Percepción social del riesgo

Percepción social del riesgo

El riesgo percibido por los individuos o la sociedad se ha manifestado de forma distinta a lo largo de la historia. La primera etapa es religiosa: los males, naturales o artificiales, suceden porque así lo desean los dioses que se adoren. En 1875, el filósofo francés Jean-Jacques Rousseau, meditando sobre las consecuencias del terremoto de Lisboa, que produjo más de cien mil víctimas, concluyó que los responsables eran los gestores de la ciudad que habían permitido la construcción de viviendas de hasta seis pisos de altura en una zona conocida por su sismicidad. Se inauguró así la etapa filosófica. El auge de la aviación y de la electrónica durante la segunda gran guerra llevó a la creación, sobre todo en Inglaterra, hacia 1940, de organismos dedicados al estudio de los accidentes de aviación y al análisis de la fiabilidad de los sistemas de control. Se inauguró así la etapa tecnológica, sin participación social. Como se ha dicho, en 1975 se introduce la metodología probabilista para la cuantificación del riesgo, iniciando la etapa científica, que no convence a la sociedad, a pesar de los esfuerzos realizados por los gestores de la industria y de la administración. Hacia 1995, los gestores observan que el riesgo percibido por la sociedad prevalece sobre el riesgo calculado por los expertos y se inicia una apertura hacia la información y participación del público en los procesos de decisión.

Se habla de la etapa ética, porque tal proceso depende del mantenimiento de un dialogo racional entre todas las partes, basado en el comportamiento ético.

Se reconoce que la percepción del riesgo de cualquier actividad ha de ser una función creciente del beneficio obtenido, aunque modificado por muchos otros parámetros propios de la persona o del ambiente en que vive. Se llega así al concepto de riesgo aceptado, es decir, el que el individuo o el conjunto de individuos están dispuestos a aceptar por el beneficio que pretenden o esperan obtener de la actividad en cuestión; entendiendo por beneficio, tanto la satisfacción personal, como la económica o de otro tipo.

Si el beneficio esperado es nulo, el riesgo aceptado también lo será e irá creciendo a medida que lo hace el beneficio hasta un punto en el que el riesgo no resulta aceptable, por grande que sea el beneficio. Los matemáticos llaman a estas relaciones funciones sigmoides porque recuerdan a una S acostada. La dificultad para encontrar lugares donde se almacenen, temporal o de forma definitiva, los residuos radiactivos se basa precisamente en que de ellos no cabe obtener beneficio alguno, salvo las compensaciones económicas, aún no establecidas por los legisladores.

En el caso de la energía nuclear, el riesgo aceptado por la sociedad es muy pequeño, porque los beneficios sociales de la electricidad, en general, y de la electricidad de origen nuclear, en particular, quedan ocultos y porque se percibe que los económicos pertenecen sólo a la compañía eléctrica. Por ello, la información que se suministre a la sociedad debe incluir no sólo los riesgos propios de la actividad sino también sus beneficios de todo tipo. La sociedad se ha hecho tan dependiente de la energía eléctrica que comprenderá fácilmente los perjuicios derivados de la interrupción o baja calidad del suministro, del coste de la electricidad y la influencia de las distintas fuentes de energía eléctrica sobre el medio ambiente.

Pero la información no es suficiente, hay que avanzar hacia la participación social en las decisiones que importan. En Francia, la ley Barnier prevé esta participación, que excluye dogmatismos improductivos. La Unión Europea se mueve también en el mismo sentido. Estamos inmersos en una revolución ecologista que tiene como objetivo la protección del medio ambiente que está, aunque no reconocido oficialmente, entre la lista de los derechos humanos. Como tal, la revolución ecologista tiene que triunfar. Pero el triunfo de las revoluciones no corresponde a las

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