LA EXPLOTACIÓN MINERA EN COLOMBIA; UNA MIRADA DESDE LA S RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES.

LA EXPLOTACIÓN MINERA EN COLOMBIA; UNA MIRADA DESDE LA S RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES.

En los últimos años un tema a cobrado especial atención por porte de diferentes sectores sociopolíticos y económicos del país, este es el de la explotación minera, toda vez que este renglón se vislumbra por parte de actores gubernamentales, como un motor para el desarrollo económico del país, tanto así que el presidente Santos lo a denominado como una de las cinco locomotoras de la prosperidad dentro de su plan de gobierno. Pero desde la perspectiva social, ambiental e incluso económica, han surgido serias preocupaciones debido a la gran cantidad de concesiones solicitadas y otorgadas, a la posibilidad de que estas se lleven a cabo en zonas de reserva, con consecuencias desastrosas para el medio ambiente. Por lo que valdría la pena preguntarse si las regalías que produce esta actividad pueden estar en equilibrio con el daño causado y si estos se pueden mitigar redirigiendo estos recursos a hacia las comunidades que padecen la actividad minera y los impactos sociales de la misma, a la duplicidad de competencias de entidades y organismos como las CAR, el Ministerio del Medio Ambiente, las gobernaciones entre otros, a la claridad sobre el marco jurídico para la implementación en términos de eficiencia de mecanismos reales de control de la explotación minera en Colombia además de preguntas fundamentales sobre los reales beneficios para el país que traerá dicha actividad al contrastarlos con los impactos producidos.

La manera en la que se viene adelantado la actividad minera en el país, la multiplicidad de anomalías, los terribles efectos medioambientales y el poco o nulo control de las autoridades sobre las explotaciones, son dicientes de una situación que puede agravarse en el mediano plazo como una consecuencia del impulso que esta recibiendo el sector por parte del estado de no adoptarse mecanismos idóneos mediante los cuales se pueda garantizar el ejercicio de una minería responsable y sostenible. Esta situación se hace evidente en regiones como la del pacífico y el nordeste antioqueño donde la explotación tanto legal como ilegal de oro con la utilización indiscriminada de materiales peligrosos como mercurio y cianuro que contaminan ríos, aire y suelos tienen como resultado que la minería en estas zonas en vez de ser el tan promulgado motor de desarrollo se ha constituido no solo en un factor que merma la calidad de vida de los habitantes sino además en un verdadero problema de salud pública.1

Dado este escenario que se replica cada día en diferentes áreas, sería pertinente preguntar si verdaderamente Colombia esta preparada para el boom minero que esta en ciernes, esto cuando tomamos en cuenta declaraciones como las dadas por el candidato al premio Nobel de economía en el 2004 Albert Perry al periódico vanguardia Liberal donde pone como ejemplo a Nigeria, un país donde a su juicio la minería profundizó los problemas de desigualdad social, conflicto armado y acabó con el resto de actividades productivas del país, e Indonesia, un país donde los recursos de la minería fueron utilizados para fomentar el agro y reducir la pobreza.

Para él, vislumbrando las dinámicas del sector a nivel nacional, la locomotora minera acercará al país más a Nigeria que a Indonesia, pues no hay una institucionalidad lo suficientemente fuerte para controlar las condiciones de la industria.2

Es desde este punto de vista que se hace necesario analizar, no solamente la institucionalidad y el marco legal con el que actúa Colombia en esta materia sino que también lo es echar una mirada en torno a la racionalidad empleada por los actores con poder decisorio sobre este tema. Será pues que la promoción e implementación de la actividad minera en el país se esta llevando a cabo desde una perspectiva puramente economicista, teniendo en cuenta solamente criterios como el aumento del PIB y el crecimiento de la economía nacional, dejando de lado, o por lo menos en segundo plano aspectos clave que hacen referencia a la vida diaria de los habitantes de las zonas donde se producen las explotaciones y viendo las afectaciones medioambientales como un simple efecto colateral, ya que como lo afirma Perry en la misma entrevista “hay aspectos de la situación colombiana que me preocupan bastante, por ejemplo, el entendimiento aparente de que esto (la minería) es típicamente un motor saludable para el crecimiento, cuando la experiencia internacional nos muestra que frecuentemente no es así. Los estudios nos demuestran que el beneficio en cuanto al crecimiento del PIB, que implica una dependencia a exportar productos minerales, es o negativo o pequeño. Entonces yo creo que la política en cualquier país minero tiene que tener en cuenta esa experiencia internacional y diseñar políticas que, en el mejor de los casos, puedan limitar ese resultado negativo que hemos visto en tantos otros países”.

1. información proveniente de: EL SECTOR MINERO EN EL NORDESTE ANTIOQUEÑO: UNA MIRADA A LA

LUZ DE LA TEORIA DE LAS CAPACIDADES Y LOS RECURSOS, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, Colombia.

2, Periódico Vanguardia liberal miércoles 14 de marzo de 2012

Entrando en el análisis de la racionalidad gubernamental sobre el asunto minero, vale la pena proponer un replanteamiento de esta, puesto que si el tema se continua abordando desde la misma perspectiva, la coordinación entre entidades, la eficiencia administrativa y el control a los procesos, solo contribuirán a hacer extensivo un modelo perverso en lo social y ambiental con concesiones mineras en cada lugar donde sea físicamente posible explotar y con cuestiones como el daño ambiental, las condiciones de trabajo de los mineros y la calidad de vida de los lugareños y en ultimas de todos los colombianos, ubicadas como asuntos marginales en el marco de esta racionalidad macroeconómica tan promulgada por la tecnocracia.

Un marco legal para definir competencias.

Suponiendo que el estado replantee las lógicas con las que se esta abordando el asunto minero en el país, el paso a seguir sería llevar a cabo una definición clara de las competencias que corresponden a cada actor del proceso. Según la constitución nacional en su articulo 80 “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados”.

Por lo tanto según la constitución y las legislaciones subsecuentes se hace evidente que como

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