Los problemas de política pública de la Аrgentina

POLÍTICAS DE ESTADO

Se entiende por política de estado, aquellas políticas que forman parte de las estrategias centrales de un país. Son políticas que no varían a pesar del color político-ideológico de cada gobierno.

Encontrar consenso para el establecimiento de políticas de largo plazo no es tarea fácil. A algunos nos gustaría que la re-distribución equitativa de la riqueza, la justicia social, el combate sobre el hambre y la pobreza, la promoción de las economías regionales, el crédito accesible para las unidades productivas pequeñas y medianas, el fortalecimiento de las cadenas de valor en industrias estrategias en función del desarrollo económico y social, la educación pública, la salud, entre tantas otras, sean políticas de estado.

El problema es que otros no coinciden: sostienen que las políticas de desregulación (encubiertas o explícitas) de distintos mercados tienen que ser políticas de estado.

Sin embargo, se me ocurren un par de reflexiones. Por una parte, el gobierno no ha logrado establecer la construcción institucional que consolide el largo aliento de varias de estas medidas por lo cual aún es difícil clasificar estas estrategias como políticas de estado. Por otro, la vertibilidad del consenso político argentino hace altamente probable que futuros gobiernos no acuerden con esta recopilación (ya sea en todo o en parte). Por tanto, no parecen estar dadas las condiciones para sostener que las citadas sean políticas de estado.

A veces da la impresión de que el Estado argentino es tratado como un ente sobre poderoso que se puede conducir sin política. Por lo menos así lo tratan gran parte de la derecha (política y mediática), criticando al gobierno por no establecer políticas de estado (más allá del contenido de ellas revisado más arriba), en la suposición de que los burócratas administrativos del estado no tienen vinculación política alguna, y una vez echada a rodar la “política de estado” el problema para la implementación pasa a ser meramente administrativo.

Este tipo de manifestaciones no son objetivas, por supuesto. Tienden a separar (idealmente) política y administración pública, política y economía. Como si fueran esferas que pudieran trabajar independientemente. Este tipo de postulados provienen del neoliberalismo, cuyos ideólogos -noventistas argentinos- esperaban que los modelos económicos no sufrieran desvíos políticos. Se trata de la falacia de no contemplar la importancia de la política en el establecimiento de medidas “desregulacioncitas”.

Los postulados neoliberales parecen repetir las necesidades del poder económico, y, por el contrario, no dimensionan correctamente el peso del consenso, la inclusión social -y política- y el conflicto en general, en la construcción institucional que lleve al país a niveles menos volátiles sobre el rumbo de sus políticas. Cabe suponer que por su falta de atención a estas grandes cuestiones se derivó en el fracaso de 2001. Por tanto la reconstrucción institucional actual no puede darse sin tenerlas en cuenta.

INCLUSIÓN SOCIAL

Es un proceso que asegura que todas las personas tienen las oportunidades y los recursos necesarios

para participar plenamente en la vida económica, social y política y para disfrutar de unas condiciones

de vida normales.

La inclusión social está relacionada con la integración, la cohesión, la justicia social.

Es la posibilidad de participación igualitaria de todos sus miembros en todas las dimensiones sociales (económica, legal, política, cultural, etc.)

CONSTRUCCIÓN DEL CIUDADANO

La participación ciudadana la abordamos como con un proceso de construcción política, es decir, estamos hablando de un tipo de participación con reales posibilidades de llevar a cabo la acción social concertada y autónoma, que pueda hacer presión sobre las agencia gubernamentales de cualquier nivel del poder, para convertir las necesidades socializadas e incluso individuales en políticas tendientes a la satisfacción de las mismas.

Partimos de la siguiente premisa; en la medida en que las organizaciones ciudadanas se encuentren cooptadas o controladas de alguna forma por cualquier organización perteneciente al Estado en cualquiera de sus niveles, pierden autonomía y se convierten en instancias gubernamentales. Desde esta perspectiva, el Estado puede e incluso debe jugar un papel de acompañamiento, más no de ductor del proceso de organización ciudadana.

De tal manera que la autonomía para la participación ciudadana (más allá de la ejecución de políticas y aprovechamiento de recursos) resulta necesaria la construcción de alternativas de desarrollo local, se requiere que el proceso de construcción se sustente en el diálogo de diversos actores con intereses públicos, sectoriales e incluso individuales, contradictorios y hasta excluyentes entre si, ello implicaría, el reconocimiento del otro versusla exclusión, que se desmitifique el fetichismo del voto como máximo camino para la participación y se viabilicen mecanismos para lograr consenso; lo cual refleja la complejidad social de la cual debe dar cuenta tal proceso político.

La conformación y funcionamiento de estructuras populares de participación, para el diseño y/o ejecución de la política en las localidades, particularmente la que corresponde a los Consejos Comunales como expresión de la participación ciudadana; involucraría la construcción de espacios y esferas públicas no estadales (Bresser Pereira y Cunill, 1998), de deliberación en las cuales, la estandarización de formas y procedimientos emanados de instancias gubernamentales y el control son contrarias a la creatividad social.

b) El desarrollo local refiere a una respuesta original, endógena, con protagonistas explícitos, identificados, ante un entorno de flujos cambiantes, de tendencias exógenas fuertemente condicionantes, de desafíos e incertidumbres crecientes. Refiere a una discrecionalidad (desde el lugar y desde la gente) de los procesos de desarrollo (Madoery, 2001), siendo que es un enfoque que amerita construcción por parte de la gente e implica además compromisos políticos creados en esa construcción. Asimismo, este modelo de desarrollo significa, a nuestro juicio, un concepto de lo local no sólo en el plano geográfico-físico de los indicadores de la racionalidad económica, sino la creación de un espacio social de capacidades y limitaciones para llevar a cabo las tareas del desarrollo y un producto de las capacidades y los compromisos.

En palabras de Madoery (2001) el enfoque dibuja una nueva geografía de responsabilidades públicas para el desarrollo. Surge entonces la necesidad de rediseñar las articulaciones entre diferentes escalas del gobierno y administración que rescate la

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