Susana Torrado - Argentina: El Modelo Para No Seguir.

Ajuste y cohesión social

ARGENTINA: EL MODELO

PARA NO SEGUIR

Susana Torrado*

* Socióloga argentina, se desempeña en la cátedra de Demografía Social,

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

1. Introducción

Estas reflexiones buscan responder a la pregunta ¿qué nos pasó a los argentinos? desde la perspectiva del bienestar social.

Para ello adoptaremos una perspectiva histórica mos­tran­do las conexiones que existen entre los modelos de acu­mul­a­ción económica, la reproducción de la población -en especial de la fuerza de trabajo (FT)- y los modos de in­tervención del Es­tado.

Voy a distinguir los siguientes modelos cuyas carac­te­rís­ti­cas, por razones de espacio, daré por conocidas: agro­exportador (1870-1930); industrializadores [justi­cia­lis­ta (1945-1955) y desarrollista (1958-1972); aperturista (1976-2002). Trataré en cada mo­mento de situar la Argentina -país pe­ri­férico- respecto a los países centrales, prin­ci­palmente Europa.

2. Marco conceptual

En la reproducción de la FT intervienen diversos me­ca­nis­mos, de los cuales aquí sólo voy a retener dos: a) los uti­li­za­dos para sufragar el costo de la reproducción; b) los que a­se­gu­ran el disciplinamiento social que es soporte de la acu­mu­la­ción y la reproducción. La reproducción de la FT tiene tres componentes: la reconstitución cotidiana de la capacidad de tra­ba­jo (pagada con el salario directo); el mantenimiento del trabajador en inactividad (enfermedad, vejez); su reemplazo ge­­ne­racional (estos dos úl­timos pagados con el salario indirecto).

3. Modelo agroexportador

3.1 Países centrales

En Europa, el proceso de industrialización iniciado a fines del siglo XVIII indujo un gran pauperismo urbano. En la visión de las elites dominantes, este pauperismo se definía no sólo por carencias materiales sino también por carencias ‘mo­ra­les’. El peligro no residía tanto en la amenaza contra la se­gu­ri­dad pública, cuanto en la desocialización del proletariado industrial respecto a la sociedad emergente. Esta situación plan­teó varios interrogantes: ¿Cómo integrar disciplinadamente las masas desafiliadas de su antigua condición? ¿Qué hacer frente al desamparo de los trabajadores y frente a otros síntomas concomitantes de disociación social (nacimientos ilegítimos, niños abandonados, infanticidios, vagabundeo, masas hambrientas, mortalidad galopante)?

La respuesta fue la delegación de las acciones pertinentes en instituciones filantrópicas financiadas total o parcialmente por el Estado: su objetivo era organizar los servicios colectivos y difundir las técnicas de bienestar y de gestión social indispensables para la reproducción. Estas medidas estaban encaminadas a establecer un poder tutelar sobre los pobres, que asegurara funciones de beneficencia sin la intervención del Estado. Porque la idea-fuerza de las elites liberales era evitar que el socorro social se constituyera en una cuestión de derecho, ya que admitir el derecho a la asistencia (más tarde, el derecho al trabajo) suponía abolir la propiedad privada.

Tutela y Patronato fueron entonces las ideas rectoras de un plan de gobernabilidad de las clases inferiores; una forma de reestructurar el mundo del trabajo a través de un sistema de obligaciones morales; una respuesta a la vez política y no es­tatal a la cuestión social. En suma, una política social sin Estado.

3.2 Argentina (1870-1930)

En la Argentina agroexportadora, la masiva llegada de in­mi­grantes -la mayor parte de los cuales procedía de zonas ru­rales-, así como su prioritaria radicación en las grandes urbes de la región pampeana, se tradujo en una situación que, sino en sus causas, sí en sus manifestaciones, es asimilable a aquella experiencia europea. El liberalismo entonces gobernante se encontró frente a una doble amenaza: a) el aumento del pauperismo urbano, que reclamaba del Estado una mayor asistencia so pena de poner en peligro la pro­pia reproducción poblacional; b) la visibilidad de las desigualdades sociales, que podía impedir organizar en forma disciplinada la inserción social y laboral de las nuevas clases populares. Como en Europa, ambas amenazas se resumían en una sola cuestión: ¿cómo asegurar la reproducción y el dis­ciplinamiento social -base de la integración social- des­li­gan­do al Estado de cualquier responsabilidad?

En nuestro país se desarrollaron tres vertientes del mo­vi­mien­to filantrópico: el asis­tencialismo moralizador (focalizado en la virtud del ahorro); la intervención médico-higienista (control de la salud); el patronato o tutela de la infancia (reglamentación de la patria potestad). Surgió, entonces, una multitud de aso­cia­ciones -públicas y privadas, confesionales y no-con­fe­sio­nales- cuyo objetivo explícito o implícito fue el de encuadrar a las mujeres y los niños (es decir, a las familias) de los sec­t­ores populares urbanos en rígidas pautas de conducta com­pa­­tibles con la necesidad de crear los individuos aptos para el trabajo subordinado y para la aceptación del orden normativo vi­­gente que requería la sociedad argentina.

Por entonces, en la ciudad de Buenos Aires se clasificaba a los pobres en dos ca­te­go­rías: a) los pobres de solemnidad, cu­­ya condición debía comprobarse mediante un cer­ti­ficado po­licial que les otorgaba el derecho a la caridad institucional; b) los pobres de segunda categoría, que no estaban registrados y, por lo tanto, no eran reconocidos como candidatos a la asis­ten­­cia so­cial. La acción filantrópica se centró en la primera categoría.

Esta política fue exitosa visto que, al finalizar la etapa agro­ex­portadora, se habían alcanzado en el país casi todas las me­tas perseguidas: arraigar, uniformar e integrar la enorme y he­terogénea masa de los recién llegados, afianzando al mismo tiem­po -con excepción de las prácticas limitativas del número de hijos-, el ideal de familia cristiana enraizado en las capas me­dias capitalinas anteriores al aluvión extranjero.

4. El Estado de bienestar (EB)

4.1 Países centrales

Ahora bien, en Europa, a fines del siglo XIX y comienzos del XX, el avance de la industrialización generalizó la relación sa­larial. Paralelamente, el desarrollo de las organizaciones ob­reras y de los partidos clasistas, el sufragio universal que concedía ciudadanía política a la clase obrera, la necesidad de preservar un nivel de paz social compatible con la a­cu­mu­la­ción, llevaron a que las clases dominantes aceptaran una re­definición de la cuestión social, que implicó una re­de­fi­ni­ción

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