Ley General De Desrrollo Social

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

De la Sen. Leticia Burgos Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la ecto de Ley General de Desarrollo Social.

C.C. SECRETARIOS Y SECRETARIAS DEL SENADO DE LA REPÚBLICA P R E S E N T E

La suscrita senadora Leticia Burgos Ochoa a la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ante Ustedes, vengo a presentar a la consideración de esta Soberanía la siguiente:

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS NOVENO, DÉCIMO Y DECIMO PRIMERO AL ARTÍCULO 25, SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIX-D DEL ARTÍCULO 73, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y SE CREA LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL,

Al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La alternancia en el poder al nivel del gobierno federal que, en su vertiente histórica positiva, apunta hacia una transición democrática del régimen, permite avanzar con mayor claridad en la interpretación y evaluación de la política de desarrollo social vigente en el país. Los resultados del balance son ahora reconocidos por todos: ricos y pobres, funcionarios públicos, organismos internacionales, partidos políticos, investigadores e intelectuales coinciden en que se ha creado una tensión, hasta ahora irresoluble, entre los dos componentes de una ecuación única, el de la política económica y el de la política social, tal que el ajuste estructural de la economía y la readecuación de las funciones del Estado han propiciado el crecimiento cuantitativo y cualitativo de la pobreza. Se demuestra así que no existe ahora una articulación armónica entre el crecimiento económico, la justicia social y la equidad distributiva.

Las estrategias de desarrollo para el cambio estructural aplicadas en el país en las dos últimas décadas, con el propósito de reinsertarlo en la dinámica general de la nueva globalización han tenido hasta ahora el siguiente saldo objetivo: se ha propiciado una estructura económica inestable y altamente sensible a los embates de los fenómenos internacionales que está signada por crisis articuladas y recurrentes que han generado un crecimiento acelerado de la pobreza, de la extrema en particular; así como una incertidumbre en el acceso a los derechos y satisfactores que debieran garantizar, así sea mínimamente, una calidad de vida digna y el bienestar de los mexicanos.

El cambio estructural que referimos, también ha propiciado un cambio sustantivo en las funciones del Estado, de tal manera que ha transferido hacia el mercado su intervención como agente económico directo del desarrollo, y tiende igualmente a transferir paulatinamente algunas de sus responsabilidades sociales hacia los agentes privados, sin por ello perder todavía su carácter clientelar-corporativo. Es decir, ha significado el desgaste de las instituciones sociales que ofrecen beneficios de carácter universal, y los programas, las políticas de empleo e ingreso y las de combate a la pobreza, meramente asistenciales y compensatorias, han resultado insuficientes para la solución del fenómeno.

A esta realidad debe agregarse que el nuestro es un sistema de gestión pública extremadamente centralizado y discrecional en el poder ejecutivo federal, y que al interior de éste se opera de manera insular, desordenada y dispersa. Esta ineficaz e ineficiente lógica operativa impacta las relaciones entre poderes y niveles de gobierno, así como entre el aparato general de la administración pública y los agentes sociales y privados, que se traduce en ineficiencia y derroche de posibilidades múltiples. Dicho de otra manera, los impactos del cambio estructural no se traducen en un cambio democrático, racional y consolidado en la gestión pública, en la relación entre poderes y niveles de gobierno, así como en las articulaciones con la sociedad, debido a su carácter centralizado, sectorial y operativamente desarticulado.

Tales efectos negativos no son coyunturales, de tal modo que en algún momento rendirán sus frutos positivos. Por el contrario, es objetivamente demostrable que mientras más recursos se transfieren al sistema financiero y a los bancos, así como algunas empresas como las constructoras y operadoras de vías de comunicación, cualitativamente se transfieren menos recursos a la salud, la alimentación, la educación o la vivienda. En las dos últimas décadas, se ha pretendido resolver el problema o la tensión del retroceso social con estrategias compensatorias, corporativas y paternales que, a juicio de todos, tampoco han cumplido con su cometido.

A estas alturas resulta obvio que, por más importante que sea, el nudo del problema no radica sólo ni principalmente en la bolsa financiera asignada a la política social y, por tanto, en congruencia la solución no reside simplistamente en una reforma fiscal por más redistributiva que pueda ser. La respuesta tampoco ha estado en una supuesta igualdad de derechos ante la ley que no es compatible con la desigualdad de derechos en la realidad. Tampoco la explicación real reside en el desgastado argumento de que los funcionarios públicos han sido ineficientes e ineficaces en la aplicación de las políticas de ajuste estructural y de reorientación de las funciones del Estado y que, por tanto, se trata sólo de un cambio cualitativo de funcionarios públicos. Mucho menos, la solución puede concebirse como el fruto de un ser humano providencial. Es preciso entonces reconocer que la estrategia ha sido equivocada y que, de no revisarse y reorientarse, pueden acumularse tensiones sociales más graves que las que de por sí ya existen, hasta generar una indeseable crisis social.

En este sentido, la democracia electoral representativa es insuficiente ante la injusta y desigual distribución de los beneficios económicos y sociales, misma que recientemente el presidente Vicente Fox ha calificado como una de las peores del mundo. Una polarizada distribución de los beneficios económicos y sociales puede propiciar, más temprano que tarde, una crisis de gobernabilidad que, quizá, haya quienes pretendan resolver con métodos indeseables. Así las cosas, es obvio que la solución reside en un cambio de las estrategias y, si así es, entonces requerimos de una política social que conduzca el Estado y no

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