LO PÚBLICO DE LA ÉTICA PÚBLICA

Por: José René OLIVOS CAMPOS*

I. INTRODUCCIÓN

La importancia de la ética pública en las sociedades contemporáneas refleja una de las tendencias de los Estados que buscan responder a los imperativos de la formación de una con ciencia moral de la vida política, económica y social, en la atención de lograr consensos, compromisos y responsabilidades del poder público.

De este modo, la ética constituye uno de los asuntos públicos, que resulta ineludible para la forma de obrar de los gobiernos, los cuales tienden a invocar un cuerpo de principios éticos de pretendida obligatoriedad.

Esta acción de los gobiernos suscita el planteamiento de que si realmente la vida pública se rige por principios morales, que puedan producir el desarrollo humano y social a partir del comportamiento orientado por la virtud y no por la riqueza y el poder. Cuestión que conduce a considerar que la

máxima eticidad pública es aún utópica, frente a los deterioros del bienestar social, expresados por la desigualdad, los altos índices de criminalidad, la falta de efectividad de los derechos humanos o las nuevas epidemias.

En este sentido, la relación entre los principios éticos públicos y sus aplicaciones a las complejas realidades sociales producen una profunda falta de credibilidad para aceptar que los enunciados éticos permitan revertir los altos grados de deterioros a escala planetaria.

Esta falta de credibilidad corresponde a la poca confianza que se tiene en las instituciones políticas y jurídicas en tiempos de apertura y globalidad crecientes y la democratización del poder, cuyos resultados han sido el reencuentro ampliado de la brecha entre pobreza y riqueza, mayores índices de abstencionismo en la renovación del poder público en los regímenes democráticos representativos, así como los que devienen, por quienes imparten justicia, no respetan o no hacen respetar el Estado de derecho, lo que ha generado déficit de gobernabilidad y, sin duda, una crisis moral profunda en las sociedades contemporáneas.

Son fenómenos que dificultan la eficacia de la ética pública, lo que obliga a repensar cuál debe ser el sentido de ésta, para regular el desarrollo justo, equitativo y humano.

En el debate de la ética pública, la presen te ponencia tiene por objetivo examinar la importancia de la ética pública en la producción y vigencia de los valores de lo público, que implica tanto al gobierno, a la ciudadanía y los actores de la sociedad en el desarrollo, lo cual se sustenta en los principios de la igualdad y la libertad. Esto comprendería el contenido de lo público de la ética pública, lo cual tiene ubicación en el desarrollo de sociedades democráticas.

II. CONTEXTO

Hoy en día, en los distintos órdenes de la vida pública, es empleado el término ético vinculado a determinar principios, va lo res y actitudes que resultan fundamentales para el quehacer público y la convivencia de la sociedad moderna.

El imperativo por la dimensión ética en la vida pública, en la sociedad producto de la modernización, responde al reacomodo mundial que se expresa en una época que es más interdependiente, incierta y turbulenta. La interdependencia manifiesta por el capitalismo posmoderno, “significa que las economías nacionales, ante la apertura y la globalización en la producción y en las finanzas, han pasado a ser economías interdependientes de los mercados internacionales”.1 Â La incertidumbre constituye

un rasgo que se ha hecho presente en la economía de un mundo tan complejo y cambiante como el de la década de los ochenta y finales de siglo. El fin de siglo ha sido llamado con razón “la era de la incertidumbre”, porque a diferencia de los años setenta, la interdependencia… la globalización y la complejidad de los actores y de intercambios han hecho menos previsible el comportamiento económico.2

Mientras que la turbulencia “se caracteriza por que no admite predicción. Es seguro que ocurrirá lo inesperado; pero es imposible predecir cuándo, dónde y cómo. Vivimos en tiempos turbulentos, no porque haya muchos cambios, sino porque se mueven en muchas direcciones distintas

En este nuevo escenario de la sociedad moderna, los Estados nacionales ceden lugar al paradigma de la ética pública para sortear el ritmo de cambio, que oscila a producir una mejor actitud y a la formación de una conciencia moral pública como una respuesta para atender a los requerimientos de una actuación pública responsable, transparente y apegada a principios públicos, lo cual se expresa en dos vertientes: la primera apunta al combate a la corrupción en las instituciones gubernamentales y, la segunda, para que se impulse el desarrollo integral y sustentable con valores que respeten a la calidad de vida. Ambos aspectos convergen en una dimensión global e interdependiente.

En la vertiente del combate a la corrupción, distintos gobiernos manifiestan la preocupación para obtener, con el sentido ético, una nueva concepción de los asuntos gubernamentales sustenta da en los valores morales para la vida en sociedad y para lograr el buen funciona miento del gobierno,

lo que se observa por la presencia de códigos de ética pública que prescriben reglas como factor primordial de la función pública, con las que se pretende regular determinadas conductas que afectan el patrimonio de los recursos públicos y el buen desempeño de las instituciones públicas.

En la nueva realidad de la sociedad moderna, la corrupción se configura en la apertura de mercados nacionales; con frecuencia aumentan las posibilidades de desvió de recursos públicos; en la amenaza de “fraudes cibernéticos” en los mercados financieros inter nacionales; en los procesos de privatización de empresas públicas ofrece oportunidades para que los servidores públicos cometan peculado e incluso obtengan un beneficio directo en la asignación y adquisición de empresas a precios por debajo del mercado utilizando a un tercero.4

De este modo, los códigos de ética pública que establecen los gobiernos, se inscriben como una forma de combatir y evitar la corrupción, lo cual es un asunto prioritario para el desarrollo institucional del gobierno, que es observable en la percepción de las agencias gubernamentales y organismos multilaterales, que comprenden a la corrupción como situación crítica y amenaza a las “instituciones públicas democráticas, que permiten la influencia de intereses impropios en el uso de recursos públicos y poder, minando la confianza de los ciudadanos en las actividades legítimas del Estado”

Esta preocupación se ha patentizado con los resultados empíricos que el Banco Mundial ha realizado con gran número de países, al considerar los indicadores de desarrollo institucional,

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