Ley De Universidades

Ensayo de la ley de universidades

Así, la Universidad venezolana, constata una autonomía ligada a la liberta que permite la creación de una cultura democrática que favorece una participación de los miembros de la academia, cumpliendo con una formación integral convergiendo fundamentalmente con intereses espirituales dirigidos a la búsqueda de verdades acordes e inherentes a la realidad y a afianzar valores trascendentales en el hombre. Igualmente obliga, a quienes son sujetos activos de los centros de educación universitaria, a formar parte de la conciencia atenta y critica, orientando sobre la vida del país mediante su contribución doctrinaria en el esclarecimiento de problemas nacionales para lo cual es esencial que su misión se cumpla independientemente de cualquier poder humano, ya sea este de tipo económico, religioso o político. Las mismas estarán dotadas de una estructura racional que logre potenciar su desarrollo y las sitúe en las mejores condiciones para afrontar las exigencias de la sociedad del conocimiento, funcionando bajo una estrecha coordinación con dicho sistema, dentro de este concepto se atenderá a las necesidades del medio donde cada universidad funcione.

El recinto universitario, espacio precisamente delimitado y previamente destinado a la realización de funciones docentes, de investigación, académica, de extensión o administrativa. Su vigilancia y el mantenimiento del orden son de la competencia y responsabilidad de las autoridades universitarias. En el funcionamiento del sistema de educación universitaria, con base en el conjunto de principios, su autonomía, que no sólo es propio de las instituciones, que se traduciría en un atributo en su globalidad compleja, conformada en un Sistema. Esta aproximación definitoria del Sistema, no supone una organización independiente y autárquica en términos absolutos. Por el contrario, facilita la conformación progresiva de un contexto orgánico interdependiente con precisos mecanismos de relación e integración.

Con base en el planteamiento anterior, los principios rectores que orientan la responsabilidad del Estado en el financiamiento de la educación universitaria deben formar parte de la legislación que la regula. Igualmente, junto a la búsqueda de los mecanismos más idóneos para dotar a las instituciones y al sistema de los recursos necesarios para su operación, hay que considerar la necesidad de asegurar la aplicación eficiente de los aportes financieros del Estado y la sociedad, y la rendición de cuentas de la aplicación de los mismos.

Conviene señalar sobre el sistema, no se trata sólo de un problema administrativo y organizativo, atendiendo a esto que funcione con un amplio umbral de autonomía y que sus políticas académicas se deriven especialmente de las proposiciones y experiencias de las universidades con mayor tradición y desarrollo sobre estos asuntos. En este

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