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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN RESPECTO A LA CONSTITUCIONALIDAD DEL DELITO DE POSESIÓN PARA EL CONSUMO REGULADO EN EL ARTÍCULO 39 DEL DECRETO 48-92


Enviado por   •  28 de Marzo de 2017  •  Apuntes  •  2.583 Palabras (11 Páginas)  •  308 Visitas

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UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN RESPECTO A LA CONSTITUCIONALIDAD DEL DELITO DE POSESIÓN PARA EL CONSUMO REGULADO EN EL ARTÍCULO 39 DEL DECRETO 48-92

JUANFRANCISCO TOMAS

CARNÉ: 2201513

HUEHUETENANGO, 25 – 03 – 2016

CAMPUS SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ S.J.


ÍNDICE

TITULO        2

MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN        2

OBJETIVO GENERAL        2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS        2

PREGUNTA GENERAL        2

PREGUNTAS COLATERALES        2

DELIMITACIÓN        4

APORTE DE LA INVESTIGACIÓN        4

TIPO DE INVESTIGACIÓN        4

SUJETOS E INSTITUCIONES RELACIONADAS        5

INSTITUCIONES        5

SUJETOS        5

UNIDADES DE ANÁLISIS        6

MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN        7

LA OBSERVACIÓN        7

LA ENTREVISTA        7

ÍNDICE ESQUEMÁTICO        7

ENFOQUE        8

REFERENCIAS        8

CRONOGRAMA DE INVESTIGACIÓN        10

ANEXOS        11

TITULO

ANÁLISIS JURÍDICO RESPECTO A LA CONSTITUCIONALIDAD DEL DELITO DE POSESIÓN PARA EL CONSUMO REGULADO EN EL ARTÍCULO 39 DEL DECRETO 48 – 92.

MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN

Este proyecto de investigación se realiza a través de la modalidad de monografía

OBJETIVO GENERAL

Determinar la legalidad y constitucionalidad del delito de posesión para el consumo, regulado en el artículo 39 del Decreto 48 – 92.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

  1. Establecer que es la Constitucionalidad de una ley
  2. Establecer claramente que es el principio de legalidad
  3. Determinar como se aplica la ley contra la narcoactividad en un proceso penal.
  4. Determinar la legalidad del delito de posesión para el consumo, artículo 39, Decreto ley 48 – 92.

PREGUNTA GENERAL

¿Qué tan legal y constitucional es el delito de posesión para el consumo regulado en el artículo 39 del decreto 48 – 92?

PREGUNTAS COLATERALES

¿Qué es la constitucionalidad de las leyes?

¿Cómo se aplica el principio de legalidad en el ordenamiento jurídico guatemalteco?

¿Cómo se aplican los delitos contemplados en la ley contra la narcoactividad en un proceso penal?

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA, SU POSIBLE SOLUCIÓN Y VIABILIDAD

El poder determinar la legalidad de la que goza la Ley contra la Narcoactividad y específicamente el delito de posesión para el consumo regulado en el articulo 39 del mismo cuerpo legal resulta de suma importancia ya que, el principio de legalidad es considerado indispensable dentro de nuestra legislación, se encuentra regulado en el Código Penal, Procesal Penal e incluso en la Constitución Política de la República de Guatemala ( artículo 17) , leyes básicas que establece la forma de llevar un debido proceso para establecer las responsabilidades penales de un individuo, y a través de este proceso el Estado puede administrar adecuadamente el poder punitivo. El autor Muñoz Conde llama a este principio como el principio de intervención legalizada, para evitar el ejercicio arbitrario e ilimitado del poder punitivo. Pero si analizamos detenidamente los delitos comprendidos en esta ley carecen de una determinación especifica respecto a las cantidades de droga en cada  delito, ¿Cómo  entonces el juzgador puede determinar apegado al principio de legalidad si una persona aprehendida con una onza de droga la tiene para su propio consumo,  para traficarla o almacenarla?  La ley deja esta determinación a la imaginación y criterio del juzgador, convirtiéndose entonces en una administración arbitraria e incluso ilimitada del poder punitivo violando el principio de legalidad, lo que produce serios efectos en la sociedad huehueteca, sobre todo al estar muy  influenciada por el narcotráfico  por su cercanía con México, en  la actualidad muchas personas que no son peligrosas para la sociedad  son capturadas por poseer pequeñas cantidades de droga para su propio consumo, estas se ven sometidas a un largo proceso penal que no les otorga ninguna institución que les favorezca por la naturaleza de los delitos de la ley contra la Narcoactividad, y son juzgados como grandes narcotraficantes y sentenciados cumplir penas innecesarias, convirtiéndose en un problema social en Guatemala que causa efectos negativos, en el Organismo Judicial produciendo mayor saturación en la resolución de los procesos, produciendo mayor costo económico, al Ministerio Público de igual forma saturándolo mas con casos que podrían ser evitados o resueltos de distinta manera, y produciendo mayor gasto económico,  en el Sistema Penitenciario que esta en plena crisis ya que la mayoría de centros penales se encuentran sobre el limite de privados de libertad para los que fueron creados, produciendo también gastos económicos innecesarios,  y sobre todo  en la vida del la misma persona involucrada en estos casos ya que además de causarles gastos para el pago de licenciados, el pago de multas, el pago de extorciones dentro de los centros de detención penales,  también  efectos psicológicos que sufren al estar dentro de los mismo centro de detención, no cumpliendo entonces la finalidad principal del derecho penal, de reinsertar a la sociedad efectivamente a las personas involucradas en estos delitos. Todo esto se ve con mucha frecuencia en nuestra ciudad, que no aparenta tener actividad interna del narcotráfico pero que realmente crece día con día, perjudicando cada vez más a nuestra sociedad huehueteca y a nuestro Estado.

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