Interculturalidad En La Escuela

Lección 1: Concepto sobre función pública y Generalidades

El término <<función pública>> puede ser visto desde tres perspectivas, las cuales conforman globalmente el concepto objeto de estudio:

-General: desde este sentido, usamos la acepción estudiada para referirnos a aquellas actividades que se encuentran exclusivamente en cabeza del Estado.

-Recurso Humano: También se entiende como función pública, las acciones desempeñadas por los funcionarios públicos, los cuales representan el Estado.

-Relación Laboral: Desde la órbita de las relaciones suscitadas entre el Estado como empleador y los servidores públicos en su condición de subordinados.

Establecidos estos criterios, es oportuno mencionar que el concepto de función pública hace alusión a la acción desplegada y/o cumplida por una persona natural en virtud de su relación laboral con el Estado, y a través de la cual manifiesta de forma directa o indirecta la voluntad de la administración. Estos servidores públicos ejecutan actividades que van dirigidas al logro del bienestar de la sociedad, a la postre, están al servicio de la nación y de los ciudadanos; por lo que tanto su vinculación como su ejercicio laboral están provistos de solemnidades y de un régimen jurídico especial.

La Procuraduría General de la Nación, percibe la función pública de siguiente forma:

La Función Pública se ha referido tradicionalmente al empleo público, es decir, desde la actividad misma y desde el sujeto que como servidor público la realiza. Sin embargo hoy el rol de la Función Pública, como lo vemos desde la Procuraduría General de la Nación, es del mayor interés porque obedece a un concepto más amplio y complejo que hace referencia también a la forma de responder a las exigencias de la Modernización de la administración pública, tanto en los niveles centrales y territoriales. Por ello la Función Pública busca promover iniciativas desde la prevención que se dirijan a la reforma de la administración en dirección a la eficiencia, eficacia y economía en la acción administrativa. (Instituto de Estudios del Ministerio Público, 2008, P. 13)

En virtud de lo anterior, la función Pública no sólo es tomada en su acepción formal, sino que también es vista con un criterio finalista, es decir se toman en cuenta además de las funciones que los servidores públicos deben cumplir de acuerdo con la constitución y la ley, los resultados y el impacto obtenido con la ejecución de las mismas. De esta manera, la función pública es equiparada con principios de “buena gobernanza”, en la medida en que implica que con el cumplimiento de dichas funciones se logren los objetivos para las cuales éstas fueron creadas.

El marco regulatorio de la función pública está previsto en la Constitución Política de Colombia (Capitulo II, Artículos 122 al 131, ley 443 de 1998, ley 909 de 2004, Ley 4 de 1992 entre otras), en estas disposiciones se contemplan los rasgos característicos del ejercicio de la función pública, los cuales podemos resumir de la siguiente forma:

• La función pública se rige por unos principios constitucionales puntualizados en la ley 909 de 2004 articulo 2, los cuales son, transparencia, eficacia, moralidad, merito, igualdad, economía, imparcialidad, publicidad y celeridad.

• Todo lo atinente al ingreso, permanencia y retiro de la función pública, está regulado en la Constitución y la ley. Por tanto las obligaciones a cumplir en un determinado cargo público, deberán estar previamente especificadas en la ley y/o en los reglamentos, así como las responsabilidades que éstos tengan en ocasión al ejercicio del mismo.

• El acceso al empleo público está regido por el principio de meritocracia y transparencia, entre otros, en virtud de éstos se deberán elegir a las personas más idóneas para ejercer los cargos públicos, teniendo en cuenta para ello la aptitud y capacidades de los candidatos.

• A manera general, los cargos en la administración, se deben adquirir haciendo carrera administrativa, con excepción de aquellos servidores elegidos popularmente, los de libre nombramiento y remoción y los trabajadores oficiales. Dicha limitación se encuentra plasmada en el artículo 125 de la Constitución Política.

• La ley prohíbe

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