La Exclusion Social

La exclusión social

El concepto de exclusión social se refiere a los procesos y situaciones que impiden la satisfacción de las necesidades básicas de las personas (trabajo, vivienda, educación, acceso a la sanidad) y su participación en la sociedad.

En esta situación se encuentran todas aquellas personas sin hogar; los inmigrantes que sufren el racismo y la xenofobia; los ancianos que perciben unas pensiones insuficientes o no tienen derecho a ellas, carecen de la asistencia médica necesaria y viven en la más completa soledad; los ex reclusos y los ex toxicómanos que ven obstaculizada su reinserción en la sociedad; las personas que, a causa del paro o de la enfermedad, pierden sus trabajos y se ven sumidas en una situación precaria, etc.

Factores que producen exclusión social

La exclusión se puede producir debido a diferentes factores, así también puede ser el resultado indirecto de procesos de desarrollo, ya sea por el hecho de seguir ciertos ideales de una comunidad, por una precaria situación económica, o bien en algunos casos se produce cuando la sociedad responde a los intereses de un grupo minoritario que ejerce el poder. La privación o dificultad para la satisfacción de ciertas necesidades secundarias e incluso algunas de las necesidades básicas (tales como disponibilidad de servicios como agua potable, desagüe y electricidad) es una característica común en todos los grados y tipos de marginación.

En los últimos años, los avances tecnológicos, la evolución del mercado laboral y el cambio en la estructura familiar han generado nuevas formas de exclusión, como, por ejemplo, la de aquellas personas que no tienen la formación adecuada para adaptarse a los actuales procesos productivos; los parados de larga duración; los jóvenes que no consiguen su primer empleo o una estabilidad laboral; las mujeres que son discriminadas en cuanto a oportunidades de empleo y salario; los discapacitados físicos y psíquicos que se encuentran en unas condiciones muy desfavorables para acceder a un puesto de trabajo; las personas que trabajan por un sueldo mísero y sin protección social, dentro de la llamada economía sumergida; y muchas familias monoparentales cuyos ingresos son insuficientes.

Es un flagelo que atenta contra los derechos humanos más elementales de las personas, crea inestabilidad en los sistemas democráticos y produce efectos económicos regresivos. Superarla no es una tarea fácil, sin embargo es claro que por su naturaleza y complejidad amerita políticas que trasciendan los usuales enfoques economicistas, que la restringen sólo a un problema de carencia de recursos económicos o de ingreso, y que apunten hacia el diseño de acciones más sistémicas e integrales, donde el fin último sea el desarrollo de las capacidades humanas y el bienestar social.

En América Latina, donde según distintas fuentes, la pobreza afecta al 50% de la población, superarla no es sólo un imperativo ético sino un requisito fundamental para el desarrollo económico, político y social de los países y como tal debe ubicarse en la agenda de prioridades. Los esfuerzos en este camino señalan la existencia de una serie de obstáculos, que refuerzan estructuralmente la pobreza y la desigualdad. Muchos de ellos tienen que ver con las dificultades derivadas de la inserción a la economía internacional, otras con el funcionamiento de las instituciones y organizaciones vinculadas a lo social y otras con la adopción de políticas que presentan una visión restringida y distorsionada de los problemas sociales y sus causas.

En el caso particular de Venezuela, que desde fines de los años 70 atraviesa por una crisis económica y sus secuelas repercuten de manera negativa en la calidad de vida de gran parte de la población, es necesario diseñar e implementar acciones sostenibles que reviertan esta situación, contribuyendo a fortalecer la democracia y a alcanzar un desarrollo social sustentable.

El objetivo es reunir y organizar algunas propuestas generales que si bien han sido formuladas por diversas fuentes, no han recibido aún atención suficiente por los factores de poder en quienes ha reposado la toma de decisiones en distintos momentos, por lo cual su pertinencia está cada vez más vigente y podrían servir de orientación para el diseño de una política social dirigida a superar la pobreza en Venezuela, entendida como parte de una política más amplia, de desarrollo social.

Como marco referencial, se revisan brevemente las estrategias de desarrollo instrumentadas en América Latina y en Venezuela a partir del desarrollismo. Asimismo se realiza una breve descripción de la manera como ha sido concebida la política social y el enfrentamiento a la pobreza en el país, señalando los principales obstáculos que han limitado una gestión eficiente en la materia.

Finalmente se presentan las propuestas enmarcadas en una visión integral de desarrollo social, a partir de una serie de condiciones que propiciarían un entorno favorable para la implementación de las mismas

La política social es el instrumento fundamental a través del cual se promueve el desarrollo social, no sigue un camino único, siempre responde a un modelo de desarrollo, a un contexto, a una coyuntura, a una relación de fuerzas sociopolíticas y es producto de una estrategia pensada a partir de la situación social, económica y política existente; cumpliendo importantes funciones de legitimación, reproducción y acumulación, mediante la implementación de una serie de programas que pueden ser de carácter promocional, compensatorio, sectorial, o estructural, con el fin de incidir en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

En el caso particular de Venezuela, según las intervenciones oficiales correspondientes al período democrático, es posible identificar, básicamente, el predominio de dos modelos de política social, en los cuales se han inscrito las estrategias de atención a la pobreza: el universalismo y la focalización. El primero, el modelo universalista, implementado en el período 1958–1988, se caracterizó por la aplicación de subsidios indirectos dirigidos a garantizar el acceso de los sectores de bajos ingresos a los alimentos básicos, igualmente, los programas tradicionales del Estado en materia de salud, educación, vivienda y seguridad social, estaban diseñados para brindar asistencia libre y universal a la población en general, sin discriminar a los sectores de altos, medianos o bajos ingresos.

Como consecuencia de la crisis económica de la década de los ochenta, la política social universalista se vio gravemente comprometida al pretender continuar con menos disponibilidad de recursos programas masivos, lo cual condujo al deterioro generalizado de los servicios sociales fundamentales, como la educación

...