Pobreza Y Crimen

Estamos viviendo una realidad, que quienes están al frente del Estado y la dirigencia de las elites nacionales se niegan a aceptar: que en Guatemala el crimen organizado ha ido lentamente desplazando al mismo Estado. Lo anterior se evidencia ante la incapacidad de mantener instituciones con autoridad y potestad para consensuar reglas y objetivos que regulen a los pueblos que comparten el territorio nacional. Hay que sumar, además, que el Estado ha fracasado estrepitosamente en crear estrategias económicas viables para las mayorías pobres y extremadamente pobres.

Un ejemplo que muestra el desplazamiento del Estado, es la masacre del pasado 13 de junio, en la sede de la Policía Nacional Civil del municipio de Salcajá, Quetzaltenango. En donde fueron acribillados ocho policías y posteriormente fue asesinado y desmembrado el cuerpo del Subinspector de esa institución, cuyos restos aparecieron esparcidos en el departamento de Huehuetenango. Aquí el punto no es que Salcajá tenga un bajo índice de asesinatos, aquí el tema que hay que poner en discusión es que mientras Guatemala mantenga los miserables índices de desarrollo que recaen en las poblaciones rurales del interior y la riqueza nacional se siga concentrando en menos de 3 mil personas, solo se continuará exponiendo a los sectores medios y bajos a incorporarse a la economía que promueve el crimen organizado en sus diferentes facetas y vertientes.

De hecho, para muy pocos es un secreto que las economías de los departamentos fronterizos se han dinamizado por los negocios promovidos por el crimen organizado, que van desde inversiones en bienes inmuebles, prestación de servicios, hasta en iglesias. Inversiones que cada vez son más defendidas o aceptadas por las poblaciones a las cuales emplea, mientras que el Estado, ante su ceguera y macrocefalia, se ha olvidado de impulsar desarrollos propios y creativos. Por el contrario, el Estado guatemalteco no ha dejado de ejercer el despreciable y reductivo rol de servir exclusivamente a los intereses de un puñado de familias y empresas transnacionales, sin percatarse que con su accionar está cavando su propio resquebrajamiento y entregando el territorio con sus recursos a la economía del crimen.

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