LA IMPUNIDAD NO DEBE SEGUIR!

LOS DAÑOS Y LOS IMPACTOS SOBRE LAS VICTIMAS

MEMORIA HISTORICA

ADRIANA REDONDO

FLOR AMARIS

PAULA GARCIA

YULY CACERES

LIZ CABELLO

ANGELA PATRICIA DELGADO PINTO

UNIVERSIDAD SANTO TÓMAS

FLORIDABLANCA

DERECHO

2013

¡LA IMPUNIDAD NO DEBE SEGUIR!

Actualmente en nuestro estado Colombiano se lucha diariamente por combatir lo que se le llama “impunidad” la cual a fin de cuentas no es más que una actuación generadora de frustración, desgaste emocional, re-victimización y falta de materialización de justicia.

Realmente es lamentable ver que las víctimas del conflicto armado en Colombia no solo deben soportar las acciones violentas de los distintos actores, sino que como si fuese poco después de esto viven pérdidas y sufrimientos derivados de la impunidad que encuentra relación en el contexto político ya que claramente presenta acciones que conducen a la falta de reconocimiento de las víctimas, con una insuficiencia en reparación verdadera faltando justicia y garantías de no repetición, junto a una precaria y contraproducente atención institucional que se une finalmente con el rechazo e indolencia social.

La impunidad no solo marca y denota más los sufrimientos de las víctimas, sino que además trae consigo nuevos daños y consecuencias traumáticas generadas por acciones deficientes en los avances y resoluciones de los determinados procesos judiciales, los cuales se ven envueltos en la lentitud y la creación de diversos obstáculos que impiden la materialización de la justicia y junto a esto se encuentra a nivel social y territorial persecuciones a los sobrevivientes y sus familias, que provocan una inestabilidad emocional y física de los ya afectados una vez.

Otras acciones que evidentemente afectan a las víctimas son la ausencia de garantías de seguridad al momento de realizar sus denuncias, las cuales muchas veces carecen de investigaciones eficaces que puedan conducir de manera efectiva a los responsables y disponer del castigo oportuno a los victimarios, también hace parte de esta lista de impunidad la falta de operancia de la acción judicial y policiva al momento de acabar bandas criminales lo cual lleva a deducir que el acceso a la justicia es limitado pues el victimario sigue al mando y con poder territorial.

Según las investigaciones realizadas a nivel de impunidad y re-victimización se ha encontrado que el Estado ha incumplido con su obligación de representar a las víctimas eficazmente en los procesos judiciales lo que lleva a que estas se vean obligadas a utilizar medios propios para encontrar pruebas que les permitan entablar dichos procesos para así llenar la ilusión de conocer la suerte de sus familiares; pero todo lo que tienen que hacer las víctimas para conseguir estas “pistas” hacen que se dé nuevamente el sometimiento a más violaciones de derechos bajo la vivencia de engaños, amenazas y humillaciones que contribuyen a la desafortunada re-victimización.

Sentirse solo, desamparado, sin apoyo estatal, viendo la justicia lejos y viviendo la impunidad de todo lo que se ha vivido llena el corazón de odio, miedo y de grandes deseos de venganza más aun cuando los responsables están libres, sin pago alguno por lo que hicieron y además con tenencia de poder y autoridad.

Las deficiencias en la atención de las víctimas por parte del Estado y la ineficaz política de reparación genera frustración, desgastes emocionales, empobrecimiento, revictimización y falta de amparo pues no se cuenta con funcionarios ni entidades confiables que sean eficaces al momento de materializar la justicia y dar fin a la impunidad de los hechos atroces que han padecido todas nuestras victimas Colombianas.

Los colombianos viviríamos mejor si existiera realmente un “Estado de Derecho” (Magdalena, 2009), en el que se pudiera confiar en la aplicación de la ley; las causas de la impunidad son muchas y entre estas una relevante que no se puede desconocer es el papel predominante que han jugado los dineros del narcotráfico en la corrupción del sistema judicial y de los organismos de seguridad del Estado.

Debido a todos los factores ya mencionados se establece que las cifras de la impunidad en Colombia son aterradoras; esta se ha mantenido en un porcentaje cercano o superior al 90 por ciento. Como lo señalan en su interesante estudio Diego Laserna y Alejandro Moreno, sólo 20 de cada 100 delitos se denuncian, y de éstos 14 prescriben. En estas condiciones, resulta sorprendente que alguien se moleste en denunciar. En muchos casos, la denuncia pone en riesgo la integridad física de quien la interpone, y la probabilidad de que lleve a la captura y condena del delincuente es más que remota. Si a esto se agregan los enormes problemas atinentes al acceso a la justicia, el atraso judicial y la demora en los procesos, la idea de una justicia “pronta y cumplida” parece ser un mito en el que ya pocos creen.

Este desgraciado factor ante los ojos de las victimas causa un daño mayor que el sufrido por violación de sus derechos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos como garante de los derechos vulnerados en nuestro país ha proferido sentencias en relación con casos puntuales en Colombia como los son: La masacre de los 19 Comerciantes en Santander y Boyacá, la Rochela de Simacota, Santander, la Escué Zapata y el Caballero Delgado de la masacre de Mapiripán, por medio de las cuales se le determina la responsabilidad al Estado Colombiano y se obliga a la restitución y reparación simbólica de las víctimas.

La Corte Constitucional como intermediaria entre la población civil en este caso las víctimas y la Corte Interamericana de derechos Humanos es la que direcciona el cumplimiento que debe dar el Estado Colombiano velando así por la eficacia de lo decidido en los tribunales internacionales.

Más puntualmente en nuestro país las Corte Constitucional ha realizado pronunciamiento con lo relacionado a la sentencias de la Corte Interamericana de derechos Humanos de 2004, en el caso concreto de la masacre de los 19 comerciantes VS el Estado Colombiano, como un llamado de atención a los plazos dispuestos para la reparación que a la fecha no se ha dado.

Y es que precisamente las victimas ven en el Estado la figura de justicia a la vulneración de sus derechos buscando la reparación del daño causado, pero como lo muestra el informe de Victimología de Memoria Historia, en muchos casos y momentos de conflicto el Estado no ha ejercido su papel de garante, lo cual dificulta el acceso a la justicia por parte de las víctimas en pro de las trabas

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