Garantias De Seguridad Social

INTRODUCCION

La inequidad social es una constante que ha acompañado al desarrollo de la humanidad desde tiempos muy remotos. Esta inequidad social, traducida en grupos sociales económicamente vulnerados que han visto acentuar esta circunstancia con el liberalismo económico que a pesar de que se afirma se centra en el individuo, y supuestamente plantea las vías para la movilidad social impulsada por el esfuerzo individual, pareciera convertirse en utopía al no hacer viable este transito.

Ante esa realidad y ante la confluencia de las transformaciones sociales de los últimos siglos, surge en 1917 la primera constitución en el mundo que plantea los derechos sociales además de las garantías individuales, esta es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, producto de la primera revolución del siglo XX y su perfil esta marcado por una serie de preceptos orientados a fomentar el equilibrio socioeconómico en nuestro país a través de principios que permiten desarrollar políticas en materia educativa, laboral, de autodeterminación nacional, de respeto a grupos marginados y de rectoría económica del Estado.

De acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las garantías sociales están por encima de las garantías individuales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

GARANTÍAS DE SEGURIDAD SOCIAL.

Inicialmente surgen como derechos a partir de reformas a leyes secundarias impulsadas por Bismarck2 y adquieren la categoría de garantías al conformar la esencia ideológica de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, marcando un precedente en 17 Constituciones posteriores incluida la constitución de la republica de Weimar.

Pueden ser considerada garantías sociales los artículos 3., 27 y 123, el primero se enfoca en materia educativa, propugnando por la laicidad, la gratuidad y la rectoría del estado en esta área; el segundo reconoce la vulnerabilidad de grupos indígenas en torno a la tenencia de la tierra; y finalmente el artículo 123, establece de manera general los derechos laborales, el fin de este articulo es dotar de herramientas legales a los trabajadores para combatir la explotación por parte de los patrones.

Asimismo a través de los artículos 25, 26, 28 y 39 se construye la viabilidad jurídica para la libre autodeterminación de nuestro país, la obligatoriedad de la planificación administrativa y la posibilidad jurídica de que en ejercicio de nuestra soberanía se busque el mejoramiento de las condiciones de vida para los sectores económicamente desprotegidos.

CUALES SON Y QUE ABARCAN.

El artículo 3o. prevé la posibilidad de que todo individuo acceda a la impartición de la educación que estado, tanto en el ámbito federal como local municipal, está obligado a llevar a efecto. Dentro de los principios fundamentales contenidos este precepto pueden señalarse el carácter laico de la educación ofrecida por el Estado, gratuidad de tal educación y la necesidad de que el Congreso de la Unión expida leyes necesarias para que, a lo largo de la República mexicana, se unifique y coordine el sistema educativo de la nación.

En el caso del artículo 27, en su fracción VII reconoce “la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales”, prevé que las leyes protegerán las tierras que tengan los grupos indígenas.

En relación con el artículo 123, su primer apartado contiene una serie de derechos en favor de los “obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos”, derechos destinados a impedir que los patrones fuercen a sus empleados a laborar en condiciones de franca explotación, que siempre repercute negativamente en la dignidad de los seres humanos.

El artículo 25 determina que sólo al Estado le corresponde la rectoría del desarrollo nacional,

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