La Ilegalidad En El Actuar De La Milicia Mexicana; Permitida Y Respaldada"

Hace ya algunos años, cinco para ser exactos, el ejecutivo recién entrante de la esfera federal, Felipe Calderón Hinojosa decidió, respondiendo a la inseguridad acrecentada debido a la operación de una serie de grupos dedicados al tráfico y venta de drogas en el país, iniciar una estrategia para combatir la delincuencia organizada, hoy por los discursos oficiales se le conoce por las calles mexicanas como; “la guerra contra la delincuencia organizada”. Esta pretendía dar fin a los grupos organizados delictivos que se habían enraizado en la cotidianidad mexicana.

La estrategia contaba, no solo la intervención de los cuerpos policiacos de esferas federales, sino también, los cuerpos municipales y estatales como una acción conjunta que diera viabilidad a la iniciativa.

Pronto, no solo la federación y algunos de sus actores se comenzaron a vislumbrar como colaboradores de grupos delincuenciales, en especial narcotraficantes, sino que también los cuerpos policiacos de la mayoría de las esferas de gobierno tenían en sus filas personas infiltradas a sueldo. Esto complicaba la efectividad de los operativos y disminuía la eficiencia en acciones en contra de los propios grupos delictivos.

Como comandante supremo de las fuerzas armadas, el primer mandatario; Presidente Felipe Calderón Hinojosa, decidió una de las acciones que más han lastimado y fragmentado el Estado de Derecho en el país; la intervención y salida del ejercito para combatir a los grupos narcotraficantes que comenzaban a dar evidencias y uso de especializado armamento y entrenamiento en los integrantes de sus filas. Desde entonces, México ha sufrido un incremento dramático de la violencia a lo largo de todo el país.

La salida a las calles y su permanencia de las fuerzas armadas del ejército implicaron una interminable lista en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de casos en los que se denunciaban violaciones a los derechos humanos por parte de los efectivos militares, en especial en cinco estado de la republica;

Baja California, Nuevo León, Chihuahua, Tabasco y Guerrero, Según datos emanados del reporte de Human Rights Watch “ni seguridad, ni derechos” con fecha del 9 de noviembre del 2011 (Human Rights Watch, 2011), estos estados son en donde mayormente están concentradas las denuncias en contra de los derechos humanos por parte de efectivos militares.

Como respuesta a esta ola de denuncias que dejaban entrever que los militares lesionaban profundamente el Estado de derecho en nuestro país, el ejecutivo federal tomó la decisión el día 4 de diciembre del 2009 de poner en las calles y territorios sin mar a los efectivos de la secretaría de Marina (SEMAR). Su primer operativo se realizó en Juárez Nuevo León.

Como respuesta a esta acción, y por supuesto a las anteriores de comenzar una “guerra” contra el crimen organizado, se multiplicaron las muertes, cautiverios de inocentes, los cateos sin orden judicial, las desapariciones, las torturas, y hasta ejecuciones, todas estas modalidades de violaciones a los derechos humanos atribuidas específicamente a los integrantes de la milicia terrestre y marina.

Y es que en realidad la violencia en México, durante el transcurso de los cinco actualmente años de gestión del presidente calderón ha aumentado sobremanera. Según datos del Human Rights Watch tras un par de décadas de decremento sostenido en la violencia, la tasa de homicidios aumentó más del 260 por ciento entre 2007 y 2010 (Human Rights Watch, 2011), entre las cuales muchas se atribuyen a exceso de violencia y ejecuciones por parte de militares terrestres y marinos.

Una defensora de los derechos humanos declaro al diario de Monterrey que los marinos y militares; “tienen permiso implícito para violar la constitución, de modo que pueden robar, secuestrar, desaparecer, matar y no pasa nada” (proceso, 2011).

En este tema de la impartición de justicia, Kaufmann en sus indicadores de la dimensión de Rule of Law muestra otro determinante que es profundamente lesionado por estas acciones militares; Obligatoriedad de los Contratos (Kaufmann, 2000), en donde como mencionábamos con anterioridad, parece que la ley no se implementa de igual forma para todos, aun siendo militares se encuentran sometidos a un marco legal el cual es evidente y se comprobara a lo largo de este escrito, se evade por parte de los militares.

Los casos de abusos a derechos humanos por parte de la milicia mexicana están aumentando, se concentran en puntos específicos del país y están acabando con la gobernabilidad y su estado de derecho que ha dejado de garantizar un pleno goce de nuestras libertades, a manos de los militares.

La experiencia gracias a la documentación de casos en donde la milicia mexicana en sus diferentes divisiones ha logrado trasgredir los derechos humanos, ha conseguido dar un enfoque más certero y objetivo del papel preponderante que las fuerzas del Estado mexicano están jugando para diezmar con sus acciones el cumplimiento de los contratos legales a los cuales todos los mexicanos, sin excepción estamos sujetos y obligados a cumplir y en su defecto, ser sujetos de sanciones previamente establecidas.

Entre los casos que se han logrado documentar y mostrar a la sociedad se encuentra el de un par de estudiantes de la Universidad Tecnológico de Monterrey en su campus Nuevo León, evidenciado y publicado por la revista proceso, en los medios de comunicación y sobre todo ahora triangulado con el informe sobre la violencia del Human Rights Watch del 2011. En este caso particular, como en muchos más que se evidencian en diarios, revistas y reportes de organismos internacionales, se muestra lo indiscriminado y alejado a la ley que se encuentra el actuar de los militares en México, por supuesto sin respuesta legal por parte de las instituciones encargadas de administrar justicia en el país.

Ejecución extrajudicial de dos civiles, Monterrey, Nuevo León (Human Rights Watch “ni seguridad, ni derechos http://www.hrw.org/es/node/102871/section/8)

Resumen (Human Rights Watch, 2011),

“El 19 de marzo de 2010, dos estudiantes fueron asesinados cuando salían de una universidad en Monterrey, Nuevo León. Si bien las primeras versiones de la prensa e informes internos del Ejército señalaban que los estudiantes eran “sicarios” que habían muerto tras agredir con armas a un grupo de soldados, posteriormente el Ejército modificó su versión y afirmó que los civiles habían perdido la vida durante un enfrenamiento entre hombres armados y soldados. No obstante, las pruebas documentadas por agentes del Ministerio Público, peritos forenses y la CNDH ponen en duda la veracidad de la versión del Ejército.

Por ejemplo, la CNDH concluyó que el Ejército colocó armas en los cuerpos de las

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