Maltrato Infantil

Bolivia es principalmente un país de origen para que hombres, mujeres y niños sean objeto de trata con el fin de ser explotados en condiciones de prostitución forzada y trabajo forzado dentro del país o en el extranjero. Una gran cantidad de ciudadanos bolivianos se encuentran en condiciones de trabajo forzado en Argentina, Brasil, Chile, Perú, España y Estados Unidos, en establecimientos que explotan a los trabajadores, en fábricas y en la agricultura. Dentro del país, mujeres jóvenes y niñas bolivianas de áreas rurales están obligadas a ejercer la prostitución forzada en áreas urbanas. Los integrantes de las comunidades indígenas, particularmente en la región del Chaco, están en riesgo de ser víctimas de trabajos forzados dentro del país. Una cantidad importante de menores bolivianos sufren condiciones de trabajo forzado en la minería, agricultura y como sirvientes domésticos y los informes indican que padres de familia venden o alquilan a sus hijos para ser explotados en trabajo forzado en la minería y la agricultura en áreas cercanas a la frontera con Perú. Los débiles controles a lo largo de las fronteras del país facilitan el tránsito de migrantes indocumentados, algunos de los cuales podrían ser víctimas de trata de personas. En un caso, las autoridades bolivianas identificaron a 26 niños haitianos que estaban en tránsito hacia Brasil para una posible explotación en trabajos forzados o prostitución forzada.

El gobierno de Bolivia no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata; sin embargo, está llevando a cabo esfuerzos importantes para lograrlo. El gobierno mantuvo esfuerzos importantes de aplicación de la ley en la lucha contra la trata de personas, aunque no aumentó la cantidad de condenas contra perpetradores de trata, que permaneció en un nivel desproporcionadamente bajo en comparación con las altas cifras de víctimas de trata de personas identificadas por las autoridades bolivianas. El gobierno no mostró evidencia de estar enfrentando adecuadamente el trabajo forzoso y los servicios disponibles para las personas sujetas a trabajos forzados y para bolivianos repatriados que fueron víctimas de trata en el extranjero en general fueron inexistentes. Aunque muchas de las iniciativas de Bolivia contra la trata de personas siguieron dependiendo de la financiación de donantes internacionales, el gobierno ha iniciado un proyecto para dedicar una importante cantidad adicional de oficiales encargados del cumplimiento de la ley y de fiscales para llevar a cabo la investigación y enjuiciamiento de delitos de trata durante el próximo año.

Recomendaciones para Bolivia: Intensificar los esfuerzos de aplicación de la ley contra la trata de personas, especialmente en la investigación de denuncias de trabajo forzado de adultos y niños; incrementar los esfuerzos para enjuiciar delitos de trata de personas y condenar a los perpetradores de trata, especialmente en casos que implican prostitución forzosa de mujeres adultas o trabajo forzado; ampliar los servicios ofrecidos a las víctimas en todo el país, especialmente a las víctimas de trabajos forzados; dedicar recursos para prestar servicios a las víctimas de trata repatriadas; desarrollar procedimientos formales para identificar víctimas en medio de poblaciones vulnerables; e incrementar la conciencia pública acerca de los peligros de la trata de seres humanos, especialmente entre ciudadanos bolivianos que buscan trabajar en el extranjero.

Enjuiciamiento

El gobierno de Bolivia mantuvo los esfuerzos en la aplicación de la ley contra la trata de personas durante el año pasado, aunque no demostró esfuerzos mayores para enjuiciar y castigar a los culpables de cometer delitos de trata de personas. El gobierno prohíbe todas las formas de trata de seres humanos a través de la Ley 3325, una ley contra la trata de personas promulgada en 2006, que dispone penas de ocho hasta doce de años de prisión, penas que son lo suficientemente severas y conmensurables con aquellas establecidas en las leyes bolivianas para otros delito serios, como la violación. Un proyecto de ley presentado al Congreso de Bolivia el año pasado aumentaría la capacidad del gobierno para realizar investigaciones a fondo y mejoraría el acceso de las víctimas a servicios especializados. La Policía Nacional de Bolivia investigó 288 casos sospechosos relacionados con trata de personas en 2009, un incremento del 26 por ciento superior a la cantidad de investigaciones iniciadas durante el año anterior. El gobierno de Bolivia informó de 21 procesos iniciados y siete delincuentes condenados por trata en 2009; tres de los siete condenados recibieron sentencias suspendidas y fueron puestos en libertad, mientras que las otras sentencias oscilan entre tres y doce

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