INCLUSIÓN SOCIAL COMO OBJETIVO

• Miguel La Rota, experto colombiano, señaló tres elementos de la fiscalía colombiana que pueden ayudar a México. 1) Arquitectura de la fiscalía: la política criminal se mira desde una mirada exclusivamente jurídica 2) Ante ello, en Colombia, se creó una dirección con la intención de repensar desde la política pública y de manera interdisciplinaria el cambio de mirada. También, se creó una política de priorización, es decir, un manejo estratégico de la información, donde los fiscales que atienden estos temas prioritarios tengan una carga menor que aquellos que no. 3) Mejorar la investigación, a atreves de innovación en comunicación y que haya un liderazgo bien definido. Además, que fiscales e investigadores toman el caso desde un principio, sigan con este hasta el final de la investigación.
• La experta chilena, Victoria Becerra, señaló que en país andino se hizo la reforma procesal penal en 1995 y se terminó de implementar en 2000. Esta implementación fue con mucha gradualidad, ya que tomó en cuenta la diversidad contextual chilena. Señaló la participación de gestores en las fiscalías locales como parte de su modelo. Se creó un sistema de análisis criminal que incluye un fiscal permanente. Apuntó que hubo mucha participación local en la construcción de los elementos prioritarios de cada una de las 18 fiscalías regionales. Destacó la importancia de la colaboración interinstitucional: carabineros (policías) y fiscales en una estrategia anti delincuencia. Habló sobre las traducciones de insumos jurídicos a la lengua Creole para atender al significativo número de migrantes haitianos en Chile. Abordó el tema de la gestión interna donde participan funcionarios de todo Chile en la creación de la estrategia nacional.
• Elvyn Díaz, experto guatemalteco, habló del contexto de los acuerdos de paz en su país. Explicó que, Guatemala fue primer país en hacer su reforma al sistema penal acusatorio que inició en 1996. Explicó el crecimiento de números de fiscales y fiscalías desde aquel entonces. Recalcó que los primeros 10 años de implementación fueron muy complicados porque se seguía muy sumergido en el sistema previo, el acusatorio. Hasta 2009 se implementó un plan estratégico con 5 unidades unidad de atención, unidad de depuración temprana, priorización (sobre todo en materia de recursos), unidad de litigación y la unidad de análisis criminal, para transparentar la labor de la fiscalía. Destacó labor de la fiscalía de delitos contra la vida que se creó a razón del alto índice de homicidios. Fortalecieron la atención a la víctima y los derechos humanos, con el modelo de atención integral con base en equipos interdisciplinarios. Cuando comenzó el tránsito a su nuevo modelo, también se fortaleció la carrera profesional del MP, situación que le ha sido muy benéfica a la instauración del modelo. Consideró que Guatemala le puede servir como punto de referencia a México
  Héctor Aníbal de León Polanco, otro experto de Guatemala, dijo “nos acostamos inquisitivos y nos levantamos acusatorios” para explicar lo brusco del cambio de un modelo a otro. Compartió cuestionamientos en relación con algunos problemas guatemaltecos, por ejemplo, si ¿al implementar el nuevo sistema, se pensó que este implica un cambio cultural en el país? Este cambio involucró a todos los guatemaltecos, situación que se debe tomar en cuenta para el caso mexicano. Cuando se pasa, de un día para el otro, a un modelo distinto, se tienen consecuencias, como el rechazo popular. Y si los propios abogados no entienden ese cambio de chip, el problema se magnifica. Se ha dicho que el sistema penal acusatorio es una puerta giratoria porque los delincuentes entran y salen, al perecer sin ningún problema. Esta percepción cambia cuando los usuarios se dan cuenta de que se puede aplicar la investigación. Dijo, estamos en un momento en el que la implementación será efectiva, en un sistema de libertad y no uno que pretenda la prisión para todos.
