La situación de los migrantes de Centroamérica en México

La situación de los migrantes de Centroamérica en México

Este ensayo expone la necesidad de que en México se modifiquen sus políticas migratorias y su sistema de seguridad pública, puesto a que en la actualidad los migrantes que se adentran al territorio son víctimas de inseguridad y de la violación de sus derechos humanos. Ciertamente la mayoría de los individuos originarios de los países llamados “Sur” del continente Americano, buscan por diversas razones adentarse al territorio estadounidense para asegurar su bienestar ya sea económico o social a falta de estos factores.

Por mucho tiempo, el tema de los derechos humanos de los migrantes en México se concentró principalmente en los ciudadanos mexicanos migrando a Estados Unidos. No obstante, en la actualidad se exige a que se tome como prioridad un nuevo problema en cuanto al tema migratorio: la violación de los derechos humanos de los migrantes de Centromérica que transitan por México con el objetivo de llegar a los Estados Unidos. La mayoría de estos migrantes provienen de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua (Canales y Rojas 2017). Se han documentado un número de casos en los que estos migrantes sufren violaciones de sus derechos humanos durante su trayecto por México, la mayoría de estos casos se ocasionan cuando estas personas se ven obligadas a regresar a su país de origen después de sufrir daños psicológicos y físicos severos. Otros casos han ocasionado la muerte de los migrantes a manos de grupos criminales mexicanos. Los casos más comunes son los de secuestros por parte de bandas criminales, en los cuales los migrantes son víctimas de abducción y extorsión. Además, varios son sujeto de abusos sexuales, tortura e incluso asesinato, ocasionando una preocupación internacional particularmente de las instituciones internacionales.

Sin embargo, estos migrantes no sólo han sufrido muchos abusos por parte del crimen organizado sino también por parte de las autoridades mexicanas en cuanto a su securitización de la migración. Esta política se fundamenta en el hecho de que todos los migrantes indocumentados representan una posible amenaza para la seguridad nacional. La securitización de la migración se ha llevado a cabo por gobiernos como el de México o el de Canadá, en el cual adoptan políticas migratorias más restrictivas con el fin de aminorar si no es que detener los flujos migratorios (Treviño 2016, 253-57). Y puesto a que México es el área de inmediata influencia de los Estados Unidos, este también se vió obligado a rigidizar sus políticas migratorias y aún más después de los sucesos de los ataques terroristas en el 2001 (Castillo y Toussaint 2010, 269).

A pesar de que existe la posibilidad de ser reconocidos como refugiados por el Instituto Nacional de Migración en la mayoría de los casos no se solicita el trámite y por lo tanto se da oportunidad a que se cometan injusticias por su condición irregular y son interceptados por agentes de la policía. Entre 2007 y  2011,  52.2% de los migrantes fueron retenidos por autoridades mexicanas y deportados hacia sus países de origen (ITAM 2014).

Con las cifras incrementando cada año, en 2014, el presidente Enrique Peña Nieto aprobó “El Plan de la Frontera Sur” con la intención de proteger y asegurar los derechos de los migrantes. Uno de los puntos más importantes del plan es: “asegurar que la autoridad actuará con estricto apego a los derechos humanos y el respeto a la dignidad de las personas, en las acciones como el traslado y retorno asistido de migrantes habrá acompañamiento de las comisiones estatales de Derechos Humanos, así como de organizaciones sociales”. Por lo tanto, lo cierto es que el verdadero objetivo de aquel plan era frenar la migración de centroaméricanos en México antes de que pudieran llegar al territorio estadounidense y es así como el Departamento de Estado de EE. UU le ha pagado millones de dólares al gobierno del presidente Peña Nieto para financiar este proceso (Pombo y Castañeda 2015). En tan sólo el año 2016, México deportó a 23,000 migrantes más que Estados Unidos (El País 2016).

Estas políticas nos han hecho cambiar nuestras perspectivas sobre las migraciones de ser un libre movimiento por el territorio del mundo, a dejarse de considerar como un derecho humano; y bajo esta perspectiva los migrantes ya no son considerados sujetos de derechos. Es decir, que mientras que los  Estados no puedan garantizar los principales tratados internacionales de derechos humanos en cuanto a  la obligación del Estado de respetar y garantizar el goce de los derechos humanos de todos los individuos dentro de su territorio, esta situación reflejará la incapacidad del Estado mexicano de cumplir con esta obligación (Aikin y Anaya 2013, 145). Como consecuencia miles de personas se han enfrentado a situaciones que suponen un peligro para su seguridad, su integridad e incluso su vida misma. Por esto, se denigra la visión que se tiene del migrante a un objeto sin derechos.

De acuerdo con la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, al año ingresan apróximadamente 150 mil migrantes indocumentados al país. A pesar de que el número de casos de violaciones a sus derechos sea bastante alto, el índice de denuncias es muy bajo. Las principales razones por las que los migrantes deciden no denunciar son por su desconocimiento de los procedimientos, el miedo a ser descubiertos por las autoridades, la falta de información acerca de su posibilidad de exigir el cumplimiento de sus derechos humanos y sobre todo el temor a sufrir represalias (CNDH 2018). Entre 2012 y 2017 se tiene un registro de 2.912 migrantes que fueron victimas de un delito (INM) de las cuales, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un gran porcentaje de los delitos estaban involucrados las autoridades estatales, ya sea la policia, el personal del Instituto nacional de Migración u otros actores; y es este entonces un gran factor por el cual los migrantes tienen temor al presentar una denuncia en las autoridades.

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