Logias yorkina y escocesas

Logias yorkina y escocesas.

Las logias yorkinas eran firmes partidarias de la autonomía regional. Contaban entre sus partidarios a importantes políticos de provincia miembros de las oligarquías regionales, y sus filas se nutrían con integrantes de los estratos medios de la sociedad como burócratas, profesionistas medios, empleados del comercio y pequeños propietarios de tiendas y talleres artesanales con expectativas de ascenso social.

Por el contrario, las logias escocesas tenían como principal eje social de poder a la antigua oligarquía indiana y defendían una opción de reorganización centralista. Grupos de propietarios, junto con altas jerarquías eclesiásticas y militares, pretendían la central/acción de poder político como condición indispensable para concentrar a su vez los flujos mercantiles que habían controlado desde la ciudad de México en los tiempos coloniales.

Dentro de la sociedad nacional, y por ende dentro de las sociedades regionales, las diferencias que tuvieron lugar en la década de los 20s y 30s entre políticos, comerciantes, empresarios, propietarios urbanos, hacendados, funcionarios, profesionistas, clérigos, militares, etc, que condujeron a decretar la expulsión de españoles de los otrora dominios hispanos, Para abril de 1827 era de todos conocida la notoria influencia que los yorkinos ejercían en el gobierno federal, y la preponderancia alcanzada por dicha facción, respaldada por las oligarquías regionales y los estratos medios, marcó el inicio de una "ofensiva" contra funcionarios españoles que permitió dar rienda suelta al sentimiento antiespañol latente desde los Tratados de Córdoba, cuando la permanencia de la antigua jerarquía económica y burocrática motivó el descontento de esos contratos medios al fin estar sus expectativas de ascenso en la escala social. La inquietud política y la deficiente burocracia incrementaron la codicia por los empleos públicos ocupados por los españoles.

En todas partes se manifestó el "odio" anti-hispano v ese resentimiento, aprovechado por los políticos yorkinos que buscaban afianzar su poder, se vio reforzado por la negativa de España de reconocer la independencia de su antigua colonia. La capitulación de las tropas españolas de la fortaleza de San Juan de L Húa, en noviembre de 1825, no mejoró la situación de los españoles radicados en México y las amenazas de invasión condicionaron por varios años la vida en la sociedad mexicana. Podría decirse que los yorkinos encauzaron el ataque contra los españoles contando con el apoyo popular.

Ia lucha aumentó de tono a través de las campañas partidistas que se realizaron en la prensa, y la xenofobia encontró justificación frente a conspiraciones como la del padre Joaquín Arenas, clérigo dieguino de origen español, que en la noche del 18 de enero de 1827 se entrevistó con Ignacio de Mora, militar y político nativo del puerto de Veracruz, comandante general del Distrito Federal y del estado de México de filiación yorkina para invitarlo a participar en una revuelta destinada a restaurar la soberanía española sobre la Nueva España. El movimiento comenzaría el 20 de enero.

En poco tiempo Mora reveló al presidente en turno, Guadalupe Victoria, lo que parecía constituir un peligro inminente para la independencia de la nación, y durante los meses siguientes la que llegó a ser conocida como conspiración de Arenas fue motivo de prolongada y acerba controversia El uso político que se dio a la conspiración de Arenas, es decir, la tentativa de destruir el rito escocés, puso de relieve la profundidad y la naturaleza de la división entre los partidos masones.

Las masas fueron incitadas a exigir de nueva cuenta los puestos de los "gachupines" y la expulsión de los españoles. Ya el 22 de enero, sólo dos días después del descubrimiento de la conjura, el problema de los residentes volvió a ser objeto de discusión por parte del público y del Congreso federal, como lo había sido meses antes, para finalizar con la aprobación, el 10 de mayo de este año, de la Ley de Empleos. El decreto prohibió a los españoles el ejercicio de cualquier cargo público, civil o militar de jurisdicción federal mientras España no reconociera la independencia mexicana, prohibición en la que también 20 quedaron incluidos los miembros del clero Regidor y secular de naturaleza económica, administrativa y judicial, excluyéndose solamente a los obispos.

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