México Frente A Las Leyes Antiinmigrantes

Titulo: México frente a las leyes antiinmigrantes

Objetivo: Describir cómo se ha modificado la vida de los migrantes y sus familias a partir aprobación de la “Ley Arizona”.

Introducción.

En los Estados Unidos de América a partir del 2005, se registraron una serie de propuestas a nivel estatal y local (Arizona), para controlar o desalentar la inmigración indocumentada. Ejemplificando estas propuestas está la ley HB 2779 (nombrada así por la cláusula a la que pertenece) la cual obliga a los empresarios del Estado de Arizona a comprobar ante el Gobierno Estatal la condición migratoria legal de cada uno de los trabajadores que tuviera en su empresa o negocio contratados a partir del 1 de enero del 2008.

Ésta ley (HB 2779) fue la antecesora de la popularmente denominada “Ley Antiinmigrantes de Arizona” (SB 1070, código penal del Estado de Arizona). (Absalón, 2010)

Este documento es un estudio descriptivo de cómo las vidas de los migrantes y sus familiares se han visto afectados desde la aparición de la ley antiinmigrantes de Arizona. Basándonos en estudios, reportajes, noticias, y vivencias, comentarios de algunos familiares que residen en E.U.A me relatan acerca de cómo viven los migrantes y sus respectivas familias.

Cuerpo

La Ley SB-1070 se promulgó el mes de abril del año pasado y fue calificada como la más dura ley antiinmigrante de Estados Unidos. En ella “se le da el libre derecho a la policía estatal de pedirle información sobre su situación legal a cualquier persona que, para ellos, pueda ser ilegal, así también sancionar a cualquier persona que contrátate a empleados con una situación legal irregular, o brindarle cualquier clase de servicio a un individuo que no presente una situación legal en este país.” (Solórzano, 2010)

Pero este tipo de leyes no son cosa nueva pues como antecedente se tiene el siguiente dato:

“Fue el 4 de enero del año 2008, cuando se dio a conocer a través de los medios nacionales e internaciones la aprobación de la Ley Anti Inmigrante HB 2779, que fue aprobada por el Congreso Local de aquella entidad local en el año 2006, misma que fue confirmada una semana antes de su publicación, y confirmada por el juez federal Nel Wake, la que obligaba a los empresarios del Estado de Arizona a comprobar ante el Gobierno Estatal la condición migratoria legal de cada uno de los trabajadores que tuviera en su empresa o negocio contratados a partir del 1 de enero del año 2008, bajo el riesgo de perder su licencia para operar.” De esta manera se sentaron las bases para que la ley SB1070 fuera firmada por la gobernadora de Arizona, la republicana Jan Brewer, el 27 de abril del 2010, argumentando que la ley ''protege a todos los ciudadanos de Arizona''. (Absalón, 2010)

Esta situación crea un constante miedo, tanto en ilegales como en sus familias: las personas ya no salen de sus casas por temor a ser arrestados y deportados, de sufrir el abuso de la autoridad, de no contar con los servicios básicos pese a que pagan impuestos como cualquier ciudadano norteamericano, y de sus cheques de paga se les descuentan los costos de servicio. Si la familia del inmigrante radica en el país de origen del mismo puede verse afectada en cuanto a que, si el proveedor no puede salir a trabajar libremente no tendrá la posibilidad mandar dinero a la familia, y esto a su vez acarrearía una situación económicamente difícil para quienes eran beneficiados con esta entrada de dinero, lo cual puede traer como consecuencia que uno o más miembros de ésta emigren. Y si este caso lo multiplicamos por las miles de familias que pasan por la misma situación, el entorno social de cada población se verá afectado en gran medida.

Desgraciadamente estamos en una época donde el desempleo y la pobreza son unas de las causas más importantes de la migración y ya no sabemos si realmente viajar al extranjero en busca de nuevas y mejores oportunidades es una buena idea. Se sabe que el miembro de la familia que emigra con fines de proveer de más y mejores bienes a su familia no se va por mero gusto, pues esto implica quedarse sin la oportunidad de ver crecer a sus hijos, en el caso de los padres, de envejecer con la persona que aman y disfrutar de sus seres queridos. Si a esto se le suma que se les recibe con desprecios por el color de piel o por la nacionalidad, que se les trata como animales, abusando de sus necesidades aumenta aún más la tristeza de quien se va y la de a quienes deja.

El trato que reciben los ilegales va en contra de los derecho establecidos por la CNDH que asegura que bajo Declaración Universal de Derechos Humanos toda persona tiene derecho a ejercer sus prerrogativas más esenciales bajo el principio de no discriminación, por ningún tipo de características físicas, ideológicas, sexuales o de cualquier clase. Incluso Barack Obama, presidente de Estados Unidos, declaro sobre este tema refriéndose a los ilegales como quienes representan el verdadero patriotismo por servir a un país al que entonces no podían llamar suyo. Este mismo reconoce, por otro lado, que la población de ilegales que viven en estados unidos genera gran cantidad de ingresos a este país puesto que es la principal mano de obra en varios estados. Entonces ¿no resulta contradictorio que quieran proteger a su gente, según el criterio de quienes apoyan estas leyes en EUA, cuando al deportar a miles de inmigrantes afecta a la vez la economía del estado y, por lo tanto, del pueblo? (Rodríguez, 2010)

El antes llamado “Sueño Americano” dejó de serlo para convertirse en una pesadilla que miles de mexicanos viven día a día en carne propia y ajena. Incluso se le ha comparado con el holocausto pues el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva nos dice lo siguiente al respecto:

"Hemos visto como en la Unión Americana han ido surgiendo en los últimos meses muestras muy claras de un oprobioso pasado que pensábamos que ya habíamos superado, estas leyes altamente discriminatorias en contra de seres humanos sólo por su nacionalidad o su color de piel son una muestra de un pasado que parecía ya habíamos superado y que hoy por hoy surge de nueva cuenta”. (2010)

Al menos siete estados buscarán medidas similares a la ley antiinmigrante SB 1070 de Arizona, debido a la 'inacción' del gobierno de Estados Unidos, reveló hoy un informe del Foro Nacional de Inmigración.

Las entidades que intentarán adoptar ese tipo de medidas son Georgia, Mississippi, Nebraska, Oklahoma, Pensilvania, Carolina del Sur y Tennessee, pese a evidencias que muestran que la SB 1070 es costosa, amenaza la seguridad pública, afecta los presupuestos estatales y genera desafíos legales. De acuerdo con el informe, en esos estados hay políticos

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