Modelo de Gestion en Bolivia

Bolivia ha adoptado el  Modelo  de  Gestión  para  Resultados  en  el  Desarrollo  (MGpRD),  como  un  instrumento  orientado  a  fortalecer  la  capacidad  del  Estado,    buscando el  logro  de  metas  y  resultados  que  permitan  potenciar  el  desarrollo  nacional;  facilitando  a  las  organizaciones  públicas la  dirección  efectiva e integrada de los procesos de creación de valor público con el   fin   de   optimizar,   asegurar   la   máxima   eficacia   y   eficiencia   del desempeño, la consecución de los objetivos de gobierno y la mejora continua de sus  instituciones.  

Este modelo, tiene como piedra  angular,  la  creación  y  la maximización  del  valor  público  entregado  a  la  ciudadanía,   entendiendo   este,   como   el   bienestar   colectivo   que   el   Estado, sobre todo a través de las políticas de inversión,  contribuye a generar mediante la prestación de infraestructura, bienes y servicios.

Es en ese modelo de creación de valor que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional – FNDR participa como un Banco de desarrollo de segundo piso sin ser una entidad financiera para apoyar los programas de inversiones públicas destinado al financiamiento de acciones en los distintos ámbitos de infraestructura social y económica, con el objetivo de obtener un desarrollo territorial armónico y equitativo.

Hace uso de los fondos destinados a la inversión pública, necesaria para proveer bienes y servicios donde el estado es capaz de innovar y hacer posibles actividades que de otra forma no se llevarían a cabo, incentivando el impacto positivo y significativo en las tasas de crecimiento económico, los mismos que deben incorporarse en términos democráticos y formales

La expansión de los sistemas de democracia formal ha llevado a que se le preste una mayor atención a la rendición de cuentas de parte de los Estados a los ciudadanos, y al papel de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones.

La  institucionalización  de  los  sistemas  de  seguimiento  y  evaluación  no  es  fácil,  pues  requiere  de  un  compromiso  político,  capacidades  técnicas  y  una  política  de  incentivos,  tanto para realizar evaluaciones como para usar sus resultados en el proceso de toma de decisiones. En  virtud  de  ello,  esta  política  constituye  un  punto  de  partida  trascendental   para   consolidar   innovaciones   en   la   gestión   pública   al   establecer la finalidad y el uso de la evaluación, proporcionando definiciones, principios y estándares  y  perfilando  las  responsabilidades  de  la  función  de  evaluación  en  el  sector público,  con  un  enfoque  integre  a  múltiples  actores  del  desarrollo,  entre  ellos  al  sector  privado y a la ciudadanía.

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