POLITICA EDUCATIVA, SOCIAL Y DE SALUD PARA LA PREVENCION DEL DELITO

POLITICA EDUCATIVA, SOCIAL Y DE SALUD PARA LA PREVENCION DEL DELITO.

Prevenir el delito, a partir de sus causas, implica definir y desarrollar programas en los que participen no solo las instancias relacionadas directamente con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, sino también otras instancias públicas del Ejecutivo Federal, como son la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y la Secretaría de Salud, cuyas funciones especializadas en el diseño de políticas sociales, educativas, de trabajo y de salud respectivamente, son fundamentales para combatir las causas estructurales y reducir algunos de los factores que generan la comisión de delitos, específicamente los relativos a la carencia de una cultura en materia de prevención y denuncia del delito, la pobreza, el desempleo y el consumo de estupefacientes principalmente.

Un elemento fundamental de la propuesta, es contar con la participación de la sociedad, en su conjunto, incluyendo representantes de los sectores académico, privado, medios de comunicación, de asociaciones de padres de familia, organizaciones civiles no gubernamentales y en general de los consejos ciudadanos de seguridad pública ya existentes en todo el país, con la finalidad de establecer propuestas conjuntas y mecanismos de colaboración en materia de prevención y denuncia del delito, muchos de los cuales la sociedad ya ha impulsado y señalado y no están sustentados en la inmediatez oportunista que privilegia el gasto en recursos que solo son paliativos, sino en invertir los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, preferentemente en programas de educación, de desarrollo social, de empleo y de salud vinculados con la seguridad pública, sustentables en el corto, mediano y largo plazo, que permitan sentar las bases e ir avanzando en la consolidación de una cultura de prevención y denuncia del delito y de combate permanentes contra la delincuencia y la impunidad.

Dicha propuesta se sustenta en la fracción sexta del artículo 21 Constitucional, consagrada en el artículo 9, así como en las disposiciones relativas señaladas en los artículos 10, 11, y 13 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en las que se señala que las autoridades competentes de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, se coordinarán en materia de seguridad pública para establecer las relaciones con la comunidad y fomentar una cultura de prevención de infracciones y delitos; con base en los acuerdos y resoluciones que se tomen en el Consejo Nacional de Seguridad Pública y en las demás instancias de coordinación.

En síntesis, la propuesta consiste en integrar, por convocatoria del Sistema Nacional de Seguridad Pública, una Comisión de política educativa, social y de salud para la prevención del delito, con el apoyo y participación de las instancias públicas relacionadas, por sus funciones, con las causas estructurales del crimen, específicamente: la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y la Secretaría de Salud incluyendo la participación activa de representantes de la sociedad.

Lo anterior, con base en lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que establece que a la Secretaría de Desarrollo Social (Art. 32), corresponde, entre otras funciones: formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo social para el combate efectivo a la pobreza; así como coordinar, concretar y ejecutar programas especiales para la atención de los sectores sociales más desprotegidos, para elevar el nivel de vida de la población; a la Secretaría de Educación Pública (Art. 38), corresponde organizar, vigilar y desarrollar la enseñanza en las escuelas oficiales, promoviendo programas y acciones tendientes al pleno desarrollo de la juventud y a su incorporación a las tareas nacionales; a la Secretaría de Salud (Art. 39), corresponde asegurar el cumplimiento del derecho a la protección de la salud, así como ejecutar el control sobre preparación, posesión, uso, suministro, importación, exportación y distribución de drogas; y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (Art. 40), corresponde, promover la creación de empleos

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