Políticas públicas en Educación desde el término de la Dictadura Militar: El camino hacia una educación democrática e inclusiva.

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Políticas públicas en Educación desde el término de la Dictadura Militar:

El camino hacia una educación democrática e inclusiva.

Cristóbal Caldentey Ferrada (Sección 1)

Equipo docente: Juan E. Opazo, Víctor Veloso, Francisca Vera

Formación de la Sociedad Moderna

02 de agosto de 2020

Índice

Introducción…………………………………………………………………. 3

Educación en crisis………………………………………………………… 5

Avances y retrocesos……………………………………………………… 8

Consideraciones finales y conclusiones………………………………. 11

Bibliografía…………………………………………………………………... 15

Introducción

El inicio de la dictadura cívico-militar dio paso a una serie de transformaciones en diversos temas, siendo la educación uno de los más afectados. Estos cambios coinciden con la implantación de un sistema económico-político-cultural neoliberal que nos permea hasta la actualidad. A partir de 1973, se realiza la mayor reforma en la historia de la política educativa chilena. Los cambios fueron radicales y generalizantes, enmarcados e impregnados del neoliberalismo antes mencionado, y de nacionalismo autoritario (Núñez, 1995 en Moreno-Doña y Gamboa, 2014).

Estas transformaciones pueden describirse en dos grandes periodos. Desde 1973 hasta 1979 comienza una desarticulación de la estructura educativa, acompañada de una fuerte represión, control y eliminación de sindicatos docentes, agrupaciones estudiantiles y cualquier tipo de organización profesional o educativa. Por otra parte, entre 1980 y 1990 se descentraliza y privatiza el sistema educativo, pasando el Ministerio de Educación a estar subordinado, en primer lugar, por el Ministerio del Interior y luego, por el Ministerio de Hacienda (Castro-Paredes, 2012 en Moreno-Doña y Gamboa, 2014).

El motor de estos cambios es, sin duda, la constitución de 1980, donde el Régimen Militar da cabida explícita a la libertad de enseñanza. A partir de aquí, la educación pasa de un bien público a transformarse en un bien de consumo:

“La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. La enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político partidista alguna. Los padres tendrán el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos”. (CHILE, 2002, p. 13 en Moreno-Doña y Gamboa, 2014)

Así, en el 2009, 20 años después, y debido al alzamiento de estudiantes secundarios en lo que se conoció como la “Revolución Pingüina”, se logró la modificación de la ley N°18.962 LOCE, la cual protegía todas las políticas impuestas en dictadura y permitía la perpetuación de la arquitectura educativa neoliberal en el área, para dar paso a la Ley General de Educación (LGE), en la cual, y a pesar de grandes esfuerzos, se mantiene ileso el rol del Estado subsidiario, piedra angular de la gran ofensiva neoliberal (Oliva, 2012 en Moreno-Doña y Gamboa, 2014).

Bajo esta misma línea, el año 2014 en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, se impulsa una serie de Reformas Educacionales, dentro de las cuales destaca la Ley de Inclusión Escolar N°20.845, la cual tiene por fundamento la disminución de la desigualdad teniendo como base la educación de niños, niñas y jóvenes chilenos. Esta ley aborda 3 ejes principales: la transformación de la educación subvencionada en pública; la eliminación del lucro en los establecimientos; y la finalización de la selección arbitraria de estudiantes (MINEDUC, 2017).

Es así que a través de esta normativa comienza a existir un cambio de paradigma en cuanto a la educación en Chile, puesto que durante más de 20 años fue visto como bien de consumo, ahora comenzó a configurarse como un derecho humano para todos los chilenos y chilenas, sin condiciones.

Sin embargo, en el actual segundo gobierno de Sebastián Piñera se intentó volver a la lógica neoliberal que regía anteriormente por medio de dos proyectos que comparten una gran relevancia. Por una parte, se encuentra la ley “Aula Segura”, la cual devuelve a directores y sostenedores el poder de expulsar a un/a estudiante que se vea involucrado en hechos de “violencia”; Por otro lado, se encuentra la modificación a la Ley de Inclusión a través del proyecto Admisión Justa, el cual tiene el propósito de volver a la selección de estudiantes por desempeño académico (MINEDUC, 2019).

De esta forma es como el interés principal de este escrito recae en dar cuenta de las distintas posiciones políticas que se entrecruzan en este mismo proceso reformativo y cómo el cambio de paradigma, en cuanto a lo que se entiende por educación, afectan a la escuela y su comunidad. A su vez, el objetivo es analizar la política pública en torno al concepto de Inclusión, teniendo en cuenta el cuestionamiento de cuánto se ha avanzado en cuanto a políticas públicas educativas inclusivas en los últimos 20 años. De esta forma, a través de una revisión bibliográfica se pretende dar cuenta de algunos cambios, tanto a nivel macro como micro, de normativas aplicadas en periodo post dictadura hasta la actualidad. Y sumado a esto, las implicancias prácticas y concretas que afectan la visión de la escuela, el currículum y la convivencia escolar.

Educación en crisis

Desde el año 1973 en adelante es que comienzan las grandes reformas a la educación, teniendo como uno de sus puntos de partida la desarticulación de la estructura educativa, así como también la represión y el control de toda la comunidad. Posterior a este periodo más álgido, en la década de los 80-90 se descentraliza y privatiza el sistema educativo, pasando el Ministerio de Educación a estar subordinado en primer lugar por el Ministerio del Interior, y posteriormente por el Ministerio de Hacienda (Castro-Paredes, 2012 en Moreno-Doña y Gamboa, 2014).

De esta forma, el Estado pasa a tomar el papel de un ente meramente normativo y supervisor, fomentando las iniciativas de las organizaciones privadas para que intervengan progresivamente en la gestión educacional, bajo la orientación y apoyo de los organismos técnicos del Ministerio de Educación (Ministerio de Educación, 1975-1976 en Moreno-Doña y Gamboa, 2014).

En este sentido, un hito importante es la descentralización educativa a través de la municipalización, donde el Estado traspasa la responsabilidad administrativa a municipios y a sostenedores particulares, y a su vez, el Ministerio de Educación tiene como única responsabilidad velar por temas curriculares y cumplimiento de asistencia de los/as estudiantes (Oliva, 2010 en Moreno-Doña y Gamboa, 2014).

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