Politicas Agrarias En Mexico

POLÍTICAS AGRARIAS.

Dado que la situación del campo era crítica y el medio rural presentaba serios rezagos frente al urbano en su economía, su contribución al Producto Interno Bruto, la dotación de servicios con que contaba, los ingresos de la población y en general, en todos los indicadores de bienestar social, familiar y personal, el 1 de noviembre de 1991, en su Tercer Informe de Gobierno, Carlos Salinas de Gortari, entonces Presidente de la República Mexicana, planteó nuevas estrategias de desarrollo rural, enviando el 7 de noviembre de ese mismo año, la Exposición de Motivos e Iniciativa de Decreto que Reforma el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyas propuestas principales se detallan a continuación:

1.- La inversión.- Principalmente, del sector público debe complementarse con la de los productores que conocen directamente el potencial de su tierra y distinguen la mejor tecnología para sus explotaciones. En este proceso, la disponibilidad de financiamiento y las posibilidades de asociación son fundamentales, al igual que procesos de comercialización y transformación competitivas y eficientes.

2.- La justicia agraria.- Para garantizar la impartición de justicia y definitividad en materia agraria, se propuso establecer, en el texto constitucional en la fracción VII, Tribunales Federales Agrarios, de plena jurisdicción, dotados con autonomía para resolver, con apego a la ley y de manera expedita, entre otros, los asuntos relativos a la tenencia de ejidos y comunidades, las controversias entre ellos y las referentes a sus límites. Con ello, se sustituiría el procedimiento mixto administrativo-jurisdiccional derivado de la necesidad de una inmediata ejecución.

3.- Capitalizar al campo.- Para reactivar la producción y establecer de manera sostenida su crecimiento, eran necesarios los cambios que facilitaran la inversión en las proporciones que el campo demandaba, por lo que se proponían nuevas formas de asociación donde imperen equidad y certidumbre, se estimule la creatividad de los actores sociales y se compartan riesgos, para lo cual era necesario eliminar los impedimentos a las sociedades mercantiles para dar capacidad a los productores de vincularse efectivamente en las condiciones del mercado.

4.- La pequeña propiedad.- Con el objeto de conservar los aprovechamientos familiares y las unidades productivas del ranchero individual, se proponía mantener los límites de extensión a la pequeña propiedad. Sin embargo, se definía el concepto de pequeña propiedad forestal, asimilándola al límite de 800 hectáreas, que prevé la actual fracción XV, cuya intención era que los aprovechamientos forestales ligados a plantaciones industriales y regeneraciones modernas, requerían de extensiones suficientes para alcanzar rentabilidad.

5.- Nuevas formas de asociación.- Se sugirieron nuevas formas de asociarse para estimular la compactación y asegurar la capitalización y su viabilidad, proponiendo permitir la participación de las sociedades por acciones en la propiedad y producción rural, regulando al mismo tiempo la extensión máxima, el número de socios y que su tenencia accionaria se ajuste a los límites impuestos a la pequeña propiedad. Con ello se propiciaría el flujo de capital hacia las actividades agropecuarias, así como la introducción de técnicas de producción, administración y comercialización moderna en una relación respetuosa y equitativa.

6.- Capacidad legal del ejidatario.- Se reconoce la plena capacidad legal del ejidatario y también sus responsabilidades, correspondiéndoles resolver la forma del aprovechamiento

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