Gobierno de Álvaro Obregón 1920-1924

Gobierno de Álvaro Obregón 1920-1924

El general Álvaro Obregón tomó posesión como presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos en el primer minuto del 1 de diciembre de 1920. El nuevo presidente había logrado alentar grandes expectativas en la población, que esperaba de su gobierno la pacificación definitiva del país y el inicio de la reconstrucción económica.

El gobierno del presidente Obregón comenzó con buenos augurios en el terreno de la política interna después de la labor pacificadora de Adolfo de la Huerta. Sin embargo, los principales problemas del nuevo gobierno se encontraban en el terreno diplomático (además del reconocimiento del gobierno de los Estados Unidos, faltaban los del Reino Unido y de otros países europeos) y en el económico: la reestructuración de la hacienda pública marchaba muy lentamente desde el restablecimiento del orden constitucional en 1917. El gasto militar seguía representando un peso excesivo sobre unas finanzas públicas demasiado precarias, y por si fuera poco, el sistema bancario del país se había derrumbado durante la dictadura de Huerta, mientras que los bancos comerciales se encontraban intervenidos desde el gobierno de Carranza. La reconstrucción de las comunicaciones y las vías de transporte afectadas por la lucha armada, la reincorporación de la población movilizada durante la contienda a las actividades productivas y la atención a la cuestión agraria constituían prioridades difíciles de postergar para el nuevo gobierno.

Los problemas externos y económicos tenían varios puntos de convergencia: el obstáculo más importante para el reconocimiento de los Estados Unidos al gobierno de Obregón era la exigencia por parte de aquél de garantías para los intereses de los ciudadanos estadounidenses con propiedades en México, ante la inminente reglamentación de las disposiciones contenidas en la nueva Constitución en materia de propiedad. Otro obstáculo era el problema de la deuda externa del país, cuyo servicio se había interrumpido desde 1914, y que por si fuera poco, ni siquiera se sabía a cuánto ascendía exactamente, ya que a la deuda que dejó don Porfirio –y que acrecentaron los gobiernos de Madero y Huerta–, había que añadirle los intereses acumulados en todos los años en los que se había dejado de pagar el servicio de la misma y sus intereses.

Para entonces, a la deuda del gobierno había que añadir la de los Ferrocarriles Nacionales, sobre la cual se había ofrecido garantías gubernamentales. Un último obstáculo era el problema de las reclamaciones sobre daños a ciudadanos estadounidenses y sus propiedades durante la Revolución. Si bien el

gobierno mexicano estaba de acuerdo en indemnizar a todos los ciudadanos estadounidenses que demostraran haber sido afectados durante la lucha, no existía acuerdo ni siquiera en la forma de integrar la comisión respectiva.

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