LOS FRAUDES EN COLOMBIA

LOS FRAUDES EN COLOMBIA

Danna Valentina Bustos Martínez

Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha acogido –equivocadamente– como una especie de don propio e innato, el acto y la costumbre del “engaño”. Éste, cuando es de naturaleza económica y acompañado de la intención de conseguir beneficios, es lo que se conoce en la cotidianidad como “fraude”. De hecho, es bastante común que quienes son hábiles para ‹engañar› por distintas causas o motivos, son tenidos en el contexto grupal del vecindario como “hábiles y/o vivos”. Nada más descaminado porque, siempre, quien sea la víctima del tal engaño se ve de una forma u otra perjudicada y/o afectada. Este ensayo tiene como propósito central, mostrar someramente los aspectos y efectos que se han generado como secuelas de algunos de los grandes fraudes económicos que han afectado profundamente la vida y patrimonios de miles de ciudadanos y cuyos protagonistas culpables, amparándose en engaños y abusos, se han apropiado abusivamente de las pertenencias de sus víctimas.

Referirse a todas las empresas que han pasado por el cedazo de las autoridades colombianas por sus acciones corruptas, engañosas y desfalcadoras de los bienes de los asociados o del Estado, no es el propósito de este ensayo. Se hará alusión solo a algunas pocas, las que más conoce la opinión pública nacional e internacional.

Los millonarios sobrecostos y el impacto en las cuentas de la obra Reficar (Refinería de Cartagena); los muy irregulares contratos de los hermanos Nule (de Sucre) con la alcaldía de Bogotá; la quiebra del Grupo Grancolombiano de Jaime Michelsen Uribe; el caso de corrupción estatal de la multinacional brasileña Odebrecht; las malas prácticas financieras, la quiebra y la desconfianza en el mercado por cuenta de Interbolsa; la instauración de una empresa para lavar dinero de la mafia del narcotráfico con las iniciales del nombre de su creador, DMG (David Murcia Guzmán), a comienzos del nuevo milenio y, por último, el derrumbe del Sector Cooperativo a finales del siglo pasado, por muy diversos motivos entre los que se pueden señalar como ejes las malas administraciones y las deficiencias en la vigilancia estatal, son los casos en los que se centrará esta reflexión.

Desde su inicio como construcción privada en el último lustro de los 50s del siglo pasado hasta la hecatombe estatal del 2015, la Refinería de Cartagena ha estado en boca en boca en los distintos estamentos tanto públicos como privados a nivel global. Según el Senador de la oposición, Jorge Enrique Robledo, lo que sucedió en Reficar es toda una vergüenza. Denunció que es inaceptable que los costos de construcción de la refinería hayan pasado de $4.000 a $8.000 millones de dólares. En términos de pérdidas para el Estado (Ecopetrol), se trataría del mayor descalabro de las finanzas públicas (alrededor de 1,5 veces los costos de la ampliación del Canal de Panamá ó 1.15 veces el costo del Metro de Bogotá). Y las adiciones de los contratos de la obra pasaron de $ 23 millones de dólares a $ 8.615 millones de dólares, una “oceánica” cantidad de dinero.

La muy anómala situación de Reficar se ha tomado como referencia del nivel de corrupción que se vive en distintas entidades oficiales, porque con esta empresa se evidenció la cantidad de complicaciones que aparecen entorno al verdadero sentido de la responsabilidad social, puesto que ni la realidad económica de la empresa, ni el nivel profesional de su planta de personal dieron la talla para poder presentar una información financiera aceptable a los interesados (los colombianos). Se vivencia, para un lego en la materia, que la actuación ética de los implicados ha dejado mucho que desear. Un Contador Público se preguntará, ¿cómo se puede generar confianza a los colombianos, cuando se está dando prioridad a elementos que transgreden los principios éticos más básicos y las actuaciones profesionales dejan vacíos muy sospechosos?^[1]

El Grupo Nule, que se había originado en Sucre a comienzos de los 90s, hizo presencia en la capital casi a finales del siglo pasado, cuando ganó el contrato con el IDU para construir una ciclo–ruta en Fontibón. Más tarde logró el contrato del acueducto y más tarde, entraron a formar parte de los pesos pesados de las licitaciones públicas. Para el 2004, ofreciendo precios especiales –untados de coimas–, el grupo ganó concesiones viales, prestación de servicios públicos y de energía. Lo que los subió al curubito fue la concesión de la doble calzada Bogotá–Girardot, el proyecto vial más grande de todo el país, en ese momento. A pesar de las objeciones del Procurador de la época –inconveniencia financiera, fallas en los pliegos de condiciones, entre otros–, el gobierno adjudicó en contrato al grupo Nule. Y comenzaron las modificaciones con adiciones de casi 27 mil millones. A pesar de todas las fallas, la Dirección de Estupefacientes prestó casi 25 mil millones para poder seguir adelante. En el 2007 comenzó el “escándalo”, tras la licitación de uno de los tramos de Transmilenio, que obtuvieron con la anuencia un congresista y de un contratista, quienes recibieron la prebenda de mil setecientos cincuenta millones de pesos. Esa fase del Transmilenio costaba alrededor de un billón 153 mil millones, que se aumentó por 318 mil millones a los Nule. Pero estos no tenían ni todos los diseños ni la compra de los predios necesarios. Fue cuando conocieron a Iván Moreno hermano del Alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas. Y comenzó el carrusel de la contratación. Falta de liquidez, cesación de pagos, elevado endeudamiento y retraso en las obras. La historia la conoce el país. Los hermanos Moreno Rojas en la cárcel, los Nule y sus “compadres” en lo mismo, pero el detrimento patrimonial presente y a la orden.

Los efectos económicos y sociales de este tremendo caso de corrupción estatal todavía preocupan a Bogotá, y más ahora cuando los Nule están demandando por devoluciones de dinero que, según ellos, fue el distrito el culpable de garrafales errores a la hora de la elaboración de los pliegos de contratación. Mientras tanto, la ciudadanía capitalina observa como las megaobras que exige una ciudad pujante como ésta, solo son proyectos inacabados. Parecería que se trata de un especie de “maldición” que se volvió conta los mismos que la lanzaron. La corrupción se pasea oronda y los culpables, algunos con casa por cárcel y otros, con las mejores condiciones en sus celdas donde celebran reuniones y hacen banquetes a diestra y siniestra.^[2]

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