.: La administración pública y su relación con: Economía, Derecho, Sociología, Ética, Psicología y Contabilidad

TAREA 1.: La administración pública y su relación con: Economía, Derecho, Sociología, Ética, Psicología y Contabilidad.

Economía:

Las Aportaciones de la Economía al Estudio de la Administración Pública.

En su concepto más amplio, la economía es la "ciencia que trata de la producción, la distribución y el consumo de las riquezas de una nación, tanto si hablamos de bienes como de servicios. Ahora bien, en cualquier sociedad existe en un momento histórico determinado la escasez de uno o varios recursos, de manera que la política económica será eficiente y efectiva en la medida que, a pesar de la escasez, se alcancen los propósitos de bienestar colectivo y desarrollo económico.

Al referirnos a tal desarrollo, no solamente pensamos en un incremento del producto nacional bruto o del producto per cápita, sino también "en una distribución más equitativa del producto, en un aumento de los niveles de vida de la población, de su nutrición, de su salud, de su indumentaria, de su educación, etcétera."

Hay dos tipos de análisis en las ciencias sociales contemporáneas que quizá son incompletos: el de los economistas que diseñan programas o planes de desarrollo y redistribución del ingreso sin tomar en cuenta las variables del desarrollo económico entendido como la redistribución del ingreso. Yo agregaría que con frecuencia los economistas, sociólogos y politólogos no consideran los problemas a los que se enfrenta cotidianamente el proceso administrativo público. En política pocas decisiones pueden tener un mayor efecto sobre la estructura de la administración pública, que las involucradas en la planeación y conducción de la economía del país, pues ellas significan, en primer término, la extensión del contenido de las actividades del gobierno.

Hay dos posiciones que se enfrentan en el análisis de la economía desde el punto de vista político: la capitalista y la marxista. En esta última, el Estado debe dirigir toda la vida económica del país para garantizar los niveles de inversión, ocupación y distribución equitativa del ingreso. En cambio, el enfoque capitalista sostiene que sólo debe existir una "relativa" participación gubernamental, más bien "orientadora", en los procesos económicos de un mercado libre regido por la oferta y la demanda.

En este sistema se estipula que el gobierno debe actuar exclusivamente mediante el establecimiento de controles e incentivos que fomenten la producción dejando que la distribución equitativa del ingreso se logre mediante la orientación de los impuestos recaudados.

Nótese que ambas tesis coinciden en que la organización gubernamental debe resolver los problemas económicos de la sociedad.

Pero aún existe una tercera posición, la cual apoya la teoría del desarrollo económico. Esta exige, como condición ineludible, que el Estado sea el único instrumento promotor y responsable de alcanzar el desarrollo total, sectorial y regional mediante la elaboración de planes y su ejecución. La teoría del desarrollo económico apunta que es preciso atacar íntegramente el problema de la escasez. Es decir, no puede manifestarse el desarrollo económico sin ir acompañado de un desarrollo político, social y cultural. Consecuentemente, no es difícil imaginar que el único agente social capaz de tener esta óptica integral en términos de información, y el único agente capaz de impulsar el desarrollo por cualquier medio (incentivos, convencimiento o coacción) en términos de autoridad, es el gobierno: el mismo problema integral del desarrollo en sus aspectos económicos, políticos, sociales y culturales, recae en el Estado.

Pero aquí volvemos a reafirmar nuestra posición: ni la economía ni la teoría del desarrollo económico, por sí mismas, explican la realidad de la administración pública. Es más, en su análisis la minimizan dando por hecho que al formular el plan de desarrollo éste se va a llevar a cabo casi automáticamente. De ahí los fracasos en infinidad de países del tercer mundo. El optimismo de los economistas consiste en creer que el desarrollo, en tanto que implica una más equitativa distribución del ingreso, se va a lograr por una racionalidad puramente económica y esto es un error. La tesis es singularmente trunca toda vez que ignora los requisitos políticos, sociales y administrativos.

Sin embargo, la economía y la teoría del desarrollo económico ofrecen una fuente riquísima de métodos y técnicas de investigación, de estadísticas y conclusiones que sin duda ayudan a entender nuestra realidad administrativa y dan apoyo a las predicciones sobre ella.

Derecho:

El Derecho y sus aportaciones al estudio de la Administración Pública.

Se insiste en que la sociedad tiene su origen en un contrato, pacto o convenio explícito o tácito: el contrato social (Hobbes, Locke, Rousseau), al cual presta su consentimiento cada individuo abandonando as el "estado de naturaleza" y poniendo en marcha un régimen de derecho sometido a leyes de justicia administrada con imparcialidad y moralidad cívica.

En El espíritu de las leyes, Montesquieu trata específicamente al derecho relacionado con el Estado. La rama del derecho que estudia estos fenómenos se denomina derecho público y éste se divide en derecho constitucional y derecho administrativo.

El primero tiene que ver con la legislación, esto es, con la creación o elaboración de las leyes que van a regir a una sociedad en su con-junto, y el segundo norma las actividades el proceso administrativo- que se ejecutan para aplicar la legislación.

El poder es unitario, aunque se divide en tres órganos que cumplen diferentes funciones: la rama legislativa elabora la ley: la judicial vigila su estricto cumplimiento y la ejecutiva precisamente ejecuta o lleva a cabo la acción administrativa. "La función administrativa será la actividad que el Estado realiza por medio del poder ejecutivo". Por lo tanto, la ejecución de las leyes constituye la función administrativa y, así, lo más característico de esta función es que se realiza bajo un orden jurídico.

De esta manera el derecho administrativo regula:

a. La estructura y organización del poder público, encargado normalmente de realizar la función administrativa.

b. Los medios patrimoniales y financieros que la administración pública requiere para su sostenimiento y para garantizar la regularidad de su actuación.

c. El ejercicio de las facultades que el poder público debe realizar bajo la forma de la función administrativa.

d. La situación de los particulares con respecto a la administración pública.

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