Minería y su Impacto en las Comunidades de Influencia

Minería y su Impacto en las Comunidades de Influencia

Fabio Cabrera Saldaña

El Perú, considerado por tradición un país minero, misma tradición que en la actualidad se mantiene gracias al capital de empresas líderes en este rubro de nivel internacional. Instituciones no gubernamentales nos dicen que el aporte de la minería formal es 14% del PBI nacional, además, genera un impacto fuerte en la generación de empleo sea este de forma directa o indirecta, contribuye a la recaudación fiscal, impulsa la economía, descentraliza la actividad productiva y contribuye con el desarrollo sostenible, según Confiep (2021). De lo mencionado, ¿porque el ciudadano o vecino de estos proyectos mineros tienen la percepción que el impacto positivo o únicos beneficiarios son los dueños de los proyectos mineros?; ante esta interrogante, se analiza diversos factores tales como; comunicación deficiente, informalidad, medio ambiental y gobernabilidad local. Conduciendo de manera correcta los factores mencionados siempre orientado al beneficio de las comunidades, la población de la zona de influencia podría ver el impacto social positivo que trae consigo el desarrollo de proyectos mineros.

Actualmente se tiene una imagen de negativa de la minería en el Perú, siendo esta reforzada por impactos negativos actuales ocasionado por el sector informal o los llamados mineros artesanales, quienes presentan un deficiente o más aún no realizan ninguna gestión de manejo ambiental, además, el empleo intensivo de mercurio genera emisión de gases y partículas al medio , haciendo de la minería una actividad altamente contaminante teniendo grandes impactos en la salud pública, “por otro lado, tal informalidad impide que el Estado regule el sector, que su producción se integre a los circuitos formales de comercialización de metales y que pague sus respectivos impuestos” según Kuramoto y Glave (2007), como se menciona el pago cero de impuestos al estado e ingreso económico a las municipalidades y/o regiones mediante la modalidad del canon minero que debería ser destinado para generar obras en beneficio de las comunidades de influencia trae esa desazón en la población o comunidades al presenciar el lucro de extraños y daños en su ecosistema sin gozar de algún beneficio o impacto positivo.

La alteración del medio ambiente o un ecosistema incierto a futuro producto de la actividad minera, genera incertidumbre y rechazo a esta actividad por parte de las comunidades de influencia. Más aún si las entidades encargadas de cuidar el medio ambiente no muestran una comunicación y cohesión para trabajar en conjunto con las autoridades o instituciones locales como las municipalidades y/o gobiernos regionales, según Glave (2007) nos dice; que el sector de Energía y Minas es promotor e impulsa el desarrollo de una gestión descentralizada; a través, de este ministerio se pusieron en práctica “programas de adecuación y manejo ambiental (PAMA), los estudios de impacto ambiental (EIA)” y otras herramientas de gestión y monitoreo ambiental. A pesar del arduo trabajo descrito en el marco del sistema de gestión ambiental, este Ministerio no logra rebasar el modelo sectorial centralizado. Actualmente, en la práctica, se observa una escasa coordinación y/o trabajo en conjunto con otras instituciones vinculadas al ámbito ambiental, así como una reducida competencia por parte de los gobiernos regionales para ejecutar políticas y fiscalizar en materia ambiental. La transformación de este último aspecto debe ser analizado en un mediano o de ser posible en un corto plazo, “una vez que se culmine el proceso de transferencia de funciones previsto por el Consejo Nacional de Descentralización”.

En una investigación sobre los conflicto sociales e inversiones mineras en el Perú (Arizaca, 2017) nos dice que “existe una correlación positiva de 84% entre inversiones y conflictos socio ambientales y una menor correlación con los conflictos en general que es de 63%”, bajo estás estadísticas se puede inferir que la ampliación de la minería se asocia a un crecimiento de la demanda de compra de terrenos, incumplimiento de acuerdos o compromisos, impactos negativos en el medio ambiente, infracciones y multas no cobradas, y una mejor distribución de ingresos a los entes estatales y locales, son posiblemente la causa principal de los conflictos entre esta industria y la comunidad vecina. Por tanto, debería de implementarse nuevos mecanismos como el derecho a la consulta popular y participación ciudadana, establecer acuerdos sólidos y cumplimiento tangibles para el otorgamiento de la licencia social. Establecer procedimientos para el uso adecuado y transparente de los recursos económicos trasferidos a los gobiernos regionales y locales, tal cual, usa el gobierno nacional que administra el otro 50% del impuesto a la renta. Respecto a los recursos económicos trasferidos a los gobiernos regionales

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