PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL EN VENEZUELA Y SUS ARTICULACIONES CON LOS DERECHOS HUMANOS.

PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL EN VENEZUELA Y SUS ARTICULACIONES CON LOS DERECHOS HUMANOS.

Este trabajo presenta un estudio de carácter descriptivo sobre las políticas económicas y sociales que adelanta el gobierno venezolano desde la Constitución Nacional de 1999.

Desde esa fecha, el gobierno emprendió distintas iniciativas en materia económica, utilizando los conceptos de “equilibrio económico”, “desarrollo endógeno”, “nuevo cooperativismo” y, más recientemente, “modelo de producción social”. Estas iniciativas han estado dirigidas, de acuerdo con la visión del gobierno, a cambiar el ordenamiento económico vigente por un sistema no capitalista, humanizado y soberano.

Las estrategias que el gobierno se ha propuesto llevar a la práctica para lograr tales propósitos han sido:

• La democratización del capital y la tierra.

• La soberanía en la orientación y distribución de la riqueza nacional, hacia el desarrollo de las potencialidades internas de las comunidades en la ciudad y el campo.

• La inclusión social en la actividad productiva.

En este orden, el interés por la economía social y el desarrollo económico ha ocupado un lugar importante en la política gubernamental desde el año 1999, al lado de objetivos de crecimiento económico, estabilidad macro-económica, sostenibilidad fiscal y estímulo al ahorro y la inversión.

Este interés se ha expresado en programas, planes, leyes, inversiones y medidas económicas desde entonces.

El objetivo del estudio es comprender las nuevas orientaciones, definiciones y estructura jurídica, programática, institucional y financiera de la política de economía social y desarrollo económico sustentable, donde el gobierno ha puesto su mayor empeño a fin de producir cambios en el sistema económico y el modelo productivo del país.

A continuación observamos los contextos donde estos cambios se han pretendido aplicar y los efectos que ha tenido su funcionamiento en las actitudes y comportamientos de los beneficiarios, asociados en cooperativas o núcleos de desarrollo endógeno.

Antecedentes.

La industria petrolera fue el principal dinamizador de la modernización venezolana desde mediados de los años treinta. Las exportaciones petroleras pasaron de 2% en la década de 1920 a 83% en la década de 1940. La modernización se practicó como un intenso proceso de transformaciones que comprendía, entre otros aspectos, la integración del territorio, la acumulación capitalista de los excedentes petroleros y la transformación de las formas de trabajo y modos de vida.

Entre los cambios ocurridos por efectos de ésta destacaron:

• La migración a la ciudad.

• El abandono del campo.

• La densificación poblacional de las capitales de estado.

• La creación de nuevos centros urbanos petroleros y el surgimiento de los sectores obreros y medios.

A partir de los años 1940 estos cambios son expresamente promovidos por el Estado, como dueño y administrador de los ingresos petroleros, convirtiéndose éste en el espacio donde los actores y sectores nacionales encontraron el medio para materializar los proyectos de modernización.

En la política pública venezolana el gasto social fue realmente importante a partir de la segunda mitad de la década de 1930. Entre los años 1935-1936, el peso porcentual del gasto social en las finanzas públicas se duplicó, pasando de un 5% a 11% respectivamente, debido al aumento del presupuesto en salud.

Luego, mantuvo un crecimiento relativamente estable hasta incrementarse significativamente en la década de 1960 y, de manera más constante, a partir del año 1964. Sin embargo, el gasto económico siempre tuvo mayor peso que el gasto social, representando más o menos el 40% del total de gasto público.

Sólo en la década de 1960, el gasto social llegó casi a equipararse con el gasto económico. La preponderancia de este último se debe a las prioridades de la política para aquella época, las cuales se orientaron hacia el pleno empleo de los factores, la expansión del mercado de trabajo formal y el crecimiento sostenido de los ingresos laborales reales.

EL ENFOQUE ECONÓMICO EN EL NUEVO MARCO JURÍDICO E INSTITUCIONAL.

La economía en la Constitución de 1999 y las Leyes de 2001-2006.

Después de ganar las elecciones de 1998 con 59,8% de los votos, el electo Presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías, anuncia la necesidad de redactar una nueva constitución nacional para formalizar los compromisos adquiridos durante su campaña con las demandas políticas, económicas y sociales del país. Una Asamblea Constituyente, elegida por voto popular, fue la encargada de redactar el nuevo texto.

En la Constitución, Estado y pueblo organizado son los dos actores principales. El Estado se concibe como una estructura abierta a la participación de los ciudadanos, apelando a una legitimidad que descansa en la soberanía popular. De la unión Estado-Pueblo se desprende el principio de corresponsabilidad, entendido como Estado y ciudadanos tomando decisiones de manera conjunta. Se pretende que el protagonismo del pueblo organizado en todas sus formas de representación comunitaria (Consejos Comunales). Ello se cree posible en la medida que haya una profunda reestructuración del Estado que viabilice la participación, regulación y control de gestión por parte de las comunidades; así como que el Estado asuma responsabilidades con la satisfacción de las necesidades vitales de la población e intervenga en la sociedad bajo los mandatos de la justicia y la solidaridad.

La Constitución contempla un capítulo exclusivamente dedicado al régimen económico y a las funciones del Estado en la economía. En este capítulo se establece que la economía tiene un papel político en la construcción del proyecto de país, adoptando los principios de justicia social, democratización, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad. La economía tiene carácter mixto (público-privado), entendiendo por ello que el Estado y la iniciativa privada deben generar en forma conjunta: fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, mejor nivel de vida de la población y soberanía económica.

El reto del desarrollo debe ser fundamental para el Estado, En este sentido, el Estado cumple un rol principal dentro de la función económica. La Constitución establece que los objetivos de la mutua responsabilidad pública-privada en la economía solo pueden lograrse si se da un crecimiento económico permanente, sustentable y equitativo; una justa distribución de la riqueza y una planificación estratégica de la economía, hecha de manera democrática,

...