HISTORIA DE LA CORRUPCIÓN EN EL PERU

HISTORIA DE LA CORRUPCIÓN EN EL PERU

REMOZANDO LA CORRUPCIÓN

Un grupo de oficiales militares, inspirados en la vieja tradición de intervención «patriótica» en coyunturas políticas críticas, había diseñado desde 1988 un plan secreto para llevar a cabo un golpe contra el gobierno del presidente García. Este plan no se materializó pero fue adoptado y modificado por el inescrupuloso jefe de espías Montesinos Un exoficial del ejército con influyentes conexiones en redes corruptas. Montesinos conoció a Fujimori en el transcurso de la tarea encubierta, asignada al SIN, de ayudar al candidato en su campaña electoral de 1990. Montesinos fue implementando metódicamente sus planes conspirativos en colaboración con el venal Fujimori para avanzar hacia un poder autoritario con careta democrática. Montesinos contribuyó decisivamente a la campaña electoral de Fujimori y logró obtener, supuestamente, cuantiosas donaciones de dudoso origen.

Fue juzgado por un tribunal militar, expulsado del ejército y confinado en una prisión militar por casi dos años (1976-1978). En respuesta, las fuerzas armadas lo acusaron de traición e instigador de enredadas conjuras y amenazas de bomba. La revelación pública de sus actividades ilícitas obligó a Montesinos a huir del país en 1983. Vivió en Argentina hasta 1985 y, a su retorno, el alto mando militar le prohibió ingresar a cualquier instalación u oficina militar. En 1989, Montesinos se acercó a Edwin Díaz, el jefe del SIN, con documentos judiciales confidenciales de sospechosos acusados de terrorismo. Montesinos redondeó su red informal dentro del alto mando militar, minando de esta manera las normas de promoción militar consagradas por el tiempo.23 Actuando como enlace extraoficial entre Fujimori y el comando militar, Montesinos sentó las bases para el autogolpe de 1992. Para este fin Montesinos diseñó un sistema integrado por jueces, fiscales, funcionarios de cárceles y oficiales de policía. El asesor presidencial continuó perfeccionando esta red judicial informal entre julio de 1990 y abril de 1992. Montesinos usó sus singulares fuentes de información secreta para renovar vínculos con la CIA y minar los esfuerzos antidrogas de la DEA en el Perú Estas recibían asistencia de Estados Unidos por cerca de 35 millones de dólares en 1991 y 40 millones de dólares en 1992. Montesinos reforzó las operaciones encubiertas e ilegales dirigidas por el SIN. Una comisión parlamentaria investigó y presentó información reveladora y pionera sobre los vínculos entre el narcotráfico, las bases militares en la selva y las agencias antidrogas controladas por Montesinos el anticonstitucional autogolpe del 5 de abril de 1992 interrumpió abruptamente el accionar de esta comisión

DICTADURA CÍVICO-MILITAR

Desde el inicio del régimen de Fujimori, las crecientes redes encubiertas de inteligencia y militares operaron para derribar los contrapesos constitucionales, parlamentarios y judiciales que estorbaban el control autoritario del Estado. Este objetivo se logró consolidar con el autogolpe de abril de 1992, fue justificado ideológicamente como necesario para conseguir la derrota del terrorismo, el gobierno apoyó la implementación de políticas económicas neoliberales, al mismo tiempo que facilitaba la corrupción para alimentar mecanismos informales y ocultos que sustentaban una guerra sucia contra la subversión y el terrorismo, denominado la «economía inmoral» del fujimorismo.

 Fujimori y Montesinos acudían a la desinformación y a las campañas de manipulación o «psicosociales» propaladas por medios de comunicación masiva. El atractivo popular de Fujimori se vio impulsado, aún más, por sus programas «sociales» populistas y clientelistas. Estos programas, bajo el control y ejecución directos del presidente, se financiaron mediante el manejo irregular de donaciones japonesas y transferencias mensuales clandestinas de fondos del SIN aun en 1991. La ley 25327, le permitió a Fujimori ampliar sus poderes para proponer y dictar leyes en las áreas citadas durante un periodo de 150 días. El decreto 743 creó el Sistema de Defensa Nacional (SDN) y el decreto 746 integró todas las unidades de inteligencia de las fuerzas armadas y policiales bajo el Sistema de Inteligencia Nacional. El Congreso rechazó varios de estos decretos como violaciones flagrantes de los derechos civiles. Fujimori se enfrentó, entonces, con el legislativo y acusó a los parlamentarios de obstruir intereses nacionales.

 Montesinos y dos jefes militares planearon el golpe en el cuartel general del ejército. Mientras un mensaje grabado por Fujimori era emitido por la televisión en la tarde. La violencia se intensificó a poco del golpe. Los actos senderistas se multiplicaron, como el atentado contra el canal 2 de televisión, así como el de la calle Tarata en Miraflores. Los jueces y fiscales independientes fueron removidos y el poder judicial fue reestructurado, reducido y adecuado a las necesidades políticas de Fujimori y Montesinos. Para liderar este sistema judicial abierto a la prevaricación y cohecho, el juez Luis Serpa Segura fue nombrado presidente de la Corte Suprema, y la magistrada Blanca Nélida Colán fue designada fiscal de la Nación. Los actos delictivos de empleados públicos y militares adictos al régimen rara vez eran procesados y su impunidad quedaba asegurada. Los inconstitucionales tribunales y jueces «sin rostro» juzgaron sumariamente y dictaron duras sentencias contra los sospechosos de terrorismo, muchos de los cuales eran inocentes. En lugar de las acostumbradas dos cámaras y 240 parlamentarios, el nuevo Congreso Constituyente Democrático (CCD, 1992-1995) era unicameral y comprendía apenas ochenta miembros de un único distrito electoral nacional. La investigación judicial de las masacres de La Cantuta y Barrios Altos, impulsada por los informes de periodistas y testigos presenciales, terminó en un tribunal militar en el cual chivos expiatorios recibieron condenas de veinte años de prisión. Sin embargo, luego de su reelección en 1995, Fujimori promulgó y publicó, el 15 de junio, una ley de amnistía (la ley 26479), aprobada el día anterior por el CCD. Esta exoneró a todos los oficiales militares procesados o condenados por delitos contra los derechos humanos desde mayo de 1980. Estallaron, entonces, las protestas de la prensa, el Congreso e, incluso, algunos jueces normalmente dóciles. En diciembre 1996, el régimen de Fujimori quedó aturdido por la toma de rehenes por parte de un grupo armado (MRTA). Paradójicamente, la octava conferencia internacional contra la corrupción se celebró en Lima. Algunos periodistas advirtieron rápidamente la ironía de que el país anfitrión de la conferencia fuera el peor ejemplo existente de Administración Pública. Una larga lista de casos de clamorosa corrupción pedía a gritos que se investigara, pero esta posibilidad fue rechazada sistemáticamente por las autoridades de turno. Los asuntos sin investigar incluían la cuestión del origen de los ingresos de Montesinos, las denuncias hechas por Susana Higuchi concernientes a las (ONG) vinculadas a la familia Fujimori, el saqueo de la caja de pensiones militar y policial, y la malversación de la compañía de seguros estatal Popular y Porvenir, entre otros.

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