Importancia De La Transparencia (o De Otros Principios) En La Adjudicación De Contratos, De Las Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios Y Obra pública,

El artículo 134 en materia de adquisiciones, arrendamiento y servicios estipula que los recursos económicos deben administrarse bajo el principio de la trasparencia, es uno de los principios al que deben apegarse los organismos de gobierno obligados a observar la ley reglamentaria de ese artículo constitucional y demás normatividad aplicable en cuanto a los recursos materiales.

La transparencia es una característica de un gobierno abierto y democrático; proclive a brindar apertura a sus procesos internos de ejercicio del gasto y a rendir cuentas sobre la ejecución del mismo. En este sentido, la transparencia en los procedimientos de contratación y de cada una de sus etapas, está prevista en el sistema denominado CompraNet, que, de acuerdo a la fracción II del artículo 2º de la LAASSP, contiene información de las unidades compradoras del gobierno y de los proveedores de bienes, servicios, arrendamientos y obras públicas, como:

1. Programas anuales sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios de la dependencias y entidades

2. Registro único de proveedores.

3. Padrón de testigos sociales

4. Registro de proveedores sancionados

5. Convocatorias a la licitación y sus modificaciones

6. Invitaciones a cuando menos tres personas

7. Actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo

8. Testimonios de los testigos sociales

9. Datos de los contratos y los convenios modificatorios

10. Adjudicaciones directas

11. Resoluciones de la instancia de inconformidad

Por otro lado y para garantizar la rendición de cuentas del ejercicio del gasto, que también es una cualidad de la transparencia, en el artículo 56 de la LAASSP se establece que la administración de CompraNet está a cargo de la Secretaría de la Función Pública, a la cual las dependencias, entidades y demás organismos de gobierno sujetos de la LAASSP, deben incorporar o proporcionar información que ésta les requiera sobre los actos y procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Lo anterior con el propósito de propiciar la transparencia ante la ciudadanía, que es la que finalmente evalúa la correcta aplicación de los recursos económicos.

DESARROLLO:

Todas las dependencias de gobierno, tanto de adquisiciones de contratos, licitaciones, obras públicas saben y están obligados a demostrar a los ciudadanos cómo se ejerce un gasto congruente y su aplicación

Por ello para afianzar el progreso y el bienestar de la ciudadanía, y para efectos de una buena administración, se hace necesario que la gestión de las compras sea revisada y dadas a conocer integralmente en sus aspectos administrativos, financieros, legales y tecnológicos. Con total transparencia y rectitud en las adquisiciones de bienes y servicios que realmente se requieren.

Se considera que el mejor mecanismo para prevenir la corrupción en materia de licitaciones, es dar amplia transparencia a los procesos de contratación, de manera que cualquier ciudadano pueda conocerlos y con el empleo de tecnología coadyuvará a mejorar la forma en que se lleva a cabo el proceso de adquisiciones actual.

Desde la perspectiva de la gestión pública y el análisis organizacional, la transparencia ha cobrado importancia recientemente porque las reformas administrativas, inspiradas en la Nueva Gestión Pública (NGP), la han llevado a convertirse en un importante mecanismo de control sobre políticos y funcionarios de todos los niveles. Aún más, se puede decir que la transparencia es uno de los elementos de una nueva relación entre Estados y sociedad que se viene forjando desde las últimas dos décadas del siglo XX.

Existen un conjunto de ideas básicas de la NPG para la implementación de reformas administrativas:

1. Sustituir el manejo burocrático tradicional de los asuntos públicos por una administración de corte gerencial, que tome en cuenta y utilice las técnicas y estrategias administrativas desarrolladas en el sector privado.

2. Utilizar en medida de lo posible, los mecanismos de mercado para la solución de asuntos públicos, lo que implica entender al ciudadano como un usuario o cliente

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