Laclau

En el presente trabajo me propuse abordar la problemática de los reclamos de las comunidades aborígenes en la sociedad contemporánea, observando la dinámica de la relación aparentemente antagónica entre dichos grupos y el Estado-Nación. Me enfocaré particularmente en el caso de la comunidad qom La Primavera, conocida masivamente a partir del enfrentamiento policial sufrido a fines de noviembre del año pasado, que dejó el triste saldo de dos muertos y alrededor de cuarenta heridos.

El reclamo de tierras se remonta a mediados de la década del 40, cuando a través de un Decreto Nacional se reservan 5000 hectáreas para la tribu del cacique Sanabria, al mismo tiempo que la familia Celia reclama su derecho para arrendar un terreno que se encontraban dentro del de la comunidad. En 1978, durante la dictadura militar, el gobierno de la provincia de Formosa expulsa a los qom de dicho territorio y se los “compensa” con tierras pertenecientes al Parque Nacional Río Pilcomayo. Como explica Lorena Cardin, antropóloga que trabaja con la comunidad, de esta forma “se generó una superposición de mensuras entre la provincia y la Nación que nunca fue resuelta, afectando hasta el día de hoy a la comunidad La Primavera” .

En el año 2007, la provincia dividió las 2042 hectáreas ocupadas por la familia Celia entre sus descendientes, otorgando una porción de ellas a la creación de la sede de la universidad. Los integrantes de la comunidad reclama 1350 hectáreas que se encuentran en manos del gobierno provincial y de los Celia. La situación es dramática, ya que los terrenos en los que viven actualmente están alejados del lecho del río así como tampoco cuentan con con los instrumentos de trabajo básicos tales como herramientas y semillas para trabajar las precarias tierras que poseen, por lo que subsisten en base a planes sociales y trabajos esporádicos, lo cual los torna en un grupo vulnerable.

Hacia fines del año 2010, tras cuatro meses de efectuar medidas de lucha pacíficas y tras sufrir amenazas y persecuciones los qom se enfrentaron a un doble proceso de conflictividad social: por un lado los miembros de la familia Celia los enfrentaron con armas a fin de que abandonaran el territorio en disputa acompañados por efectivos policiales. Por otro, los reclamos y denuncias de amenazas que realizaron los miembros de la comunidad fueron ignorados por las autoridades provinciales, quienes en sus diversas dimensiones (comisarios, jueces e incluso médicos del hospital) fueron cómplices de la violenta cruzada contra los qom.

Este panorama nos indica el alto grado de marginalización que ha sufrido dicha comunidad, cuyos efectos se observan no sólo en los perjuicios socioeconómicos sufridos sino que también repercuten en la forma en la que ellos se refuerzan como grupo para reclamar al gobierno nacional, en sus discursos políticos y en sus medidas de lucha. En uno de sus comunicados emitidos días después del enfrentamiento a través del blog oficial expresan: “Entendemos que no nos puedan creer desde Buenos Aires, vivimos otra realidad. No en la Argentina del 2010. Aquí la dictadura, el miedo y la represión continúan. Todos tienen miedo de hablar, nosotros también pero no podemos callar. Le pedimos a nuestra presidenta Cristina, que como ella dijo es la presidenta de todos, simplemente que nos oiga. No para agraviar, ni insultar, no es nuestra costumbre. Somos indígenas del monte, alejados de las grandes ciudades. Vivimos junto a la naturaleza y ella no nos enseña a insultar ni agredir” En este párrafo puede observarse claramente la paradoja planteada por Laclau entre universalismo y particularismo, en este caso entre la comunidad qom y el Estado Argentino: la comunidad se identifica a sí misma como un grupo que no vive la misma realidad que el resto de los argentinos, cuyo estilo de vida es distinto al de quienes viven en las grandes ciudades. Pero es precisamente esta condición de diferencia con respecto a la sociedad moderna la que posibilita la existencia de la comunidad qom como tal. Se constituye como una minoría pues hay una totalidad que se lo permite. Y, al mismo tiempo, a esa totalidad es a la que recurren en busca de una solución para su conflicto. La interpelación al Poder Ejecutivo contiene referencias como “nuestra presidenta” y la “presidenta de todos” que reflejan que se incluyen dentro de la universalidad que los excluye –y de la que también, se excluyen. En este punto Laclau (1996:55) establece que “no es posible afirmar una identidad diferencial sin distinguirla de un contexto, y en el proceso de establecer la distinción se está afirmando el contexto al mismo tiempo”. Del mismo modo que del proceso inverso, si se destruye el contexto se verá también destruida la identidad del sujeto que llevó a cabo dicha acción, por lo que el antagonismo no es meramente factible de superar mediante la supresión del sujeto hegemónico que los excluye ni mediante la supresión del contexto de exclusión. En la alternativa planteada por el autor “lo universal es símbolo de una plenitud ausente, y lo particular sólo existe en el movimiento contradictorio de afirmar una identidad diferencial y, al mismo tiempo, de anularla a través de su inclusión en un medio no-diferencial” (Íbid: 57). Al respecto de este asunto, los movimientos étnicos y culturales al afirmar diferencias y desarrollos separados se conducen a una autosegregación que, por otro lado, no resolverá las distintas demandas sociales insatisfechas. Para revertir esta situación pueden transitar el camino de la negociación con los grupos hegemónicos, que no cambiará la identidad de ninguno de los grupos en juego, o pueden abogar por negar la dimensión universal del sistema y a través

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