Medios De Comunicacion Masiva En Mèxico

Los medios de comunicación masivos en el México contemporáneo

Uno de los procesos sociales más significativos del siglo XIX fue sin duda la aparición y desarrollo de la radio y la televisión como medios masivos de comunicación.

En México, las transmisiones por parte de estaciones comerciales tuvieron sus inicios en 1930, en el caso de la radio, y en 1950, en el caso de la televisión. Desde esos momentos, los nuevos medios dejaron de ver que sus capacidades de comunicación superaban notablemente las de cualquier otro medio que operara en aquel momento, como la prensa o el telégrafo.

Los medios electrónicos podían llegar de manera instantánea –literalmente a la velocidad de la luz- y simultáneamente a miles de personas ubicadas en lugares distintos y no exigían de sus receptores el ejercicio de ningún tipo de habilidad o actividad específica, como podría ser leer o salir de la casa para comprar un periódico o enviar un telegrama.

Uno de los usos más evidentes que estos medios tuvieron en sus inicios fue el de instrumentos de difusión de publicidad comercial, que por primera vez permitía utilizar sonidos e imágenes en el proceso de convencer a los potenciales consumidores de las virtudes de distintos productos.

Su potencialidad de comunicación iba mucho más allá de la simple transmisión de información. Dadas sus distintas características, la radio y la televisión rápidamente exhibieron su capacidad para orientar las opiniones e incluso los gustos y las preferencias de distinta naturaleza de su auditorio. No se trataba simplemente de instrumentos de información, sino de una nueva voz social escuchada, vista y atendida con un elevado grado de confianza en sus mensajes y, por tanto, con una gran influencia en la sociedad.

Desde un principio, estas potencialidades fueron entendidas y tomadas en cuenta por el Estado, que actuó en relación con ellas en tres sentidos principales:

Como administrador de los bienes de la nación, el Estado estableció mecanismos de control para el establecimiento y operación de transmisoras de radio y televisión, basándose en el hecho de que éstas para su funcionamiento requieren, necesariamente, del uso del espacio aéreo nacional.

Como institución autoritaria de control político, estableció restricciones y acuerdos con los operadores de los medios, de forma tal que su influencia social no rebasara los límites de los intereses políticos oficiales.

En tanto actor político, hizo uso de esta capacidad comunicativa para promover sus propios puntos de vista e intereses.

Con estas orientaciones, el Gobierno mexicano participó activamente en el proceso de establecimiento de la radio y la televisión en el país desde sus primeros momentos.

Durante los regímenes priistas, el Gobierno tuvo capacidad absoluta para decidir sobre el establecimiento de cualquier estación de radio y televisión. Esto se logró sujetando dicho establecimiento a la obtención de una concesión –en el caso de estaciones comerciales- o de un permiso- en todos los demás casos- otorgados por el Gobierno.

Este sistema, que continúa vigente, también da al Gobierno amplias facultades para retirar las concesiones o permisos en cualquier momento. Asimismo, se establecieron legalmente instrumentos normativos que permitieron al Gobierno controlar el contenido de las transmisiones, con amplia discrecionalidad.

Durante décadas, este sistema garantizó un fuerte control estatal de las transmisiones comerciales de radio y televisión. El Estado disponía, de este modo, de un instrumento publicitario y propagandístico de gran efectividad. El control oficial permitía la constante transmisión de noticias y opiniones favorables al desempeño del Gobierno, la limitación y supresión sistemática de noticias y opiniones contrarias y amplios espacios directamente utilizados en publicidad oficial o en la transmisión de actos gubernamentales relevantes, como los informes presidenciales.

A cambio de estas acciones a favor del Gobierno y su partido, los concesionarios de los medios electrónicos de comunicación obtuvieron privilegios muy importantes:

A través del sistema de concesiones se eliminó en la práctica la competencia en ese sector de la economía. Las concesiones se fueron otorgando a un número muy limitado de particulares, especialmente en el caso de la televisión.

Se les permitió el pago en especie de la totalidad del impuesto derivado del uso de un bien nacional –el espacio aéreo-. Dicho pago se estableció en el uso oficial del 12.5% del tiempo de transmisión de cada estación, y

El gobierno comenzó la adquisición sistemática y creciente de publicidad en los medios electrónicos.

Con el paso del tiempo, y como parte de las demandas sociales generales de apertura política, el control estatal de las transmisiones de radio y televisión se hizo objeto de fuertes críticas. En la década de los ochenta, y particularmente a partir del proceso de elección presidencial de 1988, la política oficialista de los medios llevó a distintos tipos de protestas públicas, desde plantones enfrente de las estaciones, hasta intentos de boicot a algunos de los principales noticieros de televisión, invitando a la población a no verlos.

Como resultado de la crisis electoral de ese mismo año y de las crecientes presiones de democratización que se vivían en el país, los medios masivos de comunicación comenzaron tímidos procesos de apertura en sus transmisiones. Cada vez con mayor frecuencia podían escucharse opiniones políticas disidentes y se expresaban críticas a las políticas oficiales. Sin embargo, esta apertura nunca afectó gravemente el contenido principalmente oficialista del conjunto de la programación que la radio y la televisión tenían en esos años.

Esto, desde luego, no significa que no se pudieran encontrar voces o incluso permisionarios que en el conjunto adoptaban posiciones distintas a los posiciones gubernamentales, pero sí que las estaciones con mayor influencia –en especial televisión-siguieron orientando sus contenidos noticiosos y de opinión a favorecer en forma clara las políticas oficiales e incluso, a desacreditar las distintas expresiones opositoras, en lo político y en lo social. En términos generales, los concesionarios mantuvieron sus acuerdos políticos y comerciales con los gobiernos priistas. Esta situación se mantuvo, con algunas variaciones y modestos gestos de apertura, durante los sexenios siguientes.

Cuando en 2000 accedió a la Presidencia de la República por primera vez un partido distinto del PRI, el sistema de partido de Estado llegó a su fin. Con él, el viejo sistema de control oficial sobre las transmisiones de radio y televisión dejó de funcionar como lo había hecho durante décadas. Sin embargo, las bases legales del

...