Legislación Ambiental en el Estado Español

La primera norma de referencia en España en materia de medio ambiente es la Constitución Española de 1978, donde podemos encontrar que «Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo» (art. 45).

Sin embargo, como se irá viendo a lo largo de este tema, existen en España una gran cantidad y diversidad de Leyes, Reglamentos y Órdenes Ministeriales en materia de medio ambiente, referidos a una variedad de aspectos multidisciplinares, algunos altamente específicos y tecnificados.

En este tema, desde el muy incipiente Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (Decreto 2414/1961, RAMINP), se irá sondeando la evolución normativa hasta llegar a los puntos más importantes del actual marco, conformado entre otros por la Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, por la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental y por el Real Decreto Legislativo 1/2016 de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.

El estudio de este tema deberá realizase de manera global, a través de la lectura comprensiva de los contenidos que lo componen, y utilizando todo el material existente. Se aconseja utilizar también el material recomendado. Es importante comprender y aprender las definiciones y conceptos expuestos, en términos de legislación ambiental, desde el punto de vista estatal, así como relacionarlo con los temas anteriores de la misma asignatura.

Legislación Ambiental en el Estado Español

La norma de referencia y fundamental en España para el resto de normativa nacional es la Constitución Española de 1978, por lo que ninguna norma puede ir en contra de lo dispuesto en ella, y de velar por su cumplimiento se encarga el Tribunal Constitucional. El medio ambiente es un bien público regulado a nivel jurídico por el Artículo 45 de la Constitución Española:

Cabe destacar el concepto de «delito ecológico», figura introducida en el Código Penal en el año 1983 para establecer penas de arresto, así como multas a quiénes fueran responsables de causar daños ambientales. La gran cantidad y complejidad de las Leyes, Reglamentos y Órdenes Ministeriales en materia de medio ambiente se debe a que, en dicha temática, confluyen diferentes aspectos multidisciplinares, y a la especificidad de las características técnicas que habitualmente los acompañan.

Ordenación de las actividades contaminantes

El Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (Decreto 2414/1961, RAMINP) existe en España dese el año 1961. A través de él se exige la Licencia de Actividad, como trámite administrativo ante el Ayuntamiento, a las actividades industriales. Además de la licencia, se exige establecer medidas que corrijan estos efectos molestos, nocivos, insalubres y peligrosos que puedan generar.

Dicho Reglamento quedó derogado en el año 2007, por la Disposición derogatoria única de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, pero sigue siendo de aplicación en las Comunidades Autónomas que no tienen normativa aprobada en la materia.

Posteriormente se estableció el RD Legislativo 1302/1986, que regulaba el procedimiento administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), con motivo de ajustar el Ordenamiento jurídico del estado español a las disposiciones comunitarias europeas. Debido a las numerosas modificaciones que experimentó dicha legislación, a fin de regularizar y aclarar las disposiciones vigentes en esta materia, se ha publicado el Real Decreto Legislativo 1/2008, actualmente derogado, por el que se aprobaba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. Su aplicación tiene como resultado el pronunciamiento sobre la conveniencia o no de realizar determinadas actividades, bajo la denominación de Declaración de Impacto ippc (DIA) por parte de la autoridad administrativa competente en materia de medio ambiente.

Unos años más tarde, se publica la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental, actualmente vigente, donde se refunden dos disposiciones: la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente y el Real Decreto Legislativo 1/2008, quedando ambas disposiciones derogadas. El objetivo de esta reforma es reunir en un único texto legal la evaluación de planes, programas y proyectos y por tanto, establecer un conjunto de disposiciones comunes que faciliten la aplicación de ambas disposiciones. La autorización de planes y programas sujetos a esta normativa, vendrá dada a través de la Declaración Ambiental Estratégica o Informe Ambiental Estratégico, dependiendo de si se realiza una evaluación estratégica ordinaria o simplificada respectivamente. Y la autorización de proyectos vendrá dada a través de la Declaración de Impacto Ambiental o a través del Informe de Impacto Ambiental, dependiendo de si la evaluación de impacto ambiental es ordinaria o simplificada respectivamente.

Este planteamiento preventivo se complementa con un enfoque integrador para la concesión de los pertinentes permisos y autorizaciones para ciertas actividades a través de la Ley 16/2002, de prevención y control integrados de la contaminación (actualmente derogada), igual que la disposición anterior, fruto de la trasposición de directrices europeas. Esta Ley, conocida como Ley IPPC, obliga a que las empresas necesiten obtener una Autorización Ambiental Integrada, emitida por el órgano competente en la materia, para llevar a cabo ciertas actividades industriales o modificaciones sustanciales de dichas actividades.

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