Las Drogas

La función del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep) es loable y reconocida en varias esferas nacionales e internacionales. Sin embargo, como investigador en genética que trabaja en una universidad, llamo la atención sobre un asunto que dificulta sobremanera las actividades científicas y docentes, y que los directivos de la investigación nacional no han considerado: me refiero a la conspicua y frecuente inspección a las universidades y centros de ciencia, surgida de una concepción cerrada del control sobre sustancias restringidas, pues algunas de estas son de uso común para la investigación.

Las acciones del Consep están justificadas y respaldadas por el Plan Nacional de Drogas y la ley aprobada y vigente de 2004, diseñada con una mentalidad foránea y represiva, varias veces cuestionada por el gobierno actual y que en varios artículos determina el control, auditoría, juzgamiento y sanción a personas naturales y jurídicas que manejen sustancias prohibidas o de uso restringido (estas no constan en la web del Consep). Pero en el caso de las universidades, su uso debería evaluarse de otra manera. También por ley, las universidades ecuatorianas deben hacer investigación, pero existen leyes como la aludida, normativas y reglamentos que enmarañan la función natural de estas instituciones.

Todas las universidades que hacen investigación utilizan sustancias restringidas, pero en cantidades mínimas frente a los grandes volúmenes que se requieren para purificar o preparar drogas; la relación es 1 a 20. Los minuciosos controles que hace el Consep a los centros educativos superiores rayan en la exageración y hasta en el absurdo.

Definitivamente las universidades no utilizan las sustancias restringidas para preparación, purificación o comercialización de drogas, lo hacen para docencia y ciencia. Los centros creadores de saber y el mundo académico no pueden ser evaluados y tratados como potenciales delincuentes vinculados a delitos relacionados con narcóticos.

Las universidades nacionales han sido vigiladas, e incluso multadas, sin importar que tales acciones atenten contra su nombre y prestigio dentro o peor aún fuera del país.

Apegados a su obligación de rendir cuentas, universidades e investigadores claman por un trato elevado. Las reformas propuestas a las leyes penales ecuatorianas deberían contemplar mecanismos que protejan la dignidad y respeto a las universidades y centros de investigación y orientarse a desterrar prácticas punitivas contra ellos, para así aliviar una de las cargas burocráticas que entorpecen la investigación ecuatoriana.

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