PODER JUDICIAL VENEZOLANO

de interés público, no se alcanzan vía decreto. Por el contrario, el Estado debe garantizar las condiciones para que los oferentes incrementen su oferta y de esta manera los demandantes consigan suficientes alternativas y opciones que les permitan escoger según sus gustos y preferencias.

Así las cosas, se requiere fomentar la actividad económica privada en el sector construcción, así como en el sector de servicios de arrendamiento.

Si la preocupación es el poder adquisitivo del venezolano, debe instrumentarse políticas de estabilización macroeconómicas responsables que impliquen la armonización de la política fiscal, monetaria y cambiaria para garantizar la estabilidad de los precios y no el financiamiento inorgánico del gasto público corriente no productivo.

Debe articularse la incorporación más protagónica de los constructores privados para canalizar los fondos públicos de vivienda, garantizando una procura que evite la burocratización, corrupción y despilfarro de los recursos públicos destinados a la vivienda.

Finalmente, resulta fundamental que dicha legislación genere confianza y brinde la seguridad necesaria para que quienes están en capacidad de aumentar la oferta (actuales propietarios y constructores, al margen por supuesto de la iniciativa estatal para contribuir también al aumento de la misma) tengan los incentivos para hacerlo, sin temor a ser privados arbitrariamente de su propiedad, y que al lograr tal efecto, promoverá sin duda una sana competencia entre los oferentes, que conducirá a una moderación de los precios de alquiler, beneficiosa para los actuales y futuros

...