La educación Superior y el mercado de trabajo en México

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Entiendo que en México, como en cualquier otra nación, la educación de nivel superior es parte del interés público que en ocasiones se traduce en beneficios de carácter privado. Aunque la mayor trascendencia colectiva es la que corresponde al ámbito público, el sector privado es parte del conglomerado social y participa en una amplia variedad de ámbitos entre ellos, por supuesto, el educativo. Al concluir sus estudios, los profesionales de todas las áreas del conocimiento terminamos laborando en las filas de ambos sectores sin importar, o casi sin importar, a qué sector, público o privado, pertenece la institución en la que nos formamos. Estoy convencido de que la mayor relevancia radica en el hecho de que una población que cuente con una educación más amplia y de mayor calidad puede formar una ciudadanía mejor informada, más participativa y sumamente crítica. Aunado a ello, una nación que cuente con un amplísimo sistema de estudios de nivel superior de calidad, podrá contar con mejores condiciones de desarrollo económico y social y con ello ser un país socialmente incluyente.

El nuevo milenio ha sido el tiempo de la ampliación de la oferta educativa de nivel superior en México. Sin embargo, no se puede asegurar que la calidad de los estudios, también, haya mejorado; menos aún que los jóvenes egresados de ese tipo de estudios puedan mejorar sus expectativas económicas pues en nuestra nación existían en 2017, “3.1 millones de jóvenes con título universitario, pero no todos tienen empleo”, según daos publicados por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

Los números señalan que dos de cada cinco egresados de estudios superiores son parte de la enorme fila de desempleados mexicanos. El ser profesional universitario no garantiza ser poseedor de un proyecto de vida que asegure el futuro ya que el 41 por ciento de personas de esta categoría y que sean, además, menores de 30 años no cuentan con un contrato laboral estable o son parte de la llamada economía informal, misma que en México abarca casi el 60 por ciento del total de los trabajadores. Ser taxista, vendedor o elemento de seguridad privada, son las expectativas que enfrenta un gran número de personas que gastaron mucho tiempo o dinero para dedicarse una gran parte de sus vidas a sobrevivir.

Lo peor no es la tragedia personal de quienes tienen el derecho a ser llamados licenciados y no ejercen como tales, sino el hecho de que el sistema productivo nacional no está teniendo éxito en la planificación económica y de desarrollo integral; lo que se invierte en la formación de capital humano no responde adecuadamente a los requerimientos de los sectores productivos del país. No existe correspondencia entre el mercado laboral y el capital humano generado. Ello se confirma con la situación que viven quienes sí han logrado desarrollarse laboralmente a nivel profesional pero que su remuneración no alcanza ni 7 mil pesos mensuales en promedio, y en muchas ocasiones se trabaja fuera de su especialidad.

Un indicador más de la deplorable situación descrita, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado afirma que se perdieron más de 3 millones “de empleos bien pagados”, en tan sólo 7 años y que únicamente el 21.3 por ciento de los trabajadores (incluyendo a los universitarios) obtienen cerca de 6 mil pesos cada mes y 78.7 reciben menos de eso pues apenas oscilan entre uno a tres salarios mínimos. Es innegable que el mercado laboral ofrece escasas oportunidades para ingresar a los espacios productivos. Con un precario mercado laboral como el nuestro, la baja productividad se acentúa a pesar de contar con la excesiva oferta de capital profesional ya que hay 3.1 millones de licenciados, maestros y doctores, de los cuales 1.08 millones desempeñan actividades informales, en tanto que el desempleo atiende a 290 mil.

Desde mis recuerdos más lejanos, he escuchado el pregón de las autoridades educativas mexicanas sobre los grandes avances alcanzados en cada sexenio. Hace no  mucho me enteré de la ampliación de la oferta educativa a nivel superior al mismo tiempo de que su calidad se ha mejorado, además de que se hace llegar a los mexicanos con equidad. En el año 2012 Rodolfo Tuirán, Subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública fue el encargado de informar:

“la trayectoria de la educación superior en los años recientes está marcada por un crecimiento cada vez más vigoroso de la matrícula total: mientras que en el ciclo escolar 2006-2007 alcanzó alrededor de 2 millones 525 mil estudiantes (sin incluir el posgrado), en 2011-2012 se situó en cerca de 3 millones 274 mil y se prevé que en 2012-2013 alcanzará una cifra cercana a 3 millones 500 mil (La educación superior en México 2006-2012 Un balance inicial)”

Las estimaciones de aquel entonces parecían trascender el discurso político, concretizándose en casas habitación y edificios de oficinas acondicionados apresuradamente como nuevos institutos de estudios superiores y universidades. Aparentemente las oportunidades educativas cruzaban poco a poco los linderos de las grandes urbes para asentarse en las ciudades menores e incluso llegaron a territorios semiurbanos. Las declaraciones de Tuirán continuaban:

“del conjunto de ciudades que integran en la actualidad el sistema urbano nacional, 153 ciudades de todos los tamaños han ingresado a la etapa de ‘masificación’; 136 ciudades permanecen en la etapa anterior (la de ‘minorías’); y 69 ciudades —las más pequeñas— aún no cuentan con oferta educativa de tipo superior (La educación superior en México 2006-2012 Un balance inicial)”.

Dicha “masificación” no pudo ser posible sin la participación del sector privado que vio multiplicar considerablemente su presencia. Por ejemplo en Cuernavaca: durante la década de los noventas la existencia de estas instituciones era irregular y no rebasaba las 10, para la primera década del nuevo siglo ya sobrepasaban las 50. Luego de 2001 han ido abriendo sus puertas nuevas instituciones y en 2014 se podían calcular cerca de 70. En 2018 el Directorio de Universidades Privadas y Públicas del Estado de Morelos enlista 56 instituciones de estudios superiores privadas pero deja fuera a que, está comprobado, existen.

Sin embargo, el crecimiento del número de escuelas y universidades que se presencia a lo largo del territorio mexicano, en lo general y en la ciudad de Cuernavaca, en lo particular; no elimina la limitada difusión de las prácticas de aseguramiento de la calidad entre las instituciones particulares. Por lo contrario, las políticas del Programa de Modernización de la Educación 1989-1994 estaban dirigidas hacia lo que se llamó modernización al terreno educativo y uno de sus nueve capítulos se refería a la capacitación para el trabajo. Esto marcó el inicio del giro neoliberal que se le daría a la educación mexicana y que, en lo que respecta al nivel superior, se consolidaría en 1992 con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal (ANMEB), con el las autoridades federales le transferían a los estados el control y el manejo de sus respectivos sistemas educativos, entre los que, a la postre, se uniría el del nivel superior.

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