LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD ESCOLAR

ESTUDIO DE CASO 1

LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD ESCOLAR

Una unidad educativa fiscal, ubicada en una población urbana de la Sierra, oferta todos los niveles educativos obligatorios, con tres o cuatro paralelos por cada grado o curso, en jornadas matutina y vespertina, contando con su plantilla óptima de docentes. Todas las autoridades de la institución tienen nombramiento definitivo, el rector, los vicerrectores de cada jornada y los inspectores. No hay docentes, ni personal administrativo, regidos por el Código del Trabajo.

La institución se encuentra ubicada en una zona de Intensidad sísmica Muy Alta y en la zona de influencia de un volcán potencialmente activo, según los mapas del IG-EPN.

El Ecuador, es signatario del Marco de Sendai y se ha unido a la Iniciativa Mundial para Escuelas seguras WISS, que pretende cumplir con el objetivo de que en el año 2030 todas las escuelas del país tengan instalaciones de aprendizaje seguras, se hayan desarrollado los preparativos necesarios para una efectiva respuesta educativa a emergencias y se haya incorporado a sus contenidos la educación para la reducción de riesgo de desastre y resiliencia.

Con esta información, en el mes de julio, el Rector de la institución  educativa llama a su oficina al Inspector general y le indica que, por sus estudios realizados en materia de seguridad y salud ocupacional SSO, le ha designado como responsable de SSO en la institución educativa y que coordine con la Dirección Distrital de Educación las actividades que se deban desarrollar, a fin de que los directivos, docentes y personal administrativo realicen sus labores en un ambiente adecuado y propicio que garantice su salud ocupacional. Una vez realizadas las coordinaciones respectivas, en la institución se cumplirá a cabalidad el Plan de salud ocupacional integral con sus 4 elementos:

• Disposiciones reglamentarias.
• Gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
• Registro, investigación y notificación de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales e incidentes.
• Información, capacitación, certificación de competencias y entrenamiento en prevención de riesgos.

En el mes de agosto, el Rector convoca a su oficina al docente de Educación física de bachillerato y le indica que, gracias a su predisposición para participar en temas de emergencia y a su conocimiento del marco legal de protección a los estudiantes, lo ha designado como Coordinador de seguridad CS, para que instituya el Comité de gestión de riesgos CGR e implemente las medidas necesarias de protección a sus estudiantes, en el marco del Acuerdo Ministerial 0443-12, que se refiere a la Política Pública a reducir los riesgos de la comunidad educativa frente a amenazas de origen natural.

Al salir de la oficina del Rector, el docente revisa toda la normativa vigente tanto en la Constitución, en el Código de la niñez y de la adolescencia, en la LOEI y su Reglamento General y en los acuerdos vigentes sobre la seguridad y protección de los estudiantes.

Cuando termina de revisar el marco legal de la Seguridad escolar, se cuestiona si debe o no debe cumplir con la Política Integral de Seguridad Escolar en vigencia, la misma que

consta como Quinto componente del Proyecto Educativo Institucional PEI y Cuarta dimensión de los Estándares de Calidad Educativa, debido a que la Dirección Distrital de Educación DDE, no le ha exigido su cumplimiento y cuando se acercó a consultar sobre el tema, le indicaron que tampoco han recibido ninguna disposición al respecto.

El CS reflexiona que, a pesar de la falta de presión por parte de la DDE, a diferencia de otras normas y disposiciones dadas por el Ministerio de Educación que versan sobre calidad educativa que definen niveles de aprendizaje buenos o malos, la falta de gestión

en prevención y reducción de riegos sobre las amenazas a las que está expuesta la institución, podrían poner en peligro no solo el nivel de aprendizaje, sino la “vida misma”

de sus estudiantes en las múltiples formas que contempla la presencia de riesgos en su localidad y en todo el país y se pregunta dos cosas: ¿Qué habría pasado si los estudiantes de Manabí y Esmeraldas estaban en clases el momento del terremoto del 16 de abril del 2016? y ¿Cuáles serían las repercusiones legales y morales, para las actuales autoridades y miembros de las instituciones educativas, si vuelve a ocurrir un evento de este tipo que repita los daños severos a las escuelas, pero ahora sumen heridas graves o muerte de sus estudiantes, por no haber aplicado los correctivos a la normativa anterior que constan en Política actual?

Estas razones le han convencido al CS que sería imperdonable no implementar la actual Política Integral de Seguridad Escolar en su institución educativa. Para iniciar su gestión, el CS revisa y llega a comprender todos los documentos y recursos que instrumentan la Política Integral de Seguridad Escolar, sus objetivos y la participación de la comunidad en ella, así como sus 5 fases, 10 elementos y 4 indicadores. Lamenta no poder trabajar en

conjunto con la unidad educativa vecina, a pesar de que comparte múltiples riesgos de su localidad porque es privada y, al igual que en temas de SSO, esta Política es de aplicación exclusiva del sector público. Así mismo, le preocupa la sanción que podría tener si no alcanza el nivel Aceptable en la Evaluación institucional del SIGR-E con los resultados obtenidos en la gestión del primer quimestre.

Con esta información, en el mes de septiembre el CS inicia la conformación del Comité de Gestión de Riesgos CGR y la definición de sus funciones y responsabilidades, como el equipo responsable de implementar el Sistema Integral de Gestión de Riesgos Escolares en la institución.

Para ello convoca al Presidente del Comité de madres, padres de familia y representantes legales, así como al Presidente del Consejo Estudiantil y les indica que ellos, junto con el vicerrector, serán los Delegados de los grupos que representan en el CGR y que revisen las funciones responsabilidades que les corresponde.

Un padre de familia que es miembro de la Policía Nacional, ha generado un buen trabajo en conjunto con la Unidad de Policía Comunitaria del barrio y ha conseguido que el oficial a cargo de la Unidad, comprometa su apoyo y participación en las reuniones del CGR, como asesor en el campo de la seguridad física de sus estudiantes y sus instalaciones, sin embargo no fue aceptado dentro del Comité, por no tener una carta de autorización de la

DDE.

Una vez constituido el CGR, se organiza un taller para elaborar entre todos, en forma participativa y proactiva, el Diagnóstico de riesgos de desastres.

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