Hacinamiento, corrupción y contagios masivos de COVID 19 en cárceles colombianas

Hacinamiento, corrupción y contagios masivos de COVID 19 en cárceles colombianas

(Overcrowding, corruption, and massive contagion to COVID in Colombian prisons)

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El instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) es un organismo del estado fundado en 1992 que se responsabiliza de la ejecución de penas que interponen las autoridades judiciales y la resocialización de la población que actualmente está recluida en un centro penitenciario de Colombia y está actualmente dirigida por el General Norberto Mujica Jaime.

Su misión es “Ser una Institución pública, garante de la ejecución de las penas, que ejerce la vigilancia, custodia, atención social y tratamiento de las personas privadas de la libertad, en el marco de las transparencia, la integridad, los derechos humanos y el enfoque diferencial” ("Misión y Visión - INPEC", 2020).

A continuación se expondrá la realidad en la que se encuentran los centros penitenciarios en  Colombia a causa de la corrupción. Varias de las causas que se han generado por este problema son el hacinamiento en el que se encuentran estas personas, problemas de salubridad, motines, fugas, entre otras cosas afectando así su bienestar dentro de estos. Actualmente estos lugares cuentan con otra dificultad más grande puesto que a la llegada de un virus externo (Covid-19) este año, se han presentado casos positivos en 6 de las 138 cárceles que hay en Colombia. Este virus se ha reproducido con facilidad debido a que no se cumplen las normas de distanciamiento que se han especificado debido al hacinamiento estos lugares. En conclusión, este escrito identificará qué principios morales y éticos se ven afectados en los reclusos.

Actualmente Colombia cuenta con 138 penales en las diferentes ciudades del país, su capacidad es de 79.953 cupos para reclusos. Sin embargo, según la defensoría del pueblo, para el mes de Junio del año 2018 había un total de 117.018 superando el límite establecido, también informan que 108.767 hombres y 8.251 mujeres,  haciendo que el hacinamiento en los penales se ubicara en un 53%, esto evidencia que la capacidad de las cárceles está siendo usada en su total capacidad ya que se tienen 40.465 presos de más quienes viven en unas condiciones inhumanas. Además, el gobierno dio por hecho que el sistema de salud que se maneja en las cárceles fracasó totalmente y esto hace que los mayores perjudicados sean los enfermos mentales, “En Colombia para el año 2018 se encontraban recluidos 2.117 personas con algún problema mental, 1.968 hombres y 149 mujeres” (Tiempo, 2018) en ninguno de los centros penitenciarios existe un flujo total de psiquiatras ni psicólogos para brindar una atención médica a estas personas, que normalmente son rechazadas y golpeadas por los demás reclusos.

Uno de los puntos que el INPEC toma  importante en su misión es ayudar a la resocialización de los reclusos, pero esto no se está cumpliendo principalmente por las pésimas condiciones y el hacinamiento que se presentan en estos lugares. En las 138 prisiones y 117.018 presos, se cuentan actualmente con 544 espacios comunes, dándole la oportunidad a 42.539 reclusos estudiando y 38.875 trabajando, solo doce  reclusos de cada mil tienen la posibilidad de emplearse en algún lugar de trabajo que ofrece la empresa privada las cuales son 61 maquilas “Una maquila funciona a partir de un contrato, el cual plantea como objetivo de compromiso que la empresa maquiladora utilice su capacidad instalada y procesos productivos para la fabricación de productos tangibles o la prestación de servicios intangibles” (Empresa y economía, 2009).

La defensoría del pueblo dio a conocer una lista en donde se dan a conocer las cárceles con mayor hacinamiento del país.

Tabla 1. 10 cárceles con mayor hacinamiento en Colombia. (Defensoría del pueblo, 2019)

Tanto el hacinamiento como la corrupción es evidente en las cárceles de Colombia ya que los reclusos viven en unas condiciones precarias debido a la mala inversión de dinero a estos lugares, como por ejemplo en la cárcel de Riohacha, donde la planta eléctrica lleva más de 20 años siendo utilizada y esta ya se encuentra en el final de su vida útil, esto puede presentarse como un riesgo debido a que puede haber un corto circuito ya que su carga se ha triplicado. Igualmente, que la salubridad en esta cárcel es nefasta, y esto empeora cada día más ya que el suministro de agua solo se da entre 5 y 7 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde, haciendo que se multiplique fácilmente las plagas y enfermedades infecciosas. Adicionalmente, el penal solo cuenta con un profesional médico y solo presta sus servicios entre semana 4 horas diarias, haciendo que las citas con los especialistas presenten un alto represamiento.

Los casos de corrupción más recientes en el INPEC se dieron cuando los directores de la Picota y la Modelo fueron privados de la libertad por no actuar con ética y moral, sino por beneficio propio. Sus capturas se realizaron en Septiembre de 2018 y Enero de 2019 respectivamente, lo que demuestra que el negocio en las cárceles se da en gran parte por los directores y guardianes basándose en sobornos y extorsiones a los reclusos, como el cobro de cuotas que varían desde $50 millones hasta los $300 millones de pesos para adquirir servicios como traslados de patio, mejores celdas, porte ilegal de armas, venta de sustancias ilícitas, celulares, visitas conyugales, incluso, para el registro en las listas de estudio o trabajo que permiten reducir las condenas. “El hacinamiento, un problema denunciado muchas veces, termina siendo uno de los ‘incentivos’ para sobornar o extorsionar.” (El Tiempo, 2019)

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