Justicia Administrativa

JUSTICIA ADMINISTRATIVA

La justicia administrativa es el control constitucional y legal de los actos de la autoridad a través de los mecanismos legales, de los órganos y de los procedimientos instituidos en la ley; así como la defensa de los derechos de los particulares que pueden ser vulnerados por dichos actos, a fin de que estos obtengan la reparación de los daños ocasionados. Una justicia administrativa impartida con las características antes señaladas, sobre todo más eficiente, eficaz y de calidad; sin duda contribuiría positivamente en el ambiente de desarrollo económico del país, toda vez que generaría en el sector privado o productivo una percepción favorable en el sentido de que el Estado Mexicano cuenta con certidumbre jurídica y condiciones propicias, en términos de la aplicación y ejecución de la justicia, para desarrollar inversiones, que de concretarse se traducirían en un mayor crecimiento económico, creación de más empleos y bienestar para los mexicanos.

JUSTICIA ADMINISTRATIVA FEDERAL

Las bases constitucionales de lo contencioso administrativo de la nación se encuentran señaladas en LEY FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Esta Ley es reglamentaria del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que toca al procedimiento y a las autoridades competentes para aplicar las sanciones administrativas que procedan por los actos u omisiones en que incurran los servidores públicos. En el ámbito de su competencia, serán autoridades facultadas para aplicar la presente Ley:

Las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, Los contralores internos y los titulares de las áreas de auditoría y de quejas de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, La Comisión Disciplinaria de la Función Pública, de cada dependencia y entidad, El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Los tribunales de trabajo y agrarios, El Instituto Federal Electoral, La Auditoría Superior de la Federación, La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, El Banco de México y Los demás órganos jurisdiccionales e instituciones que determinen las leyes.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de México, es un tribunal de lo contencioso-administrativo, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, encargado de dirimir las controversias jurídicas que se susciten entre la Administración Pública Federal y los particulares, sin embargo, no forma parte del Poder Judicial de la Federación, dependiendo presupuestalmente del Ejecutivo Federal. El Tribunal se encuentra integrado por una Sala Superior, 46 Salas regionales distribuidas

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