"IMPUTABILIDAD, RESPONSABILIDAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA" LIC. RAFAEL BAYCE

COLEGIO POPULAR PARTICULAR LAICO ``LATINOAMERICANO´´

Nombre: Carlos Toaquiza

Curso: 4to ``B´´

"IMPUTABILIDAD, RESPONSABILIDAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA" LIC. RAFAEL BAYCE

En el marco de la jornada universitaria interdisciplinaria "Imputabilidad y responsabilidad" ¿Qué adolescencia? ¿Cuál futuro? llevada a cabo en el Paraninfo de la Universidad de la República (Uruguay) el día 23 de mayo de 2011, el Lic. Rafael Bayce fue quien dio el cierre a esta excelente jornada con su análisis sobre el tema.

Compañeras y compañeros, el objetivo general de este documento es debatir sobre la situación actual del sistema sanitario y el estado de la reforma de la salud iniciada en el 2008, a instancias del primer gobierno de nuestra fuerza política, y los desafíos futuros de acuerdo a las políticas de fortalecimiento del sistema que se vienen impulsando.

Previo a la reforma, la situación general de los sistemas de atención sanitaria en todos los niveles era de colapso absoluto. Las instituciones públicas y privadas estaban desfinanciadas, no existía un debido control de calidad, el sistema público debía afrontar, sin presupuesto adecuado, la atención sanitaria de más de la mitad población uruguaya en todo el país.

En este contexto se inició un fuerte proceso de reforma que derivó en la sanción de dos leyes fundamentales. Una que crea el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) y el Fondo Nacional de Salud (FONASA), que recauda y financia al sistema en su conjunto y a la población beneficiaria. Concomitantemente, la separación institucional definitiva de la autoridad sanitaria rectora, que queda en manos de la conducción política en el Ministerio de Salud Pública (MSP), de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), que asume la conducción a partir de la conformación de un directorio con representatividad social (usuarios y trabajadores).

El sistema nuevo generó criterios diferentes de acceso y de financiamiento, lo que se denomina “cambio de modelo de gestión” y “cambio de modelo de financiamiento”. Mucho podríamos hablar del sentido y la forma de estos cambios, dado que impactaron en todos los niveles de atención y en el sistema en general, pero para esta ocasión es necesario solo mencionarlos. Lo central reside en que la gestión pasó a ser más democrática, el sistema más regulado y el acceso y contribución de los individuos más equitativos. Los que aportan más financian la salud de los que aportan menos, y siempre que alguno requiera atención tendrá la misma cobertura.

En su fase inicial todos estos cambios generaron impactos inmediatos y muy positivos, dado que se mejoró en el control y seguimiento de las instituciones de asistencia medica colectiva (IAMC), se comenzó a recabar información que antes no se tenía y a ejercer las potestades que la rectoría legal transfiere a la autoridad competente. Dados los criterios de selección de población beneficiaria, se logró incluir muchas más personas, en especial niños, que antes sólo tenía cobertura en un sistema público desbordado.

Hasta aquí sólo nos dedicamos a relatar muy superficialmente los pequeños grandes cambios que son importantes, porque posibilitan tener alguna chance en las batallas que hoy estamos librando y de las que ahora nos vamos a referir. Todos, absolutamente todos, sabemos o conocemos que proponerse modificar algún área sanitaria supone disputas con muchos actores, con múltiples intereses. En algunos casos, el desafío reside en que la estructura política definida pueda efectivamente gobernar.

Tampoco a nadie se le escapa que cuando lo que mueve y domina un sistema es el interés de grupos, el desafío de atender más y mejor a las personas termina relegado a la conveniencia de algunos que definen sus intereses de forma particular y privada.

Lo que debe motivarnos a entender el problema es que, en nuestra opinión, hoy en día estamos ante un grave problema de sustentabilidad del sistema sino preservamos algunas áreas sensibles de las lógicas exclusivas del mercado y el interés privado. No se trata de un tratado contra el interés privado ni mucho menos, sino de la convicción de que este debe estar en arreglo a objetivos sanitarios definidos y regulados por la autoridad pública. El país hace un esfuerzo grande, que sale del bolsillo de los ciudadanos, para que cuando un ciudadano atraviese un proceso complejo de enfermedad exista un profesional formado (también financiado por todos) disponible y un lugar adecuado para atenderlo.

El FA viene de protagonizar una compleja discusión política programática por estos asuntos, que aún no está cerrada. En este debate se identifican como asuntos centrales las políticas de RRHH de salud, el reforzamiento de la capacidad de control y ejercicio pleno de la rectoría, la construcción de redes integradas de servicios públicos como privados, la regulación de precios de procedimientos médicos y el adecuado funcionamiento financiero global del sistema. Para que todo esto se concrete es imprescindible ejercer de forma efectiva la rectoría y tomar decisiones estratégicas, en donde la discusión inevitablemente contiene componentes técnicos y posicionamientos políticos claros.

Pero ahora vamos a introducirnos en el tema que nos preocupa específicamente, que tiene que ver con la situación política en la que estamos en este momento, de acuerdo a los desafíos planteados. Si bien se describía que los grandes cambios estaban relacionados con el modelo de gestión, del financiamiento del sistema general y también con la independencia de la rectoría de salud con la administración de los servicios de salud pública, el sistema no se reduce a esta área exclusivamente. Lo que se denomina sector público está compuesto por un montón de organismos públicos que brindan servicios sanitarios de distinta forma y a distintas poblaciones; entre ellos el BSE, BPS, Hospital Policial, Intendencias y por supuesto el Hospital Militar. Siempre la autoridad política intentó coordinar las acciones de estos efectores a partir del trabajo de la Red Integrada de Efectores Públicos de Salud (RIEPS), sin demasiado éxito en muchos casos.

Es aquí donde se pueden ver los primeros síntomas de una frontera compleja de interrelaciones entre el sub sector público y el privado. Es evidente que hay quienes creen, y en general les conviene, que el sector público quede reducido a una expresión pequeña, así el sector privado puede ganar terreno y realizar en todos los ámbitos y niveles la mayor cantidad posible de procedimientos médicos. Si se logra determinar tanto el valor como la cantidad de procedimientos médicos, en definitiva se termina por dominar el sistema de

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