Ley 1437 de 2011. Principios del Art. 3

Ley 1437 de 2011. Principios del Art. 3

Integrantes:

Astrid Elena Ramos Cordero

Armando José Delgado Hoyos

Oscar Alfonso Arias Tapias

José Alfredo Jiménez Padilla

Jaison Enrique Sabogal Gallego

Asesor:

Neil Enrique Fortich Rodelo

Docente Derecho Administrativo

Escuela Superior de Administración Pública – ESAP

Administración Pública Territorial - APT

Territorial Bolívar

CETAP Montería

2020

Introducción

La Ley 1437 de 2011 fue expedida por el Congreso de Colombia como el Código de Procedimiento de lo Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el cual en su Art. 1 plasma que en su interior posee una serie de normas que tienen como finalidad proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas, la primacía de los intereses generales, la sujeción de las autoridades a la Constitución y demás preceptos del ordenamiento jurídico, el cumplimiento de los fines estatales, el funcionamiento eficiente y democrático de la administración, y la observancia de los deberes del Estado y de los particulares (Congreso de Colombia, 2011).

Es su Art. 3 se plasman los diferentes principios que todas las autoridades colombianas deben tener en cuenta para realizar su interpretación y aplicación según las disposiciones que regulan su actuación y procedimientos administrativos a las luz de los principios consagrados en la Constitución Política de Colombia (CPC). Los principios consagrados en el Art. 3 de esta Ley son trece (13), de los cuales para este documento se tendrán en cuenta los primeros siete (7) tal y como lo muestra la siguiente gráfica:

Gráfica 1. Principios del 1 al 7 del Art. 3 de la Ley 1437 de 2011

[pic 1]

Fuente. Elaboración propia con información sustraída de (Congreso de Colombia, 2011)

Teniendo en cuenta la gráfica anterior, cada uno de los principios se fundamenta en lo siguiente:

• Debido Proceso: son las diferentes normas de procedimiento de competencias establecidas en la norma y la ley que garantizan a cada individuo, ya sea esta persona natural o jurídica en la defensa de sus derechos.
• Moralidad: todas las personas ya sean naturales o jurídicas y los servidores públicos están obligados a que sus acciones sean realizadas con rectitud, lealtad y honestidad.
• Imparcialidad: las diferentes autoridades deben garantizar una actuación en la cual se tenga en cuenta la finalidad de cada procedimiento, y partiendo de la igualdad de las personas para no entrar en discriminación alguna.
• Buena Fe: las diferentes autoridades deben presumir de la buena fe que posee cada persona en su actuar, teniendo en cuenta sus competencias, deberes y derechos.
• Igualdad: las diferentes autoridades deben garantizar la protección y el buen trato de todas las personas e instituciones sin distinción alguna y en igualdad de condiciones. Existen tratos especiales que se les deben garantizar a personas que poseen condiciones especiales de tipo económico, físico o metal.
• Participación: las diferentes autoridades deben atender las iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y comunidades en todos los proceso de deliberación, formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública.
• Responsabilidad: las diferentes autoridades y sus agentes asumirán las consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación de funciones, de acuerdo con la Constitución, las leyes y los reglamentos que se deban cumplir.

Cada uno de estos principios rige de forma clara el actuar que deben seguir las autoridades y las personas que se encuentran en función administrativa dentro de las esferas del estado, permitiendo el cumplimiento de la Leyes y las normas. En este orden de ideas, las actuaciones de orden administrativo se deben desarrollar especialmente con arreglo a los diferentes principios establecidos en el Art 3 de la Ley 1437 de 2011.

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