• Jan-Michel Simon, experto alemán, habló a título personal. Primero expuso sobre la investigación criminal, que definió como el sí y el cómo de la acción penal, en términos muy técnicos. Sobre la política criminal dijo debe ser definida por un ente soberano y la política de persecución penal debe estar definida por la entidad a cargo de la definición de la acción penal. No obstante, en Honduras y México es algo distinto, porque la política criminal distinta, son contextos muy caóticos. En este marco los órganos de procuración de justicia son subsumidos en un esquema de seguridad pública. Esto incide sobre la capacidad de definir la política criminal. Planteó que la política de persecución está definida en los esquemas procesales. En el caso mexicano da un margen bastante amplio del si y cómo de la persecución penal. Una vez desarrollada la operación, la institución genera una política de persecución penal. Lo ‘política’ implica autoridad para definir si y cómo. Aquí se implican cuestiones respecto de capacidad y autonomía. Señaló que en México no está definido quién tiene la autoridad para definir los planes de persecución. Por último, señaló que, si no hay claridad en la autonomía, no es posible que haya sostenibilidad en el plan.
• A continuación, la dinámica se centró en la participación de expertos mexicanos elaborando preguntas a los expertos internacionales.
• Leticia Soto preguntó ¿Cómo evitar la parálisis de las instituciones frente a la transición y planeación?, ¿Cómo implementamos un plan de carrera profesional? Y ¿Cómo implementar el diseño y balance entre el personal?, ¿Cómo ‘culturizar’ en torno al empleo de MASC?
  José Francisco de Villa Soto cuestionó ¿Cómo diseñar políticas públicas en el marco de una Fiscalía General si ya no es parte de la administración pública centralizada (está fuera del Plan Nacional de Desarrollo)?
  La intervención de Maximilian Murk planteó el tema del liderazgo y ética, la gestión de equipos. La cuestión sobre la reforma de la organización, especialmente en tema presupuestal ¿Cómo se ha dado el proceso de cambio de cultura direccional en las Fiscalías de Chile y Colombia?
  Ángeles Fromow cuestionó sobre el diseño de un modelo de gestión homologado de las instituciones de procuración de justicia. ¿Qué funciones ya no serán parte de la FGR? Especialmente las subprocuradurías. Señaló que en el Plan Nacional de Desarrollo no existe Política Criminal.
• María Teresa Mora preguntó: ¿Desde dónde monitoreamos la información: adjetivo o sustantivo? ¿Cómo fomentamos la Gobernabilidad de las dependencias? ¿Deberíamos tener unidades de especialización? ¿Cómo reabsorber el talento?
  Luis Espíndola planteó la discusión sobre la Constitución y cómo implica la existencia de al menos dos fiscalías junto a la general: Delitos Electorales y Anticorrupción. ¿Cómo plantear esquemas de autonomía al interior de un órgano autónomo? Habló sobre la profesionalización de los Agentes del Ministerio Público en relación con delitos electorales. Diseño en que la investigación es difícil. Esquema de diseño que sea compatible con la necesidad de la Fiscalía electoral para acceder a información relacionada con fiscalización. No se cuenta con jueces especializados en materia penal electoral.
• Rodrigo Pinzón habló sobre los niveles de especialización racionalizados. Propuso sistemas de procesamiento de la información para que los analistas entiendan. Sobre el modelo homologado de datos, dijo, está directamente relacionado con la sustentabilidad de un modelo homologado de procuración de justicia. Señaló que los costos de operación también se relacionan con la ausencia de implementación de estructuras informáticas. Para ello se debe construir, de forma interactiva, fuentes de datos e integrarlas a un modelo homologado de análisis de la información, además de la automatización de los procesos de procuración de justicia.

