Politica Criminal Morelos

U. C. J.

(UNIVERSIDAD DE CIENCIAS JURIDICAS)

TITULO DE INVESTIGACION

“RETOS A VENCER EN EL SISTEMA JUSTICIA PENAL ADVERSARIAL”

NOMBRE DEL CATEDARTICO: LIC. NORBERTO CALDERON

ALUMNO: LIC. CARLOS DOMINGUEZ PLIEGO

FACULTAD: MAESTRIA EN JUICIOS ORALES

SEMESTRE: PRIMERO

INTRODUCCION PAG. 2, EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ADVERSARIAL PAG. 2 ¿SOLUCION O PROBLEMA? PAG.2, DESAFIOS DEL SISTEMA PENAL DE JUSTICIA PAG. 3, INCONVENIENTES INESPERADOS PAG 4, EL JUICIO ORAL PAG. 6, CONCLUSIONES PAG. 8, BIBLIOGRAFIA PAG. 10

INTRODUCCION

Este pequeña investigación la realizo con la finalidad de poder emprender un diálogo sobre la reforma de la justicia penal de la que Morelos aun siendo uno de los principales estados que mayormente han consolidado este sistema al igual casi que los estado del norte, pero que sin embargo refleja una insatisfacción general con respecto a la falta de eficacia y legalidad demostrada por el sistema para solucionar los conflictos sociales o para generar una sensación de seguridad que permita a las partes alcanzar una estabilidad legal en nuestra sociedad, en base claro a la resolución de problemas jurídicos que hemos vivido a lo largo del tiempo.

EN NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ADVERSARIAL ¿SOLUCION O PROBLEMA?

El sistema ha sido la fuente de inseguridad adicional debido a la existencia de la corrupción y de las violaciones documentadas de derechos humanos por parte de los actores del sistema de administración de justicia ha sido el tope que frena el a la justicia adversarial en su lucha por lograr alcanzar sus verdaderas metas para lo que fue implementado, no solo en la agilización de los procesos mismos si no también la reducción del índice delincuencial, y la despresurización de la carga de trabajo en que se sumergían las diversas mesa de trámite y las procuradurías de justicia.

No obstante, ha habido esfuerzos desde que la reforma penal entro en vigor en diversos estados de la república incluyendo el nuestro (MORELOS), por otra parte las instituciones de administración de justicia y de la comunidad legal intentan enfrentar estas deficiencias y tratar de ser más efectivos en el combate a la impunidad, así como más sensibles a las necesidades públicas. El debate sobre la reforma legal, no obstante, carece de información efectiva, confiable sobre la incidencia, la naturaleza de la actividad delincuencial y sobre la manera en que el sistema de administración de justicia está haciendo frente al desafío. Forzándonos esto mismo a preguntarnos

¿EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ADVERSARIAL, DE VERDAD SE CONVERTIRÁ EN UN SISTEMA EFICIENTE EN LA IMPARTICIÓN DE LA LEY EN NUESTRO PAÍS?

La imagen pública del funcionamiento del sistema de administración de justicia está distorsionada y esto es gracias a la relación deficiente con las víctimas, los testigos y los acusados, así como por el nivel de la delincuencia en su conjunto, tomando en cuenta el gran número de delitos que ni siquiera son denunciados a las autoridades. Permitiendo de esa manera que diversos que a falta de esa organización gran número de personas logren evadir la acción de la justicia, aprovechando las diversidad de lagunas jurídicas que este sistema presenta y la falta conocimiento a trasfondo de este sistema ya sea muchas veces por parte de los fiscales o bien de igual manera de los defensores de oficio u abogados particulares. Ahora, si bien es cierto la corrupción puede ser significativa para percibir el poco futuro que le aguarda a dicho sistema, la falta de respuesta, el diseño poco transparente del sistema, y el desconocimiento de su correcta aplicación también alimentan la percepción acerca de la ineficiencia y la ilegitimidad del sistema. Debido a estas circunstancias lo que se ha provocado es que exista un indicador alto que refleje la falta de confianza de la población en el sistema de administración de justicia. Nuestro modelo de justicia penal es insuficiente para dar respuesta eficaz a la demanda de seguridad y justicia por parte de la sociedad. Las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia en nuestro país sufren obsolescencia, frente a una criminalidad mejor organizada, con recursos y que aprovecha los vacíos legales para delinquir. El sistema de enjuiciamiento penal no respeta los derechos de quienes intervienen en el proceso penal, por el simple y sencillo hecho que esto sería equivalente a una carga laboral mayor las autoridades al hacerles del conocimiento a las partes de de dichos derechos y por ello verse forzada la autoridad a hacerlos valer.

(PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA)

DESAFIOS DEL SISTEMA PENAL DE JUSTICIA

Los desafíos del sistema penal mexicano son tanto de carácter peculiar (es un sistema injusto) como diversas (es muy ineficiente y se registra una impunidad alarmante). En lo peculiar, el sistema penal viola Derechos Humanos; y el proceso penal es muy inequitativo, pues da muchas ventajas a quien acusa, el ministerio público, ya que sus actuaciones, realizadas en la penumbra de los separos y frecuentemente sin que las personas investigadas tengan la asesoría de un abogado, tienen enorme peso legal durante el proceso.

En lo general es un sistema muy ineficaz, que no da atención adecuada a las denuncias que recibe.

Según el IFAI:

“La probabilidad en México de que una persona cometa un delito y sea puesta a disposición de un juez es de 2%; las agencias del ministerio público y los juzgados están colapsados ante enormes cargas de trabajo que se acumulan por tener que procesarse conforme a procedimientos ambiguos. Y por si fuera poco en México dedicamos entre el 70% y 80% a investigar, procesar y encarcelar a los autores de delitos menores, mientras el crimen organizado goza de completa salud.”

Las iniciativas de reforma que se plantean en México buscan en un principio hacer frente a estos dos desafíos: en lo cualitativo se propone un sistema garantice, privilegie, avale los derechos de todos los actores del proceso penal; así como diseña un proceso adversarial, acusatorio en el que exista equidad entre las partes de la misma parte exista transparencia en el proceso.

Particularmente se propone despresurizar los tribunales, las prisiones desarrollando sanciones alternativas a la prisión y mecanismos de justicia alternativa, acuerdos de reparación del daño y otras salidas alternativas en caso de delitos menores o no violentos. En nuestro estado (MORELOS), lo que más ha llamado la atención de estas iniciativas es que entre estas medidas, se incluye la propuesta de restaurar la oralidad en el proceso penal, marginada en la práctica por un sistema escrito en el que la averiguación previa como

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