en los derechos de propiedad. Los terrenos que eran para las víctimas de la masacre y el desplazamiento forzado terminaron en manos de empresarios que por influencia consiguieron los títulos de estas.

“La respuesta institucional nacional y regional a estas reivindicaciones, nacidas desde la sociedad civil, ha tenido sus aciertos y desaciertos, logrando en alguna medida iniciar procesos judiciales tendentes al esclarecimiento de los hechos criminales, la condena a los culpables y la reparación a las víctimas, sin embargo su alcance y duración no han cumplido con los deseos de justicia existentes en el país y debidos por el Estado frente a sus compromisos nacionales e internacionales en la materia”. (Pérez, 2011)

Ya que la acción del Estado en este lugar, Mapiripán, es tradicionalmente ausente, ha llevado a la estadía de grupos armados, es necesaria la articulación de todos los actores que trabajan en este tema, con el fin de realizar un proceso de atención y reparación a las víctimas del conflicto armado y social.

El caso de Mapiripan también se prestó para fallas a favor de victimas falsas.

En 2011, un grupo de investigadores fue a Mapiripán para más investigaciones que habían iniciadas en relación a la masacre. Después de la investigación la unidad exhibió su informe, y se estableció que de las personas muertas y desaparecidas que supuestamente fueron asesinadas, los habitantes de Mapiripán sólo podrían proporcionar información sobre diez de ellos. La  Unidad de la fiscalía a una de las víctimas cuyo esposo e hijos habían sido asesinados en la masacre y habían recibido, en total aproximadamente 1,5 millones de dólares. La víctima, la señora Contreras, confesó que su marido había muerto de causas naturales y que la guerrilla había reclutado a sus hijos mucho antes de que ocurriera la masacre. Según lo revelado por un fiscal, 16 de las 26 víctimas que fueron reconocidas por la Corte Interamericana podrían estar vivos o no murieron durante la masacre.     La existencia de falsas víctimas podría haber dado lugar a un fraude de 3 millones de dólares. Aunque en el caso se hayan presentado estas faltas de moral de parte de las supuestas víctimas, aun el Estado debe tener claro que permitió que la masacre sucediera, dando libre paso a los paramilitares para que cometieran estos actos.

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