INCLUSIÓN SOCIAL COMO OBJETIVO PREVENTIVO

Por prevención de la delincuencia se entiende de forma genérica la reducción significativa de la frecuencia de la comisión y la gravedad de los comportamientos delictivos. Pero no todo vale en la búsqueda de la reducción de los delitos. Solo el respeto a los principios del estado de derecho y las garantías individuales de los ciudadanos hace que una estrategia de prevención de la delincuencia sea asumible en los países democráticos occidentales. Por tanto, es importante poner en práctica una política criminal que sea coherente con esa meta última. En la elección de cuáles deben ser las estrategias más acordes existen alternativas diversas, dependientes de modelos ideológicos y sociales diferenciados. Sin embargo, la política criminal ha dejado de reflejar las diferencias ideológicas que sí se aprecian en el diseño de las otras políticas públicas. El enorme rédito político traducido en el acopio de votos que aportan decisiones que transmiten una imagen de mano dura frente a la delincuencia y el delincuente ha difuminado prácticamente las diferencias entre la derecha y la izquierda en el abordaje del control del delito Por otra parte, y frente a lo que se nos pretende hacer creer, la política criminal se configura a partir de las consideraciones estrictamente partidarias y no por las demandas sociales o la realidad social. La criminología ha puesto ya sobradamente de manifiesto que son los agentes políticos y sus intereses inmediatos los que determinan en mayor medida la agenda político-criminal. Así, los contenidos cotidianos de los medios dependen en un alto porcentaje de la información aportada por fuentes oficiales o institucionales, lo que permite a estas dirigir la atención mediática hacia los asuntos que más les interesan. Del mismo modo, las demandas populares de mayor rigor punitivo se sustentan con frecuencia sobre un sentimiento difuso de preocupación por el delito, inducido por la reiterada presencia de noticias delictivas en los medios, que no se corresponde con los bajos niveles de miedo personal al delito ni con las moderadas actitudes punitivas de la población ante conductas delictivas concretas. También se cuestiona que la intensidad del control penal de un país guarde una estrecha relación con los niveles de criminalidad existentes. Por ejemplo, las tasas de encarcelamiento parecen ser más producto de decisiones político-criminales que reflejo de la criminalidad, y algo parecido puede suceder con el volumen de las fuerzas policiales y sus prácticas. Esta desconexión corrobora que en la configuración de la política criminal tienen más presencia decisiones valorativas o ideológicas que consideraciones utilitarias o de eficacia, pero también nos recuerda que la delincuencia se previene por todo el tejido social, y no solo por el derecho penal, en coherencia con la teoría del control social. Por último, las prácticas político-criminales extranjeras o las obligaciones internacionales influyen cada vez más en las decisiones nacionales sobre prevención o reducción de la delincuencia. Los modelos extranjeros más prestigiosos, entre los que destaca para muchos países el de los Estados Unidos, penetran difusamente en los centros de decisión político-criminal. Con todo, la discusión político criminal se ha basado en el binomio moderación / rigor punitivos, lo que presenta una serie de defectos teóricos y metodológicos significativos. Desde una visión teórica, el objetivo de la moderación punitiva se inserta en un contexto ideológico excesivamente pobre. En realidad podríamos considerarlo como una aproximación “buenista” o humanitaria a la política criminal, que se conforma con garantizar que todo sistema de control penal, al margen del modelo seguido o de los objetivos pretendidos, no alcance unos niveles de dureza que se consideran inaceptables. Y desde una visión metodológica, el objetivo de la moderación punitiva se sirve de indicadores excesivamente limitados. De hecho, se concentra de forma predominante en uno, la tasa de encarcelamiento por 100.000 habitantes. El indicador tiene, sin duda, muchas virtudes, pero también muchas insuficiencias como dejar sin considerar otros indicadores relevantes, como la duración media de las penas de prisión impuestas, el número de ingresos, la efectiva estancia media en prisión, o internamientos al margen del sistema penitenciario. Sin que deban olvidarse determinados acontecimientos que pueden enmascarar notablemente los datos, como las listas de espera para ingresar en prisión, o la existencia de indultos generales. Por tanto, la discusión sobre el objetivo de una política criminal centrada en los principios del estado de Derecho y las garantías individuales, más que centrarse en si debe ser punitivamente moderado o riguroso, debería centrarse en si las estrategias de prevención de la delincuencia minimizan la exclusión social de los que entran en conflicto con la ley penal. De esta manera toda estrategia de prevención de la delincuencia con un enfoque inclusivo debe pretender asegurar que el sospechoso o delincuente se encuentre, tras su contacto con los órganos de control penal, en iguales o mejores condiciones individuales y sociales para desarrollar voluntariamente una vida conforme con la ley. Porque precisamente el mantenimiento de un cierto nivel de inclusión social de sospechosos, delincuentes y exdelincuentes es una de las más eficaces estrategias para la prevención de la delincuencia. Y por el contrario la producción de la exclusión social de sospechosos, delincuentes y exdelincuentes por las instituciones de control penal genera mayor delincuencia a medio y largo plazo. (idea extraída el artículo de Díez Ripollés “La dimensión inclusión / exclusión social como guía de la política criminal comparada”)

...